Otro cargo de la Confederación del Segura se niega a declarar a la juez

El máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas, se negó ayer a explicar cuál fue la actuación de este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente en los 26 expedientes de vertidos al río Segura que constan en un auto dictado por la juez de Orihuela que investiga la contaminación del río.

La acusación particular entiende que esta estrategia 'confirma la culpabilidad de la CHS', ya que, según José Antonio Muñoz Grau, portavoz de Pro-Río, 'han renunciado a defenderse de los cargos que se les imputan'.

Ésta es la segunda vez que un alto cargo de la CHS elude declarar en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela por la contaminación del río.

El viernes pasado el comisario de Aguas, José Alemán, no respondió a ninguna de las preguntas que durante más de una hora le realizó la juez; ayer el presidente de esta institución, Juan Cánovas, adoptaba la misma actitud y en su comparecencia en los juzgados de Orihuela se aferró a su derecho constitucional de no prestar declaración sobre los 26 expedientes de vertidos que este organismo autorizó en los últimos 15 años tanto a ayuntamientos y mancomunidades como a empresas de La Vega Baja.

Juan Cánovas repitió la tentativa que efectuó el comisario de Aguas y solicitó el traslado del caso a los juzgados de Murcia, pero la proposición fue rechazada nuevamente por la magistrada tras argumentar que ella era la persona indicada para instruir el sumario. La Comisión Pro- Río ve en esta insistencia por desplazar la investigación 'motivos fundados de sospecha', y planteó las dudas que pueden surgir sobre la transparencia y la equidad de los jueces murcianos. 'El juez decano de Murcia debería pensar si están procediendo correctamente en los temas relacionados con el río porque de lo contrario no se comprende ese afán por conseguir que sea la justicia de Murcia quien esclarezca los hechos'.

La fórmula adoptada por la CHS en sus diferentes comparecencias también ha suscitado los recelos de Pro-Río, cuyo portavoz ve detrás de esta maniobra un 'claro empeño de obstaculizar y dilatar el proceso con sucesivos aplazamientos y negativas a explicar sus funciones de control e inspección de vertidos'.

'Los informes que tiene la magistrada son imposibles de rebatir, ya que sus datos son incontestables, y ante la evidencia no tienen más alternativa que callar', concluye Pro-Río.