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Tribuna
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Ideas, proyectos y personas

Fernando Savater

Para el próximo día 15 de junio se ha convocado una manifestación en el País Vasco contra la Ley de Partidos, bajo el lema: 'Todas las ideas, todos los proyectos, todas las personas'. Quizá a partir de esta fórmula engañosamente bonachona pueda intentarse un análisis crítico de las principales objeciones que se plantean contra ese proyecto legislativo que a bastantes nos parece por lo menos democráticamente lógico y plausible.

¿'Todas' las ideas? Dejemos por un momento de lado que la ley no veta ideas, sino determinados comportamientos de grupos políticos institucionales y que a tal fin se han incluido en ella numerosas enmiendas y precisiones. Por lo demás, ninguna ley de este mundo ni del otro puede prohibir tener una idea ni tener mala idea: lo más a que puede aspirarse es a obstaculizar en la medida de lo posible la difusión y propaganda de algunas consideradas especialmente dañinas. Y los regímenes democráticos se dedican a ello desde mucho antes de que nadie pensara en esta ley. Cuando un profesor, por ejemplo, utiliza un libro de texto en el que se sostiene la inferioridad de unas razas respecto a otras, la ineptitud de la mujer para ciertas funciones públicas, el carácter patológico de la homosexualidad o justifica los campos de exterminio nazis, se prohíbe su docencia sin demasiadas contemplaciones. Así le ocurrió a aquel señor Quintana, famosamente infame durante unos días, o a otros más próximos en el tiempo. Las obras 'educativas' del franquismo, denunciadas con gracia en El florido pensil, no obtendrían hoy el placet en ninguna escuela... o al menos eso espero. Incluso fuera del campo educativo, en un terreno mucho más discutible, se cerró no hace tanto una librería en Barcelona por el carácter neonazi de las publicaciones que vendía. Si muchas ideas son inaceptables como materia escolar democrática (después de todo, educar es elegir entre todas las ideas posibles aquellas que queremos ver socialmente perpetuadas) no parece razonable aceptar acríticamente cualquier planteamiento ideológico en los partidos políticos, destinados a ponerlas en práctica. Así lo entiende la constitución de Alemania, donde ya existe una ley de partidos; y en Francia, donde la difusión de ciertos dictámenes xenófobos y revisionistas está perseguida por una legislación penal muy exigente, ya se han alzado voces solicitando la prohibición del partido de Le Pen no porque haya cometido o apoyado crímenes sino por su mera ideología.

¿Todos los proyectos? Hace unos días, el Movimiento contra la Intolerancia denunció en Madrid la existencia de una página web de cabezas rapadas en la que se publicaban los datos personales de prostitutas, homosexuales, vascos y yo que sé más, exhortando a personarse en sus domicilios para zurrarles la badana. Se trata sin duda de un proyecto de índole política pero no sólo penalmente ilegal sino democráticamente ilícito. Supongo que nadie sostendrá en serio que debe ser tolerado como libre expresión de una opinión hasta que sus recomendaciones se materialicen en alguien con la crisma rota por un bate de béisbol. Por supuesto, en el País Vasco estamos familiarizados con la reiteración de amenazas semejantes, procedentes de grupos perfectamente identificados, con la diferencia de que aquí ya tenemos cientos de asesinatos por ponerlas en práctica. ¿Que se debería haber actuado antes penalmente contra tales delincuentes? Pues a mí también me lo parece, pero las autoridades y los jueces en Euskadi parecen encontrar dificultades legales insalvables para poner en práctica tan sano principio. Por ejemplo, un portavoz de Batasuna sostuvo en el Parlamento que ETA lucha por los derechos del pueblo vasco, lo que no deja de ser una mala noticia para quienes estamos en el objetivo de la banda, pero el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi ha considerado que se trata de una manifestación política tan legítima como cualquier otra. Me dicen que, en todo caso, son las personas las que delinquen, no las asociaciones. Pero, si no me equivoco, en el caso Gescartera (otro 'proyecto' lucrativo) se ha encarcelado al principal responsable y además también se ha disuelto la empresa. Puede ser una simpleza mía, pero no me parecen de recibo ni los 'proyectos' para defraudar a los contribuyentes ni aquellos que intimidan o asesinan a los ciudadanos. El Tribunal Europeo de Derechos humanos de Estrasburgo parece opinar algo semejante cuando dice: 'Forma parte de la esencia de la democracia permitir la propuesta y discusión de proyectos políticos distintos, incluso aquellos que pongan en cuestión el modo de organización actual de un Estado, con tal de que no supongan un atentado a la propia democracia'.

