Gobierno y oposición trabajan en secreto para evitar una grave crisis de la justicia

El pasado jueves, la comisión de seguimiento del Pacto por la Justicia se reunió en el Congreso de los Diputados bajo la amenaza de una ruptura de las conversaciones para alcanzar el citado acuerdo, con el que se pretende consensuar un paquete de reformas legislativas. Después de cuatro horas de discusión, los políticos ofrecieron públicamente una apariencia de que el Pacto salía reforzado y seguía vigente.

Eso sí, ni el PSOE ni los demás partidos de la oposición se privaron de advertir en público al Consejo General del Poder Judicial que no podía funcionar en el futuro ajeno a la legitimidad parlamentaria con que nació, fruto del citado pacto. Este Consejo fue refrendado hace cuatro meses con el 98% de los votos del Parlamento.

No hay acuerdo sobre los culpables del conflicto, pero sí sobre gravedad de la actual situación

Los socialistas reclaman públicamente un gesto del Consejo del Poder Judicial para zanjar la polémica

Pero esa unanimidad de origen se ha roto. El sector minoritario y progresista del Consejo del Poder Judicial y la oposición política culpan a la mayoría conservadora del Poder Judicial de echar por tierra el espíritu de consenso del pacto debido a la 'imposición sectaria' de los nombramientos para cubrir distintas vacantes en los máximos órganos judiciales. La espoleta final llegó cuando el sector mayoritario copó con magistrados conservadores cuatro puestos en el Tribunal Supremo.

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, conversó en privado sobre este asunto con el secretario del Área de Libertades Públicas de la Ejecutiva Federal del partido socialista, Juan Fernando López Aguilar. El secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, y el subsecretario de ese departamento, Ignacio Astarloa, han mantenido charlas reservadas sobre este problema con el propio López Aguilar y Javier Barrero, el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados.

Se han entendido las razones de ambas partes pero no se llegó a un punto común. Sobre todo, según el Gobierno, por las formas para salir de este atolladero que proponían los socialistas. Tampoco hay acuerdo sobre los culpables del conflicto, aunque sí sobre la gravedad de la actual situación.

Tanto para el Gobierno como para el Partido Socialista, un pacto tan importante como el de la Justicia no puede depender de un nombramiento más o menos afortunado o políticamente revanchista. El PSOE ha reclamado al Gobierno formar una delegación conjunta que transmitiese esa queja al Poder Judicial. El Ministerio de Justicia se ha negado y considera un error básico de concepción del Estado una entrevista de esa naturaleza entre representantes de poderes independientes.

El Gobierno no comparte ni respalda el deseo del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de entrevistarse con el presidente del Consejo, Francisco Hernando. El ministro se ha negado a esa demanda del PSOE, y rechaza mandar al Poder Judicial ninguna recomendación que pueda entenderse como injerencia o tutela por parte del Ejecutivo.

El Gobierno preferiría una salida más discreta, que consistiría en que los dos sectores judiciales que chocan en el Consejo se reunieran y solventasen sus diferencias para regenerar un clima de lealtad que les permitiera funcionar el resto de su mandato sin tantos enfrentamientos públicos. Sobre los nombramientos conservadores de ahora, se apunta que siempre habrá vacantes en el futuro para compensar al sector progresista.

El Gabinete de José María Aznar está 'preocupado' y alerta ante la crisis del Consejo, pero no culpa únicamente a la mayoría conservadora. Dirigentes gubernamentales apuntan que el sector progresista hace tiempo que amenazaba con broncas e incluso con usar su relación con el PSOE para poner al borde de la ruptura el pacto antes del último congreso del Partido Popular, celebrado a finales del pasado mes de enero. Y se señala que antes de copar los conservadores las cuatro vacantes del Tribunal Supremo, los vocales progresistas exigieron para la magistrada Margarita Robles, ex diputada del partido socialista y ex secretaria de Estado de Interior, una sala que trata asuntos relacionados con aforados y con terroristas.

Ayer, Juan Fernando López Aguilar volvió a terciar en la polémica desde Las Palmas de Gran Canaria, al reclamar al CGPJ mayor respeto a la pluralidad política de sus miembros y a las minorías que lo integran. 'Lo que no puede ser', sentenció el diputado canario, 'es que en el Poder Judicial se instaure desde el primer momento de su funcionamiento una mecánica del rodillo, de mayoría que no negocia, no dialoga y no permite ninguna participación' al resto de tendencias políticas. A su juicio, es 'absurdo' que mientras el Gobierno y la oposición negocian en el Congreso de los Diputados para alcanzar un consenso en el Pacto por la Justicia 'en el CGPJ se esté dando la imagen de sectarismo, división y confrontación que no se da en el Parlamento'.