La izquierda critica la ley de juicios rápidos por dura e inaplicable

La ley de juicios rápidos, enmarcada en el Pacto por la Justicia que suscribieron todos los partidos, está provocando las críticas y múltiples enmiendas del PSOE e Izquierda Unida. Ambos creen, como la Unión Progresista de Fiscales, que la ley es inaplicable, en algunos aspectos agrede garantías básicas y en casos extremos podría provocar 'la impunidad de delitos de delincuentes de cuello blanco'.

Todos los partidos firmaron este proyecto, aunque ahora la oposición dice que el Gobierno les obligó, en 24 horas, a firmar una norma que apenas les dio tiempo a leer. Además, entre los dos principales partidos de la oposición se está extendiendo la idea de que esta nueva norma, anunciada a bombo y platillo por el Gobierno, se va a quedar en nada porque el Ejecutivo no tiene intenciones de poner el presupuesto necesario para llevar a cabo una reforma tan ambiciosa. Pero es que además ven muchos defectos muy peligrosos en el texto.

Uno de ellos, que coincide en criticar también la Asociación Progresista de Fiscales, es el que determina el artículo 781, que se refiere no a los juicios rápidos, sino al procedimiento abreviado. Se dice en él que el fiscal deberá presentar un escrito de acusación en un plazo máximo de diez días. Si no lo hace, el juez requerirá al superior del fiscal para que éste, en el plazo de otros diez días. Si tampoco se produce, 'se entenderá que no pide la apertura de juicio oral y que considera procedente el sobreseimiento libre'.

Según los socialistas, esta formulación, con la que se pretende agilizar los juicios, puede servir para que los acusados de delitos complejos, especialmente los económicos, eludan la acción de la Justicia. Eso se debe a que los escritos de acusación de estos delitos, en ocasiones de varios cientos de páginas, no se pueden elaborar en pocos días. El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Javier Barrero, aseguró ayer a Europa Press que, si no se retira ese artículo, se sospechará que 'quiere la impunidad de muchos delincuentes de cuello blanco, como los casos Gescartera o BBVA'. Barrero cree que, con la plantilla actual de fiscales y ayudantes, es completamente imposible cumplir con éste y otros puntos de la reforma. Además critica la pérdida de papel de la fiscalía.

En IU, su portavoz de Justicia, Juan Carlos Rejón, tiene la misma visión sobre la ley. 'Parece más bien una operación de propaganda', comenta. IU exige además modificaciones para aumentar las garantías de los acusados. 'No hay que olvidar que estamos hablando de la posibilidad extrema de mandar a la cárcel a alguien para nueve años en un proceso de 48 horas'. De hecho, para los juicios rápidos, el máximo que se permite es de 15 días. Por eso la izquierda confía en convencer al PP para reducir la aplicación de estos juicios a la pena máxima de cinco años.

IU recuerda además que en realidad no es necesaria una ley para los juicios rápidos, ya que en Cataluña, sin cambiar la norma, se aplican con éxito desde 1992 y han funcionado porque allí sí han puesto recursos para ello.