La insistencia del PP en que los diputados pidan la ilegalización de Batasuna complica el pacto

Socialistas y populares intentaban en la noche de ayer cerrar un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Partidos cuyo principal objetivo es la ilegalización de Batasuna, la formación que apoya a ETA. Ambos partidos confirmaron grandes avances para retocar las causas de disolución de manera que se eviten referencias genéricas, y con la retroactividad, para aclarar que la Ley se aplicaría por hechos ocurridos después de su entrada en vigor. El procedimiento previsto por el PP, que permite a 50 diputados promover la ilegalización de un partido, era el único obstáculo para el acuerdo.

El PSOE rechaza que un partido político pueda promover la ilegalización de otra formación y defiende que ese aspecto quede en manos del ministerio fiscal y del Gobierno. El PP defiende mantener la potestad parlamentaria de instar la declaración de ilegalidad de un partido y tan sólo acepta elevar el número de quienes pueden hacerlo de 50 diputados o 50 senadores, como ha quedado fijado en el texto legal, a la mayoría de las cámaras (176 diputados y 129 senadores).

Esta discrepancia de fondo suponía en la noche de ayer el principal obstáculo para alcanzar el acuerdo.

Los socialistas mantuvieron una reunión interna para redactar sus propuestas de enmiendas al texto legislativo y se las remitieron a las seis de la tarde al Gobierno y al PP para que las estudiasen. 'Si aceptan, el acuerdo será un hecho', señaló un dirigente socialista.

Las enmiendas socialistas pretenden 'podar la fronda de expresiones indeterminadas' que la Ley recoge en el artículo 9, relativo a causas de disolución. El PSOE mantiene que con la redacción aprobada por el Consejo de ministros es posible pedir la ilegalización de un partido republicano o de un partido antisistema. CiU también ha reclamado la modificación de ese texto por idénticos motivos. Las enmiendas socialistas plantean tres causas generales de disolución:

- La justificación o exculpación de atentados, o de persecución por motivos de ideología o raza.

- Fomentar, propiciar o legitimar la violencia.

- Apoyar a organizaciones terroristas.

Un miembro del Gobierno aseguró ayer que 'las enmiendas socialistas al artículo 9 no plantean cuestiones de fondo para el Gobierno y se pueden aceptar'.

Respecto a la disposición transitoria segunda, que hace referencia a la posible aplicación de la Ley con caracter retroactivo, los socialistas proponen una redacción más precisa que introduzca que la ilegalización se podrá solicitar por conductas registradas 'con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley'. Con ese pequeño matiz, todos los reparos sobre la legalidad de la norma estarían superados, según los socialistas. El Gobierno se manifestó ayer 'receptivo' a la oferta.

Los dirigentes populares consultados por este periódico indicaron ayer que no están dispuesto a renunciar a la posibilidad de que diputados y senadores puedan promover la ilegalización de una formación política. 'Nuestra posición en ese sentido es inamovible. Pretendemos mantener la potestad parlamentaria que recoge el texto. Aunque esperamos a que el PSOE nos proponga fórmulas intermedias que todavía ignoramos', señaló un representante del Gobierno.

A la vez que los socialistas intentaban convencer a los populares, éstos negociaban modificaciones en el texto legal con CiU para conseguir su apoyo, en una reunión con el secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, de seis horas de duración. El Gobierno dijo que había habido 'avances importantes' en la redacción de las causas de disolución. La representación de CiU, más prudente, dijo que encontró una 'receptividad seria' en el Gobierno a sus enmiendas.