La izquierda y los nacionalistas tachan de 'segregadora' la Ley de Calidad

La Ley de Calidad de la Educación, que presentó ayer Pilar del Castillo en el Consejo de Ministros, 'confirma los peores augurios' de la oposición socialista porque el texto definitivo 'no ha cambiado ni una coma, salvo para asumir las peticiones de la Conferencia Episcopal y en favor de la educación privada'. La izquierda y los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos coinciden en calificar la ley de 'segregadora' y critican la ausencia de un capítulo dedicado a la financiación educativa. Y resumieron así otro de los principales desacuerdos: 'El Gobierno legisla y las comunidades pagan'.

Leído el articulado de la nueva ley educativa, la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, concluyó: 'Supone un absoluto maltrato del Gobierno de Aznar a la escuela pública y aumenta la descohesión social entre los que tienen más y los que tienen menos y entre los que saben más y los que saben menos'. Las primeras críticas expresadas ayer por la dirigente socialista se referían a los itinerarios educativos 'segregadores' que se implantarán en la educación secundaria. Chacón explicó que algunos alumnos 'se irán a la calle' a los 15 años 'y otros tendrán que irse con 16 sin conseguir el título, indispensable para abrirse camino en el mercado laboral'. Los itinerarios, dos en tercero de la ESO y tres en cuarto, suponen, a su juicio, 'una segregación temprana e injusta, que disminuirá el número de bachilleres y de universitarios'. 'Esta ley no previene el fracaso y arrincona y expulsa del sistema a los que tienen más dificultades', dijo Chacón.

La izquierda política y sindical y los partidos nacionalistas coincidieron en que la ley es 'segregadora'.

'Darwinismo social'

La consejera vasca de Educación, Anjeles Iztueta, afirmó que la educación se convertirá, de este modo en 'un privilegiado instrumento de darwinismo social'. 'La preparación de nuestros jóvenes no se soluciona poniendo vallas, sino enseñándoles a saltar', señaló. 'Porque no saben más los que más se examinan, sino los que estudian más y en mejores condiciones. Pero eso cuesta dinero', añadió.

La ausencia de financiación y 'los temas competenciales', aúnan también el rechazo de la izquierda y de los nacionalistas. 'Se busca una fuerte uniformidad que reduce las competencias de las comunidades a la gestión de las medidas marcadas por el Estado y al pago de las correspondientes facturas', manifestó Iztueta.

Para los socialistas, la nueva ley 'no contiene ni una sola medida para combatir el fracaso escolar', ni 'una sola peseta para la educación pública'. 'Se dice que se extenderán los conciertos a la educación infantil, pero '¿quién los va a pagar, las comunidades autónomas?', preguntó Chacón

En el PSOE también criticaron la posibilidad de que haya centros especializados en un único itinerario en los que se podrá seleccionar a los alumnos por su expediente, porque eso 'sólo servirá para tener centros y alumnos de primera y de segunda', explicó Chacón. 'Estos centros no son más que un eufemismo para permitir que unos tengan los itinerarios que quieran y otros, aquellos que tengan menos salidas'. Chacón opina que acarrearán una 'dualización del sistema que convertirá a la escuela pública en la de los problemas y dejará a la privada libre de ellos'. Los centros públicos están obligados a ofrecer todos los itinerarios. Otra de las quejas del PSOE se refiere al papel asignado a los Consejos Escolares, 'que dejan de tener competencias como la de elegir al director, que ahora será impuesto por la Administración, y aleja a los padres de la cooperación entre la escuela y la familia'.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró que la ley 'ha pasado a ser de cantidad [en lugar de calidad], por los beneficios que le supondrá a la patronal de la enseñanza privada, y de caridad para con la jerarquía' católica, informa Efe. Llamazares también tachó el proyecto del PP de 'regresivo, segregador y clasista'.

Crítica de los sindicatos

Y los sindicatos CC OO, UGT y STES rechazaron la ley porque 'no soluciona los problemas y se ha elaborado sin negociación. En UGT echan en falta un 'compromiso de financiación' y critican 'el excesivo afán reglamentista del Gobierno, que invade claramente las competencias de las comunidades autónomas'. A su juicio, la ley, además, 'empeora gravemente' las condiciones laborales del profesorado.

Los socialistas intentarán modificar esta ley 'en el Parlamento' pero se manifestaron 'dispuestos' a secundar las protestas que se convoquen en la calle.

La Ley de Calidad 'no puede recibir' tampoco el apoyo de CiU y 'si llega tal cual al Congreso puede haber serias dificultades', advirtió ayer el portavoz de Educación en el Congreso de esta coalición, Ignasi Guardans, que se mostró favorable al diálogo, informa Efe.

CiU rechaza el proyecto porque fundamentalmente porque no está de acuerdo con los itinerarios educativos establecidos y por cuestiones competenciales, aunque Guardans afirmó ayer que 'hay otros muchos puntos que no les gustan y el Gobierno lo sabe muy bien', dijo. Pidió consenso a la hora de sacar adelante la ley aunqeu no confía en que esa sea la voluntad del Gobierno, más que 'de boquilla'. Y lamentó la forma de darlo a conocer por el Ministerio por haber presentado el el anteproyecto 'como el texto definitivo'.

La consejera vasca también criticó que la ministra no les haya mostrado el articulado de la ley en la conferencia sectorial celebrada el pasado martes y haber tenido que enterarse por la prensa [a través de EL PAÍS]. Idénticas críticas se recogieron por parte de otros consejeros de Educación de las autonomías. La falta de consenso y de un anális riguroso de la situación educativa previo a la ley han sido críticas repetidas por la oposición.