El PP cree que la vía de Garzón para ilegalizar Batasuna es más lenta que su ley de partidos

El Gobierno cree totalmente compatible la 'vía penal' contra Batasuna abierta por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional en su último auto judicial, que considera a esa formación una 'empresa de ETA', y el camino 'democrático constitucional' previsto en la nueva Ley de Partidos Políticos, en fase de negociación con el PSOE y otras formaciones parlamentarias. Dirigentes del PP apuntaron ayer que el proceso penal iniciado por Garzón es 'paralelo', pero podría resultar más 'complicado y lento' que el señalado en la Ley de Partidos para esa ilegalización.

La investigación judicial dirigida por el juez Baltasar Garzón contra ETA y cualquiera de sus tramas parece claramente encarrilada hacia el próximo objetivo de la ilegalización de Batasuna, a la que califica en su último auto como una 'empresa de ETA'.

Las investigaciones que llevaron a la detención, la semana pasada, de 11 miembros y dirigentes de Batasuna arrancaron del sumario 18/98-W, de Garzón. El auto de procesamiento de varios dirigentes de KAS sobre financiación de ETA, dictado en noviembre de 1998, apuntaba la necesidad de investigar las empresas utilizadas para aportar fondos a la banda (Banaka y las herriko tabernas) o el aparato de relaciones externas de la izquierda radical abertzale, entre otros aspectos. La investigación sobre esas organizaciones llevaron a la detención de sus supuestos responsables y, más tarde, a la ilegalización o clausura de las entidades tras señalarlas como parte integrante de ETA.

Las pesquisas condujeron a la detención, en septiembre de 1999, de 20 miembros de Ekin, sucesora de KAS, a los que Garzón acusó de estar integrados en ETA. Tras enviar a prisión a 18 de ellos, el 20 de marzo de 2001 el juez declaró la ilicitud de las actividades de dicha formación. Simultáneamente, Garzón arremetió contra Xaki, el supuesto ministerio de exteriores de ETA, al que finalmente no ilegalizó pero sí clausuró, en marzo del mismo año.

Por las mismas fechas fueron detenidos 15 cabecillas de Haika (organización juvenil fruto de la fusión de Jarrai y la francesa Gazteriak), una operación que acabó con la ilegalización de dicha entidad y sus epígonos (Segi), en mayo de 2001.

Las investigaciones se dirigieron luego contra Gestoras pro Amnistía, grupo de apoyo a los presos y deportados etarras. El auto de encarcelamiento de 11 de ellos supuso la posterior ilegalización de Gestoras, el 19 de diciembre de 2001, y la de Askatasuna, su prolongación.

KAS, Xaki, Haika, Gestoras

El mismo proceso se está repitiendo ahora con Batasuna, ya que tras la detención el lunes pasado de 11 de sus dirigentes, Garzón ha acusado a la formación radical de formar 'parte orgánica' de la estructura de ETA'.

Distintos dirigentes del PP y del PSOE indicaron ayer que aguardan un inminente requerimiento de Garzón procediendo a la suspensión de Batasuna y proclamando de nuevo la ilicitud de sus actividades. Ese paso no afectará, según el Gobierno, a los planes del PP y del PSOE para lograr la ilegalización de Batasuna a través de la nueva ley de Partidos Políticos, todavía en fase de negociación parlamentaria.

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, explicó ayer a EL PAÍS que 'ambos procedimientos están previstos en la nueva ley, son perfectamente compatibles y llevan vías paralelas'. Acebes detalló: 'Tanto la ley de partidos todavía vigente, de 1978, como la nueva, que acaba de entrar en el registro del Congreso para su discusión parlamentaria, contemplan las dos vías y sus propios cauces para la posible ilegalización de un partido: la penal y la democrático-constitucional'.

En la nueva Ley de Partidos, dentro del artículo 10 sobre Disolución o suspensión judicial, en el punto dos se detallan los dos casos. En el apartado A se prevé la disolución o suspensión de un partido 'cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal'. Y en los apartados B y C para 'cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos' o 'cuando no respete en sus actividades los principios democráticos y los valores constitucionales'. En esos dos últimos supuestos, según lo establecido al respecto en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

El ministro de Justicia corrobora, por tanto, que las actuaciones judiciales de Garzón estarían claramente determinadas por el primer escenario de vulneración del Código Penal mientras que la vía más política seguiría su curso y sería 'igualmente necesaria' ante otras actuaciones de Batasuna a lo mejor no tan bien tipificadas desde un punto de vista criminal pero claramente inconstitucionales.

De hecho, el Gobierno no renunciará a continuar por la vía 'democrático constitucional' para ilegalizar Batasuna si Garzón acaba reclamando por su parte primero su suspensión y su posterior ilegalización.

La citada ley de Partidos, en el punto 5 del artículo 10, ya establece esa 'eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos' en los supuestos anteriores respecto a la ilegalización de un mismo partido. Y señala expresamente que esa coincidencia 'no interferirá la continuación de ambos' procedimientos 'hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos'.

Fuentes de la dirección nacional del PP argumentaron incluso que aunque el juez Garzón reclame en breve la ilegalización de Batasuna, ésta no sería efectiva hasta disponer de una sentencia firme de la Audiencia, algo que podría tardar meses en producirse porque 'un procedimiento penal es mucho más complicado y complejo, incluso para recabar las pruebas'. Sin embargo, el artículo 11 de la nueva ley de Partidos establece un plazo de sólo dos meses para instruir todo el procedimiento que lleva a la disolución de una formación política.

Lo que sí reconocen fuentes del Gobierno, del PP y del PSOE es que ya no tendría sentido la vía política para la ilegalización de Batasuna si existiese una sentencia firme anterior buscada por Garzón por la vía penal.

Qué sala del Supremo

Los interlocutores del Gobierno y del PSOE han quedado emplazados esta próxima semana para discutir de éste y otros puntos polémicos de la nueva ley de partidos. Como por ejemplo la capacidad de los parlamentarios de instar la ilegalización, que el Ejecutivo del PP considera innegociable y que el PSOE cree innecesaria si el proceso se deja en manos de la Fiscalía del Estado.

Otro de los puntos oscuros a resolver es el del órgano judicial que procedería en cualquier caso a la citada ilegalización. El Gobierno propone la de la sala especial del Tribunal Supremo. Fuentes judiciales y del PSOE observan algunos reparos y constatan que podrían producirse problemas para actuar contra la posible presencia de aforados de Batasuna (diputados autonómicos) y de comunidades autónomas diferentes, como el País Vasco y Navarra.