Los estudiantes piden dinero para la pública

La palabra segregación también la pronunciaron ayer los, quizá, más directamente implicados por la ley. El Sindicato de Estudiantes y la Federación de Asociaciones de Estudiantes rechazaron el proyecto del Gobierno porque consideran que 'se quiere echar a los alumnos de los centros cada vez a una edad más temprana', según dijo la presidenta del Sindicato, Miriam Municio.

'El PP está gobernando para las patronales de la enseñanza, se concierta la etapa de infantil y no se da dinero para la escuela pública', señaló Municio.

Así pues, los estudiantes pidieron financiación para la escuela pública y afirmaron que ésta debe ser laica. La nueva asignatura que establece la ley como alternativa a la religión no significa para Municio, más que 'seguir los dictados del sector religioso'.

La presidenta del citado sindicato criticó además el 'nombramiento a dedo' del director de los centros, la financiación de la educación infantil en los centros privados y la reválida tras el bachillerato, que supone 'un paso atrás'. El secretario general de FAES, Javier Fariñas, pidió al Ministerio de Educación que redacte un libro blanco con un 'análisis de fondo' para que se pueda presentar una ley que no sea 'una serie de dogmas sin base formal ni presupuestos'. La ley, dijo, 'no persigue la calidad, sino la segregación'. La nueva ley sólo permite que sean elegidos como miembros del Consejo Escolar los alumnos que estén en tercero o cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o sea, el segundo ciclo de esta etapa.