Agricultura considera 'muy preocupante' el retraso para levantar oficialmente el veto citrícola de EE UU

La consejera de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin, calificó ayer de 'muy preocupante' la decisión de la secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de ampliar el plazo de alegaciones al documento sobre riesgos fitosanitarios hasta el 14 de junio. Un plazo que en la práctica retrasa la notificación de reapertura del mercado norteamericano a las clementinas españolas, que debería haber concluido la semana pasada. La ampliación del mismo, por la presión de los productores citrícolas estadounidenses, dibuja un panorama muy incierto para los exportadores españoles de clementinas, que deben planificar la próxima campaña de exportación.La consejera admitió que desconoce cómo 'enlaza' la nueva situación con la próxima campaña de cítricos. Ramón-Llin también indicó que está pendiente de mantener una reunión con el sector y con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para ver cómo va afectar esta decisión. 'Ahora sólo queda ejercer la presión política', dijo, ante las 'decisiones arbitrarias' de los americanos. La responsable agraria recordó que ya manifestó que 'no había que lanzar las campanas al vuelo, porque efectivamente, se había negociado' al respecto, pero 'no había una comunicación oficial ni aprobación por parte de EE UU'. Y dijo que 'algo' intuía respecto a que 'las cosas podían no estar claras'. Las reservas de Ramón-Llin no eran compartidas por el ministro, quien en una visita realizada la semana pasada a Valencia mostró su confianza en la inminente publicación en EE UU de la norma jurídica que permitirá reabrir su mercado a los cítricos, con la excepción de cinco estados.

La decisión del EE UU, en cualquier caso, sólo es un nuevo capítulo en una crisis que se inició en diciembre de 2001 con el cierre de la frontera a las clementinas españolas y que se argumentó con razones fitosanitarias (detección de larvas de mosca del Mediterráneo en fruta de España). En el camino el sector, que desde el primer momento defendió que el veto era comercial, tuvo que asumir condiciones más duras para el protocolo de comercio citrícola. Y en el transcurso de esta crisis el Gobierno español ha defendido la conveniencia de llegar a una solución negociada y de no recurrir a la denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Una postura muy criticada desde el sector, sobre todo por las organizaciones agrarias, que considera que la denuncia debería ser una forma de presión paralela a la negociación política.