Bush vetará la misión de la ONU en Bosnia si no logra inmunidad para sus tropas

Estados Unidos vetará la misión de la ONU en Bosnia si antes no logra que sus cascos azules en la zona queden fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal encargado de juzgar crímenes contra la humanidad. La firme decisión del Gobierno de George W. Bush provocó una crisis en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ayer no parecía tener visos de solución. Washington reafirma así su contundente oposición a la autoridad de la Corte Penal Internacional unos días antes de su entrada en vigor, el próximo lunes.

EE UU pidió ayer al Consejo de Seguridad total inmunidad para sus tropas frente a cualquier denuncia que pudiera ser interpuesta ante la Corte, durante y después de su presencia en Bosnia. Washington estima que, puesto que no ha ratificado ni piensa ratificar el CPI, no está sujeta a su legislación. 'El veto es una opción si no obtenemos una inmunidad', declaró el representante estadounidense ante la ONU, John Negroponte.

El resto de los 15 miembros del Consejo, salvo México que mantuvo una postura neutral, se opuso en bloque a la propuesta estadounidense. Cuando Washington mandó los primeros avisos de tormenta la semana pasada, muchos en el órgano decisorio de Naciones Unidas se mostraron preocupados pero no excesivamente inquietos. Las cosas, pensaban, podrían arreglarse. El ambiente era muy distinto ayer. 'Todo está bloqueado, la situación es Estados Unidos contra el mundo', resumió un diplomático europeo.

La misión de la ONU en Bosnia (UNMIBH) es una fueza de policía compuesta por 3.300 agentes, 46 de ellos estadounidenses. Las tropas internacionales destacadas en Bosnia dentro la SFOR, que cuentan con 19.000 soldados, no se verían afectadas por el veto puesto que, aunque fueron autorizadas por la ONU, actualmente están bajo control de la OTAN. Los estadounidenses sólo representan el 1,5% del total de los cascos azules (704 de más de 45.000).

La CPI es un tribunal que ha sido ratificado por más de 70 países (incluida toda la Unión Europea) y podrá juzgar a los autores de crímenes contra la humanidad, de genocio y de guerra. Sólo actuará en caso que los países no puedan llevar a cabo el juicio pertinente y sólo se aplicará a los crímenes cometidos a partir de su entrada en vigor, el próximo lunes.

La crisis estallará, aseguraron varias fuentes, a menos que se llegue a un improbable acuerdo de último minuto antes de que termine el mandato de la UNMIBH, el domingo por la noche. Algunos países del Consejo de Seguridad han pedido a los asesores técnicos de las operaciones de paz que evalúen las consecuencias de la retirada de los cascos azules en la zona.

Francia presentó ayer una propuesta alternativa, respaldada por el resto del Consejo, que, recurriendo al artículo 16 del Estatuto de Roma, aplaza durante un año las investigaciones y el procesamiento de los miembros de una misión de paz cuyo país de origen no sea parte del tribunal. Pero Estados Unidos parecía mantenerse firme en su propuesta. Las negociaciones durarán todo el fin de semana.

Muchos resaltaron ayer que la postura estadounidense es exagerada. La CPI tardará todavía un año en constituirse y su misión no es la de perseguir a cascos azules. 'Si EE UU introduce una excepción a la regla podrá ser utilizada por los países que realmente quieran violar la legislación internacional', afirmó un diplomático europeo.

'Es una postura esencialmente ideológica contra la Corte. Sospechamos además que Washington ya tenía previsto retirarse de los Balcanes y que ha aprovechado la ocasión para responsabilizar al Consejo. No hay que olvidar tampoco que estamos en año electoral y que el Gobierno republicano quiere satisfacer a su electorado más radical', añadió. 'Washington no quiere que se le impongan las decisiones de la CPI pero además pide que lo ratifique el Consejo de Seguridad. Es algo que no podemos hacer puesto que los Estados tienen sus propias obligaciones legales', comentó otra fuente diplomática.

Estados Unidos ratificó el estatuto de la corte a finales de 2000, bajo el Gobierno de Bill Clinton, pero su sucesor, George W. Bush, ha retirado su firma. El Congreso está debatiendo propuestas que exhoneren a los estadounidenses de cualquier actuación de la Corte Penal Internacional.