Tiempo de tirar piedras y tiempo de recogerlas

Las piedras pueden servir para construir y para luchar, según se sirvan de ellas arquitectos u honderos y, desdichadamente, parece que en España ha llegado el 'tiempo de tirar piedras' con el riesgo de común descalabro. Al menos eso hace temer la general utilización, en el lenguaje político, del improperio, la recíproca descalificación, la exigencia, el ultimátum y el rechazo. En ocasiones, y el más reciente planteamiento del conflicto vasco es un ejemplo de ello, tan peligrosa retórica se basa en una confusión de los términos y de los problemas que con ellos se expresan y, por ello, no creo inútil esforzarse en contribuir a aclararlos. Distinguir para comprender.

Distinguir primero, como en su día se hizo y después parece haberse olvidado, entre, de una parte, el fenómeno terrorista, nunca justificable, a combatir por todos los medios eficaces y legales, incluidos los políticos, como, dicho sea de paso, el presidente Aznar propugna ante diferentes movimientos subversivos, desde Iberoamérica hasta Oriente Medio, y, de otra, el problema político a resolver. El primero, un fenómeno que no importa vengar, sino que urge erradicar, porque la mayor y mejor solidaridad con las víctimas del crimen es evitar que haya más. El segundo, un problema consistente en el inacomodo del pueblo vasco con su situación actual. Inacomodo avalado, desde el referéndum constitucional de 1978 y por cada una de las subsiguientes elecciones autonómicas, hasta las muy recientes del 2001, planteadas y perdidas, precisamente por la opción antinacionalista, en términos plebiscitarios. Negarse, no ya a solucionar, sino a reconocer la existencia de tal problema, identificándolo con el terrorismo y sus aledaños, es embestir -malsana utilización de la cabeza- contra la realidad, camino que, según demuestra la experiencia propia y comparada, no conduce a parte alguna, salvo, a la larga, a la solución que se dice no querer.

En el ya vetusto Pacto de Ajuriaenea se estuvo de acuerdo en abordar ambas cuestiones separadamente y en avanzar en la solución del problema político si la violencia cesaba. Pero cuando hubo ocasión de hacerlo o, al menos de iniciarlo, se descalificó desde el primer momeno y se desaprovechó, después, la ocasión.

Cifrar la solución del problema que pasa por el reconocimiento de una identidad política plena con el derecho de autodeterminación en términos de derecho internacional es en, mi opinión, un grave error, no ciertamente el único, del nacionalismo. Pero no lo es menor el haber negado y negar cualquier alternativa diferente a la reafirmación del insatisfactorio statu quo, incluido el análisis de lo que la autodeterminación puede significar e identificarla, sin más, con la independencia, para rechazar ésta, en virtud de un argumento puramente voluntarista, el único, por definición, insuficiente en términos democráticos cuando se está en minoría.

Y se riza el rizo de la confusión cuando, por unos y otros, se mezcla el citado derecho de autodeterminación con el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de 1979. Porque una cosa es que se interprete dicho derecho como implícito en la Adicional única de dicho Estatuto, cuestión a decidir políticamente, como tales cuestiones pueden ser eficazmente decididas, esto es, consensuada, y construida jurídicamente después y, otra diferente, el cumplir con el tenor expreso de dicho Estatuto. Si en el mismo se establece que determinadas competencias deben corresponder al País Vasco, es escandaloso que, veintitrés años después de promulgarse el Estatuto, dichas competencias sigan sin ser debidamente transferidas. Da igual que sean siete las pendientes o treinta y siete. Las transferencias estatutariamente previstas no pueden ser objeto de negociación política según convenga en Madrid. Y la primera prueba de la lealtad al Estatuto que tanto se reclama, sería la de su exacto e inmediato cumplimiento.

