El origen de la ruptura del consenso

El pleno del Consejo General del Poder Judicial, integrado por 21 miembros (20 vocales más el presidente), sólo puede funcionar cuando acuden a la sesión al menos 14 representantes del órgano de gobierno de los jueces.

El sector progresista, elegido a propuesta de PSOE (siete vocales) e Izquierda Unida (1), tiene votos suficientes para bloquear cualquier decisión del Poder Judicial indefinidamente. Ese instrumento de protesta fue esgrimido el pasado 23 de enero, miércoles, cuando el pleno del Consejo pretendía cubrir cuatro vacantes al Tribunal Supremo.

Las ternas elegidas con anterioridad por la comisión de nombramientos del Poder Judicial concedían todas las papeletas para alcanzar el puesto a los jueces propuestos por el sector mayoritario, que tan sólo representa al 60% del Consejo y ha sido elegido a propuesta de un partido político, el Partido Popular, que en las últimas elecciones generales logró el 44,5% de los votos.

Tras el primer amago de plante de los miembros del sector progresista, el pleno del Poder Judicial se inició con todos los vocales en sus puestos, y los conservadores coparon las plazas imponiendo su mayoría absoluta.

Aquí arrancó la crisis, que amagaba con aflorar desde que el nuevo Consejo General del Poder Judicial inició, hace ahora tres meses, su andadura con el respaldo casi unánime del Parlamento (98%). Los motivos de roce han sido, desde entonces, múltiples. Y la división absoluta en las votaciones ha sido constante hasta el último episodio, del miércoles pasado, cuando 12 vocales votaron a favor de la suspensión de los magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron a Carlos Ruiz Santamaría, Carlos El Negro, y nueve lo hicieron en contra.