Acebes se compromete a mejorar la ley de juicios rápidos en el Senado

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, y el Partido Popular a través de su portavoz de Justicia, Andrés Ollero, se comprometieron ayer a mantener en el Senado el mismo 'sistema de negociación y acuerdo' que ayer culminó con la aprobación en el Congreso de los juicios rápidos. Ya con el debate en marcha, el ministro Acebes y el diputado socialista Juan Fernando López Aguilar pactaron que el PSOE respaldaría el texto, a condición de que en el Senado se refuercen las garantías de estos juicios.

Todos los grupos de la oposición, con diferente intensidad, reclamaron ayer al PP que permita incorporar mejoras en el Senado a la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que pondrá en marcha los juicios inmediatos, es decir, los que se fallarán en menos de 15 días. Todos reclamaron que la reforma esté acompañada de dinero y el Gobierno se comprometió a consensuar, dentro del Pacto por la Justicia, 'un plan de implantación de estos juicios rápidos para que existan todas las dotaciones necesarias'. El ministro de Justicia anunció ayer la creación de medio centenar de juzgados de lo penal, 'muchos de ellos de guardia' para esta reforma.

Junto a la reclamación de fondos, el PSOE - a través de sus diputados Javier Barrero y Julio Villarrubia- condicionó su respaldo a la ley a dos cuestiones: que el juez instructor no sea el mismo que el que sentencie, para garantizar la tutela judicial efectiva, y que se evite la posibilidad de que el delito quede impune porque el fiscal no se dé suficiente prisa en redactar el escrito de acusación.

La ley, en la redacción que ayer el Congreso remitió al Senado, exige al fiscal que formule la acusación en 48 horas. El problema es que si no lo hace el delito se sobresee, y eso conlleva, según el PSOE, 'un riesgo de impunidad para un sinfín de delitos'. Acebes se comprometió a buscar una solución, pero con el objetivo que se mantenga el plazo máximo de 15 días para dictar sentencia en una serie de delitos castigados con penas inferiores a cinco años, y entre los que destacan los pequeños robos, los hurtos y la violencia de género.

La diputada del PNV Margarita Uría reclamó al Gobierno -y obtuvo también el compromiso de que se aceptará- que en el Senado se sustituya el actual listado de delitos que se enjuiciarán en 15 días por la decisión de aplicar el nuevo sistema a los delitos flagrantes y en los que se logre la confesión. Tras ese compromiso, retiró sus enmiendas y votó a favor de la reforma.

Sólo el PSOE e IU pusieron pegas jurídicas a la coincidencia entre el juez instructor y el sentenciador. Los grupos de izquierda destacaron que 'la rapidez no puede ir en detrimento de las garantías', pero tanto el PP como CiU y el PNV replicaron que esa coincidencia sólo se da en los juicios de conformidad, es decir, en aquellos en los que el detenido confiesa el delito, o la falta, y acepta una solución pactada. En esos juicios de conformidad, además, la pena máxima es de tres años, y quedará reducida en un tercio por ser el acusado conforme.

Con estos compromisos de mejora en el Senado, la reforma fue aprobada ayer con el único voto en contra de un diputado que erró y la abstención de IU y del Grupo Mixto.