Los grupos parlamentarios crean la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia

Todos los grupos parlamentarios han presentado hoy en el registro del Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que se crea la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, cuyo objetivo es que el ciudadano tenga acceso a una justicia transparente y a una atención adecuada.

La Carta ha sido consensuada por todos los grupos de la Cámara en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reforma de la Justicia, presidida por el ministro Angel Acebes, quien, en conferencia de prensa, ha recordado que el objetivo de ese pacto es conseguir una Justicia "ágil, rápida y eficaz" pensando en su destinatario: el ciudadano.

Así, la Carta, que cuenta con 41 puntos y recoge las aportaciones de todas las instituciones y entidades relacionadas con la Justicia, hace especial hincapié en los derechos de los ciudadanos más desprotegidos, como las víctimas de la violencia doméstica, los discapacitados, los menores de edad o los inmigrantes.

Además, pretende que el ciudadano sepa en todo momento en qué situación se encuentra su proceso judicial y que las notificaciones y sentencias sean comprensibles y entendibles, redactadas con un lenguaje claro y sencillo en cualquiera de las lenguas oficiales.

Los representantes de los grupos políticos instaron a los ciudadanos a hacer uso de esta Carta y, de esta manera, les invitaron a formular las quejas o reclamaciones que estimen convenientes ante cualquier funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

La respuesta a su queja deberá ser lo más rápida posible y, en todo caso, no exceder el plazo de un mes.

Presupuestos previos

Los ciudadanos podrán exigir a los abogados un presupuesto previo para conocer cuánto les va a costar el proceso judicial en el que se ven inmersos, así como tener acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado.

Con esta Carta se pretende también mejorar la atención a las víctimas de delitos, especialmente a las que sufren la violencia doméstica -a las que se les facilitarán todos los medios técnicos para su protección, como instrumentos de localización y teleasistencia-, a los menores de edad y a los discapacitados.

De esta forma, se adoptarán las medidas necesarias para que la víctima no coincida con su agresor cuando ambos se encuentren en dependencias judiciales y podrá ser protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales.

En cuanto al menor, podrán utilizarse circuitos cerrados de televisión, videoconferencia u otros medios similares cuando tenga que comparecer en un órgano judicial y se intentará que sus comparecencias sean las mínimo posibles.

Para facilitar los derechos de los discapacitados, los edificios judiciales y los medios técnicos deberán estar adaptados a sus minusvalías.

Servicio igualitario

La Carta insiste en el derecho a un servicio igualitario, sin discriminación por razón de raza, lengua, religión o creencias, y garantiza a los extranjeros el uso de intérprete cuando éstos no conozcan las lenguas oficiales del Estado.

Será la Comisión de Justicia e Interior del Congreso el órgano encargado de hacer un seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de la Carta.

Angel Acebes ha valorado los contenidos de la Carta y ha pedido el esfuerzo de todos para que sea una realidad con la cooperación de todos los implicados en la Administración de Justicia, a los que ha agradecido su colaboración para llevar a buen fin uno de los objetivos básicos del Pacto por la Justicia.

La Carta, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, ha sido suscrita por los portavoces de Justicia en el Congreso Andrés Ollero (PP), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Manuel Silva (CiU), Luis Carlos Rejón (IU), Margarita Uría (PNV), Luis Mardones (CC) y Begoña Lasagabaster (EA).

Todos ellos se han felicitado por el consenso alcanzado y pidieron a los ciudadanos que hagan uso de los derechos que defiende esta Carta.