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Este razonamiento invalida también otro supuesto argumento bastante repetido, el de que los votantes del partido ilegalizado -pongamos que fuese Batasuna- se quedarían sin representación política. Lo cierto es que no existe el derecho democrático a sostener opciones no democráticas y violentas. Si esos votantes quieren independentismo pero no terrorismo, pueden apoyar a Aralar y grupos disidentes similares; si lo que quieren es terrorismo, ¿para qué votan? Tampoco resulta convincente ni mucho menos argüir que la ilegalización de un partido no resolverá el terrorismo ni mejorará la suerte de los amenazados. Que esa violencia no puede concluirse con un simple plumazo legal es cosa obvia: también ETA es ilegal y ahí la tenemos, tan campante. Contra ella deben emplearse diversos medios combinados, porque si un problema es complejo necesita también una solución compleja: pero no una actitud acomplejada. Todo lo que disminuya la apariencia de impunidad de quienes apoyan a la banda, sus vías de avituallamiento legales y sus legitimaciones políticas institucionales contribuye a debilitarla. En cuanto a los objetivos o víctimas de los violentos, lo que necesitan es no sólo protección sino también un reconocimiento institucional de sus derechos políticos que mal puede ofrecérseles cuando los que justifican o ensalzan las agresiones son tratados con no menores miramientos que ellos mismos. Impugnar la ley contra partidos que apoyan el terrorismo invocando el malestar que la medida puede causar entre los partidarios del terrorismo es de una bobería realmente primaveral y por tanto cuenta con el apoyo de Javier Madrazo, de IU, Odón Elorza y el Consejo de la Juventud de Euskadi, con las Juventudes Socialistas incluidas. A Madrazo no le gusta que se prohíba ningún partido aquí, quizá porque prefiere el estilo del régimen cubano, donde están prohibidos todos por igual: así no hay piques entre ellos. Francamente, si la lucidez y la decencia políticas de la izquierda están representadas en todas partes por gente así, es de temer que cada vez más euro

peos se vayan haciendo de extrema derecha en defensa propia.

Por otra parte, los obispos de la CAV han sacado una pastoral que ha causado furor, en los dos sentidos de la expresión. No es un texto a favor de Batasuna, sino simple y llanamente una trascripción del punto de vista del PNV sobre la situación de Euskadi. No se apartan de las tesis de Ibarretxe en nada ni un milímetro, salvo que el estilo es algo más untuoso: los santos óleos, ya se sabe. No hay que extrañarse, es una muestra más de nacional-catolicismo (el mismo que reclama del gobierno la asignatura de religión confesional obligatoria), en el que el País Vasco es pionero, porque lo padecemos desde la primera guerra carlista. No es que el clero vasco sea nacionalista, es que el nacionalismo vasco lo inventó en buena medida el clero. También es lógico que a Ibarretxe le parezca muy bien lo que dicen quienes repiten lo que dice él; pero añade una observación asombrosa: 'es lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca'. Y eso ¿cómo lo sabe usted, señor lehendakari? ¿Acaso en el País Vasco se habla libremente de política y cada cual dice lo que piensa... o al menos estamos seguros de que vote como piensa?

Para que se hagan una idea: el otro día me contaba un distinguido profesor de filosofía socialista, español pero que ocupa una cátedra en Berlín, lo que le ocurrió en Bilbao. Acababa de dar una conferencia y, al volver a su hotel, se encontró un recado de un periodista de Gara, solicitándole una entrevista. Pretextando ignorancia por venir de Alemania, le preguntó al conserje qué tipo de periódico era ése. El interrogado se encogió de hombros y respondió que no tenía ni idea. Entonces el profesor solicitó hablar con el gerente, que todavía sabía menos que el conserje. Ni para bien ni para mal, nadie le dijo una palabra sobre un diario que se apilaba en las mesas de entrada del albergue. Y así todo. Pero el Gobierno Vasco parece ignorar este clima y hace encuestas llamando por teléfono a los domicilios con preguntas tan tranquilizadoras como ésta: '¿Es usted partidario de la ilegalización de Batasuna?'. Imagínense el respingo del encuestado. Un señor de Rentería escribía con gracia hace poco una carta al Diario Vasco, diciendo: 'El señor Ibarretxe no sabe o no quiere saber en qué país vive. Ni lo que es la coacción, ni el miedo difuso (el peor de los miedos) ¡Qué feliz vive! Si me hacen a mí esa pregunta, por sorpresa, y en lo que veo que es mi controlado domicilio, no sólo niego lo que haga falta sino que pido el Tambor de Oro para el comando Donosti por su contribución al buen nombre de esa vecina y querida ciudad'. Ahí lo tienen. Todo el mundo sabe aquí que por darle la razón a los nacionalistas nada malo puede pasarte y de vez en cuando cae algún caramelo: en cambio por llevarles públicamente la contraria te puede pasar de todo, desde perder la subvención hasta perder la vida. De modo que poco a poco la gente, que no quiere líos, se resigna o se marcha.

¿Todas las personas? En efecto, nada más deseable que un país en el que puedan vivir todos los que no matan ni amenazan, con libertad para sus ideas y sus símbolos políticos. Pero para conseguirlo tendremos que lograr que vuelvan los que se vieron obligados a marcharse. Y no siempre por miedo: muchos se fueron por asco, por asfixia. Cuando se dice tranquilamente 'los españoles apoyan la ley de partidos, pero los vascos la rechazan', siempre tengo ganas de preguntar: a los que han tenido que irse ¿en cuál de los dos rubros se les computa? ¿O es que ya no tienen ni el derecho a opinar sobre la situación que los ha exilado? Se me acercan a veces, en cualquier lugar de España o en el extranjero, tras una charla o cuando firmo libros. 'Yo también soy de allí, ¿sabes?'. Y antes de que les pregunte nada me atajan: 'Pero de aquello ya no quiero hablar'. Nos miramos a los ojos y guardamos silencio.

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense.

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