De jueves a sábado

El 'lehendakari' retrocedió el sábado lo avanzado dos días antes hacia el aislamiento de Batasuna. El jueves, la Asociación de Municipios Vascos aprobaba, tras más de dos meses de gestación, una declaración que concretaba el acuerdo alcanzado el 22 de febrero para aislar a Batasuna en los ayuntamientos. El sábado, en Pamplona, Ibarretxe proclamaba la incompatibilidad entre la defensa de la pluralidad asumida en esa declaración y la eventual deslegalización judicial de Batasuna, que identificó con la 'ilegalización de las ideas'. Ayer, al finalizar la manifestación celebrada en Bilbao tras la consigna de stop al fascismo, los dirigentes de Batasuna se acogían al planteamiento de Ibarretxe al hacer responsables a los demás partidos de la 'prolongación del conflicto' que significaría tal ilegalización.

Se puede estar a favor o en contra de la ilegalización judicial de Batasuna, pero resulta sarcástico argumentar contra ella en nombre del pluralismo cuando son los no nacionalistas quienes no pueden presentarse a las elecciones o lo tienen que hacer en condiciones de manifiesta inferioridad. No son las ideas lo que se ilegalizaría, sino la colaboración con la empresa de intimidación y limpieza ideológica montada en torno a ETA. Por ello, carece de fundamento la contradicción que ve Ibarretxe entre principio pluralista e ilegalización. Pero sí es cierto, en cambio, que una actitud más resuelta del nacionalismo democrático en favor del aislamiento de Batasuna, a partir de la ruptura de la tregua, habría hecho improbable que alguien se plantease la idea de la ilegalización de esa formación.

El acuerdo del 22 de febrero aspiraba a plasmar en cada municipio la unidad de todos los demócratas frente a ETA y quienes justifican el asesinato y persecución de los concejales del PP y PSOE. La iniciativa, acogida con escepticismo por el PP, y con entusiasmo por el representante socialista, Ramón Jáuregui, se transformó luego en un barroco borrador en el que no se mencionaba a ETA y en el que del único atentado de que se hablaba era del que se cometería contra la democracia si se ilegalizaba a Batasuna. El resultado fue un texto rechazado frontalmente por los partidos amenazados y bien visto por Batasuna. La cosa era tan absurda que hasta Izquierda Unida, tercer socio del Gobierno nacionalista de Vitoria, amenazó con no firmar si no se incluía una condena clara de ETA.

Antes de que se consumara el fracaso de la principal y casi única iniciativa unitaria del lehendakari desde las elecciones del pasado año, hubo una rectificación y el texto incluyó la mención a ETA, la idea de creación en cada municipio de un foro cívico de defensa de los concejales amenazados y el compromiso de no pactar con Batasuna si no asumía los principios de la declaración. Era algo obvio, pero importante: porque demostraba que el nacionalismo es sensible al riesgo de deslegitimación de los resultados electorales que estaba tomando cuerpo, y porque demostraba la utilidad de la vía del diálogo entre demócratas para alcanzar acuerdos.

Eso era el jueves. El sábado, el lehendakari tranquilizaba cualquier mala conciencia que pudieran tener los dirigentes de Batasuna al decirles lo que querían oír la víspera de su manifestación: que en el pluralismo democrático cabe su política actual porque las urnas constituyen el único criterio de legitimidad y convalidan comportamientos como los que el juez Garzón, por ejemplo, considera propios de 'una empresa de ETA'.