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El PSOE considera 'ridícula' la inversión prevista para la reforma educativa

Los consejeros de Educación socialistas critican que sólo se destinen 27 millones a la secundaria

Las socialistas han calificado la memoria económica que acompaña a la Ley de Calidad educativa como 'una broma de mal gusto'. Se preguntan cómo sólo se destina la 'ridícula' cantidad de 27 millones de euros a la educación secundaria, que es la etapa donde el Ministerio de Educación ha detectado el grueso de los problemas y donde ha centrado la reforma. Los responsables educativos de las comunidades donde gobierna el PSOE rechazan que se les dicte en qué capítulos tienen que invertir el dinero presupuestado y temen que tendrán que pagar una reforma que no les gusta.

A la vista de la memoria económica que acompaña a la Ley de Calidad, publicada ayer por este periódico, la responsable de Educación en la Ejecutiva socialista, Carmen Chacón, consideró que las críticas lanzadas por su partido 'están más que fundadas'. El coste total que destinan [159 millones de euros] 'es una cantidad ridícula que afianza a España a la cola de Europa en presupuesto educativo', dijo Chacón. 'De los 121 millones que destinan a la etapa de infantil, el 95% es para financiar la educación privada'. Pero más grave le parece aún que sólo se presupuesten 27 millones para la secundaria obligatoria. '¿No es ahí donde estaban los problemas?', preguntó Chacón.

'Esto es una tomadura de pelo. No pueden pensar en mejorar la calidad de la educación con el mismo dinero que le ha costado al Real Madrid medio Zidane. La calidad no es gratis', afirmó Chacón. ' La ministra [Pilar del Castillo] representa lo peor de la mayoría absoluta de Aznar', criticó.

Las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas compararon ayer las cifras del Gobierno con las que han calculado para mejorar la educación y concluyeron que los datos de la memoria económica 'deben ser una broma de mal gusto'. Así lo calificó la consejera andaluza de Educación, Cándida Martínez. 'Si se trata de hacer gratuita la educación infantil tendrán que financiar todo, no sólo la privada. Y será la Junta quién decida cómo lo administra. Tenemos las competencias, no nos pueden obligar a financiar la privada'.

Martínez calculó que hacer la etapa de tres a seis años gratuita en Andalucía costaría 120 millones de euros. El Gobierno les asigna 51 millones para ese capítulo. Y además, la consejera se pregunta quién pagará los siguientes años, porque la memoria económica sólo recoge una anualidad. 'Esta ley es mala y ni siquiera la financian', dijo. Su colega en Asturias, Javier Fernández Vallina, preguntó: '¿Es que la ministra no sabe que la financiación no es finalista? O esto es una broma o una frivolidad que descalifica a quien lo ha hecho. Y un engaño social y político', afirmó

Lo mismo opinó José Valverde, consejero de Educación de Castilla-La Mancha. 'Las cifras son ridiculísimas porque para los itinerarios tendríamos que hablar de infraestructuras, habilitar aulas. Para eso, esta comunidad tiene asignado en la memoria económica 1.447.000 euros y 'sólo para atender mejoras en secundaria' calculan que necesitan 15 millones de euros. Tampoco les daría para mucho los 432.000 euros previstos para implantar la lengua extranjera en primaria. 'Necesitaríamos 18 millones de euros sólo para pagar a los profesores de idioma'. Y para hacer gratuita la etapa infantil, donde el Gobierno dedica 1,4 millones, ellos calculan que precisan casi ocho.

El viceconsejero de Educación de Extremadura, Ángel Benito, se mostró indignado por tener que enterarse de nuevo por la prensa de la memoria económica de la ley. Esto es una tomadura de pelo', dijo. Y añadió que cada comunidad gestionará a su manera: 'No queremos conciertos', zanjó. Aragón ha calculado que generalizar la gratuidad en la educación infantil cuesta 18 millones de euros en tres años. El Gobierno les asigna 10. Y para lo demás, la consejera, Eva Almunia, ironiza: 'La ley será divina, porque habrá que tener mucha fe'.

La reacción del Gobierno vasco, nacionalista, fue de desconcierto absoluto. 'No sé de dónde ha sacado esto [el Gobierno]. No nos lo explicamos y no nos damos por aludidos. Nosotros tenemos nuestro propio presupuesto, no dependemos de esto para planificar nada. No deberíamos aparecer en esos cálculos', dijo la consejera Anjeles Iztueta.

La ministra Pilar del Castillo no quiso hablar ayer del asunto. 'Lo único cierto en la financiación es que la ley tendrá una memoria económica cuando se presente en público. La estamos elaborando, hasta que no esté no podemos hablar de contenidos'. Concedió que las comunidades autónomas 'tienen mucho que decir' y explicó que 'se ha establecido la gratuidad [de la etapa infantil], no la obligatoriedad'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de mayo de 2002