Blair quiere que ayuntamientos y ministerios puedan espiar los correos electrónicos

El Gobierno de Tony Blair quiere extender al núcleo de la Administración pública, incluidos ministerios, ayuntamientos y diversos servicios públicos, el derecho a rastrear el correo electrónico, las llamadas telefónicas y los lugares en que se ha utilizado el móvil, sin orden judicial. La propuesta, que ha indignado a los defensores de los derechos civiles, puede entrar en vigor en agosto próximo si recibe el apoyo de un comité técnico del Parlamento, que no la discutirá en el pleno de la Cámara.

El duro ministro del Interior, David Blunkett, justifica tan drástica medida en la necesidad de luchar contra el terrorismo y la delincuencia en general. Lo más sorprendente es que ya desde hace dos años la policía, los servicios secretos, aduanas y Hacienda podían hacer ese rastreo sin permiso judicial.

Ahora, ese mecanismo de lucha antiterrorista se extiende a siete ministerios (incluidos los de Agricultura o Sanidad, por ejemplo), todas las corporaciones locales y una decena de agencias del Gobierno, como la de Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria o Servicios Postales, según informaba ayer el diario The Guardian.

Los funcionarios de un determinado nivel podrán exigir a las compañías de teléfonos, proveedores de Internet y operadores postales información detallada sobre sus clientes. Entre esa información se incluye el nombre y dirección, llamadas telefónicas realizadas y recibidas, identificación de las páginas visitadas en Internet y localización geográfica de las llamadas de móviles, lo que permite saber dónde ha estado una persona con un error de unos cientos de metros.

Las compañías proveedoras de servicios estarán obligadas a entregar el listado de esas comunicaciones, pero no podrán revelar el contenido de las conversaciones o el correo.

La medida puede entrar en vigor en agosto próximo modificando la ley de 2000 que regula los poderes de investigación. Para ello no se necesita el apoyo del pleno del Parlamento: basta el visto bueno de un comité parlamentario especializado.

El Gobierno asegura que la medida es necesaria para luchar contra el terrorismo y el crimen en un mundo que utiliza cada vez más esos medios de comunicación, lo que incluye la salvaguardia de la seguridad nacional, prevención o detección del crimen, salud pública, cobro de impuestos y cualquier otro propósito especificado en una orden por el Ministerio del Interior.

Ataque a la privacidad

El diario The Guardian, profundamente cercano al laborismo pero siempre crítico con las decisiones del Gobierno de Blair que a su juicio atentan contra las libertades, hace un llamamiento para paralizar la propuesta en un durísimo editorial titulado 'Las libertades británicas, RIP'. El diario afirma que se trata de 'una burla al derecho a la privacidad que se supone que la Ley de Derechos Humanos tiene que proteger'. La medida 'no va a ayudar a capturar terroristas pero va a aumentar la sospecha pública y la desconfianza hacia los servicios de seguridad y la policía'.

Simon Davies, director de la organización de defensa de derechos civiles Privacy, denunció que 'el Ministerio del Interior ha roto su compromiso de que esta ley no se convertiría en un poder generalizado de vigilancia al servicio del Gobierno'. 'La exhaustiva lista de organismos que podrán acceder a los datos sin una orden judicial prueba que estamos ante un ataque sistemático del derecho a la privacidad'.

Bob Satchwell, director de la Sociedad de Editores de Diarios, advirtió ayer de los peligros que se derivan también para la prensa de la propuesta. 'Es muy diferente que las autoridades tengan que ir al juez para lograr esa información, porque los editores tienen confianza en un juez que tenga en cuenta el interés público del periodismo de investigación'.