El PP y CC aprueban la Ley de FP sin admitir ni una sola de las 227 enmiendas

El texto de la Ley Orgánica de Cualificaciones y FP fue aprobada ayer por el Senado tal y como fue remitido del Congreso de los Diputados. Los populares no han aceptado ni una sola de las 227 enmiendas parciales presentadas por los grupos políticos en la Cámara alta, por lo que la norma no debe ser ratificada por el Congreso. La ley (texto íntegro, en www.elpais.es/temas/textos/fp.doc) fue aprobada sólo con los votos a favor del PP y Coalición Canaria (CC). Se trata de la segunda de las tres grandes reformas educativas que se ha propuesto concluir la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en la primera parte de esta legislatura.

La primera norma, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), fue aprobada en diciembre de 2001, con el apoyo de CC y de CiU y con duras críticas del resto de los grupos. Esta vez, los nacionalistas catalanes se han unido a las críticas. Tachan a la Ley de FP de 'centralista' y opinan que el Ejecutivo 'quiere imponer la ley del más fuerte' y que 'tiene nula voluntad de diálogo', como dijo el senador de CiU Josep Varela.

Con esa última afirmación, los senadores se referían a dos cuestiones: la primera, relacionada con los hechos (el PP no ha aceptado ni una sola de las enmiendas parciales ni los siete vetos presentados por los grupos políticos), y la segunda, relativa a los modos (los populares tardaron '25 segundos' en decir que no a todas esas enmiendas en la reciente reunión de la ponencia, cuya finalidad era estudiar el documento en el Senado).

Nueva regulación

Apenas nadie discute que la FP necesitaba una nueva regulación, entre otras cosas, para adaptarla al contexto europeo. La nueva ley agrupa las tres modalidades de FP -la reglada, para los alumnos de secundaria; la ocupacional, para los parados, y la continua, para los trabajadores-, permite dar títulos o calificaciones por la experiencia laboral y crea un catálogo de cualificaciones profesionales.

Sin embargo, el texto incluye otros aspectos polémicos: permite al Ministerio de Educación crear una 'red de centros de referencia', excluye a las comunidades de la elaboración del nuevo catálogo de cualificaciones profesionales y establece que los directores de los nuevos centros integrados de FP serán designados por la Administración y no por el consejo escolar (la comunidad educativa) de cada centro, como ahora. Socialistas y nacionalistas consideran que las dos primeras medidas suponen 'una invasión competencial'.

El portavoz de Educación del PSOE en el Senado, Manuel Fernández Zanca, calificó esas iniciativas de 'regresivas' y dijo que el Gobierno quiere convertir a los directores de los centros en 'comisarios políticos'. Del Castillo señaló que, 'como hay un mercado único, debe haber un catálogo único de cualificaciones'. La mayoría de las comunidades mantienen que no es así, porque en cada territorio hacen falta cualificaciones específicas relacionadas con sus demandas laborales.