La era de la responsabilidad
La credibilidad del sistema económico estadounidense está en entredicho. Los escándalos empresariales hasta ahora conocidos ofrecen la más amplia variedad de irregularidades, al tiempo que implican en las mismas a todos los actores relevantes en una moderna economía de mercado: ejecutivos, administradores, auditores, consultores, banqueros y supervisores.
El denominador común más importante de esos episodios, aunque no el único, es la merma de la confianza en la información empresarial, pilar esencial para el normal funcionamiento de los mercados de capitales y para la extensión de su base de inversores. La facilidad para violar de la manera más burda las normas contables con la complicidad de los auditores externos en compañías de primera fila justifica ese temor y desconfianza que parecen haberse apoderado de los inversores de todo el mundo.
Creer que el deterioro de las prácticas contables e informativas de las empresas es un problema específico de Estados Unidos es tan erróneo como asumir su generalización a todo el censo empresarial. Ni los estándares contables son manifiestamente más laxos en EE UU, ni las compañías de auditoría son más estrictas fuera de aquel país. El hecho de que allí se hayan detectado esas irregularidades, además de explicarse por la magnitud de la pronunciada crisis bursátil, ha de hacerse por el más amplio escrutinio al que están sometidas las compañías que cotizan en los mercados. En Europa no estamos a salvo de episodios que, salvando las distancias cuantitativas de los quebrantos, pueden tener una idéntica naturaleza.
Es por eso por lo que, lejos de cualquier complacencia sobre las prácticas e instituciones españolas (cuyo funcionamiento ya ha revelado anomalías relevantes), las autoridades económicas y los supervisores de nuestros mercados, de forma muy particular la CNMV, deben proceder a una seria revisión del grado de suficiencia y adecuación de las normas y regulaciones vigentes; en particular, del rigor con que se elaboran y supervisan los estados financieros, de las exigencias que han de orientar la función de auditoría externa -de su coexistencia con otros servicios de las mismas compañías y de su obligada rotación-, de la clarificación del papel y responsabilidad de los bancos de inversión y de sus analistas, de la composición de los consejos de administración, de sus procesos de toma de decisiones y del papel asignado a la representación de los inversores particulares.
Todos ellos son aspectos que, en EE UU, son hoy objeto de seria revisión por los distintos comités creados al afecto en el Congreso o directamente por la propia SEC (Securities and Exchange Commission), con la esperanzadora pretensión de abrir una nueva época en la actividad empresarial, 'la era de la responsabilidad', que restaure la confianza en aquel sistema. Deseable sería no esperar a la difusión de algún escándalo local para capitalizar la valiosa experiencia que ahora ofrece EE UU. La tramitación de la Ley Financiera es una de las oportunidades, aunque no la única.
