Partidos políticos y sindicatos piden 'juicios rápidos' para todos, no sólo para extranjeros

Juan Fernando López Aguilar, secretario de Libertades Públicas del PSOE, abrió el fuego contra la medida anunciada el martes por el vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, de celebrar juicios rápidos a los extranjeros que delincan. López Aguilar tildó la propuesta del Gobierno de 'medida selectiva' y 'discriminatoria según el color de la piel' y criticó que se haya presentado 'como una idea novedosa del Ejecutivo y a cubierto del Pacto de la Justicia' cuando, afirmó, 'el juicio rápido es una modalidad judicial en vigor desde 1992'.

'La Ley 30 / 92 introdujo esta figura jurídica, que permite una tramitación de los juicios muy abreviada', afirmó López Aguilar. Sin embargo, recalcó que 'su aplicación es de carácter general, aunque la falta de medios he hecho que sea escasamente utilizada'. 'Con el Pacto por la Justicia se quiere incentivar esta práctica para combatir la lentitud de la Justicia pero, desde luego, nunca con carácter selectivo y discriminatorio', advirtió. Además, destacó que, si ahora esta medida no es aplicable por la falta de medios, 'un tribunal tendrá los mismos problemas juzgando a un inmigrante o no'.

Según López Aguilar, la aplicación de estos juicios rápidos no puede centrarse en aspectos como en la nacionalidad, sino en otros más objetivos y que son los establecidos por la ley: 'Se aplica en casos en el que el delincuente haya sido aprehendido de manera evidente en el acto del delito, cuya libertad produzca alarma social, que esté detenido y, por tanto, pueda pasar a disposición judicial y que el delito no esté penado con más de cinco años de cárcel'. Este último requisito excluiría, explicó, al ciudadano moldavo que cometió el crimen de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Por tanto, explicó López Aguilar, desde hace diez años 'el fiscal puede solicitar un procedimiento abreviado y que en 15 días el detenido sea juzgado ', en casos en los que 'la dilucidación es muy evidente y no necesitan instrucción de sumario'. Lo que debe procurarse, afirmó, es que sean aplicados de forma general. 'No es concebible desde el punto de vista constitucional que los juicios rápidos vayan a ser aplicados selectivamente contra los extranjeros', recalcó.

A esta crítica se sumó el Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuyo secretario general, José Manuel Sánchez, afirmó que 'todo lo que sea hacer más rápida la Justicia es una buena medida' y que el sindicato aboga por los juicios rápidos 'no sólo para los delincuentes extranjeros, que cometen un 20% de los delitos, sino para todos los delitos que se cometan, porque el 77% los cometen ciudadanos españoles y algunos de ellos llevan más de 100 detenciones'.

Desde IU, Gaspar Llamazares, coordinador general, manifestó no estar de acuerdo con 'un mecanismo jurídico de dudosa constitucionalidad y de dudoso talante democrático, con el objetivo de la eficacia, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso ni se garantiza la democracia ni la eficacia'.

Los sindicatos se unieron también a estas críticas, alegando que los juicios rápidos deben aplicarse por igual a todos los delincuentes. La responsable de Inmigración de CC.OO, Paloma López, tachó de incoherente la política del Gobierno ya que, señaló, permite expulsar a indocumentados que no han cometido ningún delito y, por el contrario, no puede hacer lo mismo con los delincuentes.

Desde UGT se criticó además que estas manifestaciones 'contribuyen a crear una imagen de la inmigración muy negativa, mezclando los términos de inmigración y delincuencia', explicó Ana María del Corral. Esta misma crítica fue hecha por Miguel Carmona, portavoz de Jueces para la Democracia: 'Este tipo de declaraciones alimentan actitudes xenófobas y quienes tienen responsabilidades políticas deberían tener un especial cuidado'.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, dijo que agilizar los trámites judiciales es una 'reivindicación muy vieja', por lo que consideró 'los juicios rápidos como una buena medida' para todos los delitos menores, no sólo para los que cometen los inmigrantes.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la asociación Francisco de Vitoria también valoraron la propuesta de Rajoy. José Luis Requero, portavoz de la APM, la calificó de 'muy positiva' porque evitaría que la vía judicial sea 'un burladero' para evitar la expulsión de una personas. José Luis González Armengol, de FV, consideró 'más rentable' sustituir la pena por la expulsión.