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El sindicato de docentes de religión denuncia al Gobierno ante Bruselas para terminar con su inestabilidad laboral

Por segunda vez en este curso la inestabilidad laboral de los profesores de catolicismo en la escuela pública llega a la Comisión Europea, esta vez por una denuncia de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (Feper), que agrupa a 2000 docentes. Ayer la presentaron sus dirigentes en la sede de la CEE en Madrid. En diciembre pasado lo había hecho en Bruselas el sindicato Comisiones Obreras. En ambos casos se reclama a las autoridades comunitarias que obliguen a España a aplicar las directivas 1999/70 y 2000/78 sobre igualdad y estabilidad en el empleo, trabajo de duración determinada y no discriminación.

¿Los profesores de religión son trabajadores del Estado o son trabajadores de la Iglesia? ¿Puede un trabajador contratado y pagado por el Estado perder el empleo sin requisito alguno y por la voluntad unilateral de un obispo? La Feper cree que las respuestas son obvias, y que ya es hora de que intervenga la CEE para hacer cumplir en España lo que es un derecho comunitario evidente. Luis Guridi, presidente de este sindicato, sostiene, además, que decenas de sentencias judiciales están abriendo camino de forma imparable a una solución definitiva. Ayer calculó que al menos 100 profesores ya han conquistado su fijeza en el empleo por ese procedimiento.

Pero el recurso a los tribunales es caro, lento e injusto. Y no siempre es eficaz. La profesora Margarita Pérez Eguiagaray ganó en marzo pasado en un juzgado de Las Palmas su derecho a un empleo fijo e indefinido, pero cuando volvió a su puesto en el instituto Navarra de esa ciudad se encontró con que la Consejería de Educación, por mandato del obispado, lo había ocupado con otros dos docentes. La profesora está cobrando su salario, pero no tiene ocupación alguna cuando acude cada día a su puesto de trabajo.

Para erradicar situaciones como estas, de práctico acoso moral, la Feper reivindica que la CEE intervenga cuanto antes para que el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979 se ajuste al derecho de la UE y a la Constitución Española. En la escuela pública española hay unos 17.000 profesores de religión, que el curso pasado costaron en salarios a las diferentes administraciones casi 100.000 millones de pesetas (600 millones de euros). Estos docentes de religión son contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados cada curso por el obispo de cada diócesis. La jerarquía sostiene que ese es un derecho absoluto, pero numerosas sentencias, la última conocida ayer mismo, están fallando contra esa tesis, ordenando la readmisión del profesorado despedido y, a veces, el pago de elevadas indemnizaciones por daños morales. La Feper pide, además, que los contratos sean indefinidos porque ello contribuiría a mejorar la calidad de los trabajadores y su rendimiento. La asignatura de religión es de oferta obligada en los centros y, por tanto, dice Guridi, su actividad tiene 'vocación de permanencia'.

Por otra parte, ayer se conoció una nueva sentencia contra el Gobierno canario por despido ilegal de la profesora Araceli del Carmen Gómez Jaen. El magistrado Ángel Martín Suárez, del Juzgado de lo Social 5 de Las Palmas, además de declarar la 'nulidad radical' de las decisiones del Gobierno y del Obispado contra ella, ordena a ambas 'codemandadas el cese inmediato' de conductas contrarias a los derechos fundamentales de la injustamente represaliada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de junio de 2002