Ahora bien, nueva confusión, pasar de la muy legítima exigencia de la transferencia a anunciar su asunción unilateral, parece un brindis al sol, útil tan sólo para avanzar en la retórica de la pedrada, porque ni los medios técnicos ni, menos aún, los financieros, necesarios para el ejercicio de las competencias en cuestión, están al alcance de la decisión unilateral del Gobierno Vasco. Tan desafortunada declaración hubiera pasado desapercibida si desde Madrid no se le hubiere aportado una buena dosis de dramatismo, pero se ha preferido enfatizar la 'firmeza' ante las pretensiones vascas en lugar de diferenciar entre lo que es estricto cumplimiento del Estatuto, en el que el Gobierno estatal debiera ser el primer interesado, y lo que supondría la siempre discutible y, por lo tanto no rechazable, sino negociable, superación del actual Estatuto.

Estos últimos extremos, cuya futilidad el tiempo se encargar de demostrar, son, sin embargo, muy reveladores del tácito y, supongo que inconsciente, acuerdo en pro del enfrentamiento y ello en dos dimensiones, en la de los conceptos y en la de las actitudes.

Por un lado, toda conciencia nacional vasca no es nacionalismo -y así lo demuestran importantes sectores del PSE y IU y, como el tiempo demostrara, incluso del PP- ni todo nacionalismo es independentismo. Pero los nacionalismos sin Estado, todos, el escocés no menos que el vasco, tienen su indeclinable retórica soberanista que en éste, no más que en otros, se adoba con la inoportunidad y truculencia de alguno de sus dirigentes. Pero no es menos inoportuno y en ocasiones truculento confundir la reivindicación de la gestión de la seguridad social, de la que tanta punta pudieran sacar negociadores estatales hábiles, con el independentismo y la de todo independentismo, incluido el pacífico y democrático, con el terrorismo. Y es esta reivindicación la que voces autorizadas del Gobierno, y numerosos políticos y analistas vienen haciendo cuando meten en el mismo saco terrorismo y nacionalismo porque, con independencia de los medios utilizados, la violencia en un caso, la democracia en otro ¡nada menos!, se dice que buscan un fin idéntico. Con ello se radicaliza el conflicto, se potencia la opción nacionalista extrema y se ahonda más y más la crispación en

el seno del pueblo vasco y la separación de éste con el resto de España. ¿Es ésta la mejor vía de servir la integración española? ¿O más bien es hacer el caldo gordo a quienes quieren 'desenchufar' (sic) a Euskadi del resto de España?

Por otro lado, el unilateralismo, el del ultimátum tanto como el del rechazo, muestran el común desconocimiento de que el problema vasco sólo puede obtener solución en un 'arreglo' negociado. El Estatuto lo fue y sobre su condición de pacto político se ha pronunciado reiteradamente el lehendakari Ibarretxe. Pero un pacto no puede ser interpretado ni aplicado ni menos modificado unilateralmente por una sola de las partes, sino siempre renegociado. Ni una sola de las partes puede negarse permanentemente a su renegociación cuando así lo requiere la propia finalidad integradora del pacto.

La utilización de cada concepto en su sentito más hiriente, la permanente descalificación del otro, la negativa a reconocer las cosas tal como son y no como se querría que fueran -primer e ineludible paso para poder dominarlas- lleva a una retórica, primero, a una política, después, de tirar piedras. Y a la vista de cuáles son las relaciones entre los partidos políticos, las del Gobierno con importantes fuerzas sociales e institucionales y las del Estado con varios de nuestros vecinos, parece que el problema vasco no es el único caso, aunque sí el más acuciante, en el cual las pedradas son el modo de expresión preferido. Los honderos han sustituido a los arquitectos.

Pero si hay un tiempo malo de 'tirar piedras', hay que salvar, a toda costa, la posibilidad no sólo de esperar, sino de gestionar el tiempo de recogerlas... para construir una casa común. No dar pasos irreversibles por la vía del desencuentro.

Miguel Herrero de Miñón es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.