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Justicia proyecta 'juicios inmediatos', en menos de 72 horas, para delitos de hasta 3 años de cárcel

CiU prevé que su proposición, aceptada por todos los grupos, se aplique a la violencia doméstica

El Gobierno estudiará implantar 'juicios inmediatos', a celebrar en menos de 72 horas desde la detención, para delitos y faltas flagrantes y quizá para los relacionados con la violencia doméstica, informó ayer el ministro de Justicia, Ángel Acebes, tras reunirse con la comisión de seguimiento del Pacto por la Justicia. La iniciativa la ha tomado el grupo parlamentario de CiU, que ha presentado una proposición de ley orgánica que prevé aplicar este tipo de juicios a los delitos competencia del juez de lo penal, y que, según el portavoz de CiU, Manel Silva, tengan una pena inferior a tres años de prisión.

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, convocó ayer la comisión de seguimiento del Pacto de Estado por la Justicia, que, entre otras materias, estudió una propuesta de ley orgánica elaborada por CiU que prevé 'juicios inmediatos', en menos de tres días, para delitos y faltas flagrantes. Concretamente, la propuesta del grupo catalán prevé el enjuiciamiento de los 'delitos dolosos flagrantes perseguibles de oficio competencia del juez de lo penal, así como de las faltas flagrantes competencia tanto del juez de instrucción como del juez de lo penal'.

Acebes señaló que estos juicios inmediatos se aplicarán a delitos reiterados de robos y hurtos y se estudiará incluir los relacionados con la violencia doméstica, pero indicó que la propuesta del máximo de años de pena a imponer aún está por realizar.

Sin embargo, el portavoz de CiU, Manel Silva, expresó la satisfacción de su grupo por la acogida a su proposición y dijo que se aplicará a 'delitos flagrantes y también a otros grupos de delitos que tengan una pena inferior a 3 años, y también a los de violencia doméstica'.

Según Silva, la celebración de juicios en 72 horas, que es el plazo máximo de detención preventiva, evitaría que el juez tuviese que enviar a prisión provisional a personas que luego serán condenadas a penas leves, o tener que dejar en libertad a otras que no tienen domicilio fijo y sobre las que todo apunta a que tratarán de sustraerse a la acción de la justicia. El portavoz de CiU destacó que la propuesta de ley puede estar en vigor 'al inicio de la temporada turística'.

El ministro de Justicia dijo que la comisión de seguimiento del Pacto, a la que asistieron representantes de todos los grupos parlamentarios, acordó por unanimidad trasladar la propuesta a la comisión que elabora la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La proposición de ley orgánica elaborada por el grupo catalán prevé que todos los días y horas sean hábiles para la celebración de estos 'juicios inmediatos'. En cuanto aparezca un hecho que pueda revestir los caracteres de delito o falta flagrantes, la Policía Judicial citará a su autor para que comparezca 'inmediatamente' ante el juez de instrucción, procediendo a su detención en los supuestos legales. El fiscal recibirá declaración sumaria a la víctima y los testigos, y el juez de instrucción tomará declaración al imputado, pudiendo acordar su detención o libertad provisional, con o sin fianza, hasta la celebración del juicio.

Si el fiscal decide formular acusación, el juez de instrucción citará a las partes el mismo día y dará traslado del escrito de acusación al abogado del imputado para que éste formule escrito de defensa. Tras la comparecencia, el juez de instrucción decidirá si dicta auto de inculpación y pone al detenido a disposición del juez de lo penal. El juicio se celebrará ante el juez de lo penal, que dictará el fallo en el mismo acto, sin perjuicio de fundamentar por escrito su sentencia.

Acebes informó también de la creación de otra comisión que acometerá las reformas de competencias en determinadas materias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, 'que superen las divergencias entre ambos tribunales'. La comisión estará presidida por el subsecretario de Justicia, Ignacio Astarloa, y estará integrada por dos magistrados de cada uno de dichos tribunales.

Otro de los acuerdos adoptados por la comisión de seguimiento fue la creación de un grupo que elaborará la Carta de los Derechos de los Ciudadanos en su relación con la Justicia.

Acebes indicó también que trasladará al Consejo General del Poder Judicial la necesidad de elaborar un 'plan de transparencia' para conocer la situación de los asuntos que se tramitan y resuelven en cada uno de los juzgados y tribunales. El plan se desarrollará con periodicidad trimestral, y las dos primeras oleadas, en marzo y junio, permitirán dibujar 'un mapa riguroso de la situación exacta en cada uno de nuestros tribunales'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de noviembre de 2001