300 científicos piden al Gobierno la supresión de los tóxicos persistentes

Más de 300 científicos y profesionales del ámbito de la salud, medio ambiente y prevención de riesgos laborales han firmado una declaración en la que reclaman al Gobierno medidas urgentes para eliminar los denominados contaminantes orgánicos tóxicos persistentes (COPT), originados en los procesos de producción industrial o agrícola y peligrosos para la salud.

El documento, apoyado por Greenpeace y CC OO, denuncia el 'lamentable vacío de información' existente en España sobre esos compuestos. 'A pesar de que ya se ha demostrado que esas sustancias provocan cáncer, alteración endocrina o deterioro de la calidad del esperma del hombre, no se ha realizado ningún estudio para conocer las concentraciones de estas sustancias en ninguna muestra de población española', afirma Miquel Porta, del Instituto Municipal de Investigaciones Médicas de Barcelona y uno de los primeros firmantes de la declaración.

Los escasos estudios disponibles señalan que entre el 80% y el 100% de la población española presenta en sus tejidos concentraciones detectables de contaminantes tóxicos persistentes, entre ellos las dioxinas y furanos -originados en los procesos de incineración de residuos-, el herbicida lindano, el fungicida hexaclorobenceno -también utilizado en la fabricación de plásticos-, el policlorobifenilo (PCB) - muy usado en transformadores eléctricos- o el plaguicida DDE, derivado del DDT.

Estas sustancias se encuentran en el aire, el agua y los alimentos, especialmente en los que contienen grasas animales. En los humanos se acumula en las células adiposas. 'Las mujeres, con una media de entre un 15% y un 25% más de células grasas que los hombres, son especialmente vulnerables a los efectos de esas sustancias', explica Carme Valls, endocrinóloga y diputada del PSC-Ciutadans pel Canvi en el Parlamento catalán.

A través de una página web (www.istas.net/decops.htm) los científicos facilitan información sobre el origen y las fuentes de emisión de estas sustancias. España ha de ratificar el Convenio de Estocolmo, por el que los países firmantes se comprometen a eliminar los 12 compuestos persistentes más tóxicos. 'El Gobierno, sin embargo, no ha presentado el preceptivo plan de ejecución del convenio ni ha inventariado las fuentes de emisión de esas sustancias', lamenta Porta.