El Gobierno pacta la Ley de Partidos con el PSOE tras aceptar sus principales enmiendas

El Gobierno de José María Aznar renunció ayer definitivamente a mantener en manos de los parlamentarios la capacidad de promover la ilegalización de Batasuna. Los socialistas rechazaban una ley que dejase en manos de los diputados la potestad de iniciar un proceso contra una formación política. La fórmula aceptada por el PP permitirá a las Cortes aprobar proposiciones que pidan al Gobierno central que inicie el procedimiento para ilegalizar a un partido. El PP también aceptó modificar el capítulo de causas de disolución para hacerlo más preciso y eliminar la aplicación retroactiva de la norma.

El Gobierno ha cedido después de mantener durante varias semanas que el texto aprobado por el Consejo de Ministros había sido acordado previamente con el PSOE y que, por tanto, no procedía aceptar ninguno de los cambios reclamados por el principal partido de la oposición con el que tienen firmado un pacto antiterrorista.

Los socialistas negaron desde el principio que el acuerdo sobre el texto fuese absoluto y reivindicaron tres cambios sustanciales que han sido finalmente aceptados por el PP a través de las enmiendas socialistas. Son los que siguen:

Causas de disolución. Del artículo 9 se eliminan dos motivos indeterminados para ilegalizar una formación política: 'Fomentar la creación de un clima social degradado de enfrentamiento y exclusión', y 'apoyar a agrupaciones alternativas a las instituciones constitucional y legalmente establecidas'.

Procedimiento. Se modifica el artículo 11.1, donde se establecía que estaban legitimados para instar la ilegalización de un partido 'el Gobierno, 50 diputados, 50 senadores y el ministerio fiscal'. La nueva redacción mantiene esa potestad sólo en manos del Gobierno y del ministerio fiscal y añade: 'El Congreso y el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas previstas en el artículo 9 de la norma'.

Retroactividad. La posibilidad de una aplicación retroactiva de la norma que abría la disposición transitoria segunda, lo que sería inconstitucional, según el Consejo de Estado, ha sido resuelta mediante la nueva redacción de esa disposición: 'A los efectos de aplicar lo previsto en el apartado 4 del artículo 9 a las actividades realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, tendrá la consideración de fraude de ley la constitución, en fecha iunmediatamente anterior o posterior a dicha entrada en vigor, de un partido político que continúe o suceda la actividad de otro, realizada para evitar la aplicación de esta ley.

Las enmiendas socialistas aceptadas por el PP se tramitarán ahora en la comisión parlamentaria correspondiente. Tan sólo hay una enmienda que el PP rechaza, relativa a que sea la Sala de lo Civil y no la Sala Especial del Supremo quien resuelva los procesos de ilegalización abiertos contra una formación.

Al acuerdo entre PP y PSOE, que persigue la ilegalización de Batasuna, se sumarán Coalición Canaria y CiU. El PP aseguró ayer que sus objetivos han quedado intactos aunque admitió que el proyecto se ha mejorado.

El acuerdo lo presentaron anoche, por separado, el secretario general del PP, Javier Arenas, y el portavoz socialista, Jesús Caldera. Uno y otro transmitieron su satisfacción. Arenas declaró: 'El acuerdo entre el PP y el PSOE es una mala noticia para ETA, para Batasuna y para todos los que están al servicio del terrorismo'.

La redacción del 11.1, que establecía qué instancias estaban legitimadas para promover la ilegalización de un partido, retrasó unas horas el acuerdo. El PSOE quería alejar al Parlamento de esa tarea pese a que el presidente del Gobierno, José María Aznar, había asegurado que sería el primero, como diputado, en firmar esa propuesta de ilegalización e invitó al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a que se uniera, al mismo nivel, a esa firma.

El acuerdo alcanzado deja al Parlamento un papel subsidiario toda vez que por mayoría, es decir con más votos a favor que en contra, el Congreso o el Senado puede dirigirse al Gobierno, pero no directamente al Supremo. Caldera sintetizó el sentido de la mejora al texto legal: 'Un partido no ilegaliza a otro partido', sino que es el Gobierno, respetándose así 'la división de poderes'.

Caldera también destacó que el texto acordado aclara que sólo podrán ser declarados ilegales aquellos partidos que tengan actividades 'racistas, terroristas y xenófobas'.

Texto íntegro de las enmiendas socialistas aceptadas por el PP en www.elpais.es