El Gobierno Vasco califica la Ley de Partidos de "dislate" contra el pluralismo político

El consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, ha presentado esta mañana una serie de informes jurídicos contrarios a la reforma de la Ley de Partidos, que ha calificado de "dislate jurídico y político" en la que se instrumentaliza "la existencia del terrorismo para actuar contra las ideas" y para negar "el pluralismo".

Azkarraga ha comparecido ante los medios para dar a conocer las conclusiones de estos informes, redactados por los servicios jurídicos del Ejecutivo vasco y por tres profesores de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, que no descarta que puedan ser presentados próximamente en instancias europeas.

El consejero, que ha reiterado la postura de Vitoria de no presentar recursos ante el Tribunal Constitucional al dudar de su "imparcialidad", ha señalado que la reforma busca una "explícita y exigida adhesión a los valores constitucionales", lo que "supone una limitación clara del ideario y los fines de una formación política".

La suficiencia del código penal

Azkarraga ha indicado que la reforma atenta contra la "libertad ideológica, de pensamiento y de asociación" al pretender establecer la "ilicitud de los fines perseguidos" por una formación política", es decir, "perseguir un ideario".

Según el consejero, "es falso que la Ley Penal sea insuficiente", ya en se pueden castigar penalmente los supuestos de asociaciones ilícitas, a través de los artículos 515 y 520 del código penal.

A juicio del Gobierno Vasco, el proyecto de reforma "esquiva las exigencias básicas del sistema democrático", se "burla la posibilidad de recurso" ante una segunda instancia, sólo se salva la retroactividad de una manera formal y otorga a quienes son "rivales la posibilidad de utilizar la ley contra su adversario".

Para el consejero, la ley "rezuma inseguridad jurídica" al contener términos como "complementar la acción de organizaciones terroristas" o al no poderse determinar cómo se mide la "obtención de beneficios políticos" por la existencia de la violencia.

Azkarraga ha añadido esta reforma no conseguirá el fin pretendido de defender la democracia y combatir el terrorismo, porque "la democracia no se refuerza con una legislación que vulnera derechos democráticos, ni el terrorismo se combate con una ley que reforzará las posiciones de quienes denigran la actual legalidad".

Según Azkárraga, un ejemplo lo ofrece el Frente Nacional de Le Pen en Francia: "Tanto la actividad como el ideario de Le Pen resultan absolutamente rechazables desde un óptica democrática, pero son perfectamente lícitos desde una perspectiva jurídica, siempre que esa actividad y ese ideario se expresen a través de los cauces legales establecidos".

El "trasfondo electoral" de la reforma

El Gobierno de Vitoria sostiene que en el proyecto existe un "trasfondo electoral", ya que el PP "considera que con la iniciativa tiene la oportunidad de probar su coraje y su firmeza en la lucha contra ETA", y el PSOE la secunda "para no dejar un flanco abierto en sus intereses electorales en el estado".

La posición del Gobierno Vasco destaca que la no condena de un partido de la violencia debe tener su reflejo en el ámbito político y ha recordado que "los vascos expresaron su rechazo" a Batasuna el 13 de mayo en las urnas, reduciendo a la mitad su representación.

En este sentido, Azkarraga ha señalado que la ilegalización de Batasuna "fomentará un proceso de clandestinización de importantes sectores sociales que se verán tentados a radicalizarse". El consejero ha concluido que, aparte de las consideraciones jurídicas, en lo político el proyecto es "el gran atajo del PP que victimizará a un sector de este país en claro declive".

Por otro lado, el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, ha manifestado a Radio Euskadi que, si se llega a ilegalizar a Batasuna, sólo "por las tanquetas" se podría evitar su representación en el Parlamento vasco. Para Atutxa, la medida, además de un error, es "cuasitotalitaria".