La eliminación de varias causas de disolución facilitó el pacto

El martes, a sólo treinta segundos de la hora tope para que el registro del Congreso cerrara su ventanilla, las ocho de la tarde, el ministro de Justicia, Ángel Acebes, dio su visto bueno a la fórmula final defendida por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, según cuentan los socialistas. El PP proponía que el Congreso y el Senado instasen al Gobierno, mediante una proposición de obligado cumplimiento, a que iniciase el proceso de ilegalización de una formación política. El PSOE planteó entonces una frase adicional en la que condicionaba el cumplimiento de la propuesta de las Cortes a la previa deliberación del Consejo de Ministros y siempre que se cumpliesen los motivos de disolución de un partido previstos en el artículo 9 de la ley, que previamente habían retocado los socialistas para eliminar algunas 'barbaridades jurídicas'.

El PSOE se empleó a fondo para limpiar de imprecisiones el artículo 9 de la ley

Fue el último rescoldo de la negociación, en la que participaron como intermediarios en su tramo final el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos y el subsecretario de Justicia, Ángel Astarloa, por el Gobierno, y el portavoz del PSOE, Jesús Caldera, y los diputados Alfredo Pérez Rubalcaba y Diego López Garrido por los socialistas. El PSOE defendió desde el principio que 'un partido no puede ilegalizar a otro partido' y, por ello, se oponía a que 50 diputados o 50 senadores pudieran promover directamente la ilegalización como proponía el PP.

La víspera del acuerdo, Zarzalejos y Pérez Rubalcaba habían encontrado una fórmula intermedia, que podría servir de base para el acuerdo, consistente en que el Congreso no instase directamente la ilegalización de un partido sino que lo hiciera a través del Gobierno. Pero a lo largo del martes, el asunto seguía empantanado porque la redacción propuesta por Zarzalejos y Astarloa establecía que la decisión del Congreso era de obligado cumplimiento para el Gobierno.

La negociación cerrada in extremis, hasta el punto de que las enmiendas se registraron siete minutos después del plazo límite, ya tenía por delante cinco días de vuelo. Empezó el jueves con un almuerzo entre Zarzalejos y Pérez Rubalcaba. Posteriormente, se unieron a ambos el ministro de Justicia, Angel Acebes; el portavoz del PP, Luis de Grandes; así como Caldera y Juan Fernando López Aguilar, por el PSOE. En la reunión surgieron tres puntos especialmente conflictivos a los que empezaron a dedicarse el domingo por la noche en el Ministerio de Justicia. A esa cita acudieron el secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, y el responsable socialista de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. En dicho encuentro se acordó retocar la disposición transitoria segunda que permitía interpretar que la ley podría aplicarse a conductas anteriores a su entrada en vigor.

Los socialistas recelaban del PP porque José María Aznar había proclamado que su Gobierno pediría la ilegalización de Batasuna un día después de que se aprobase la ley. Entendían que, con ello, Aznar daba a entender que la ley se podía aplicar con carácter retroactivo. El problema se zanjó al aclarar en el texto que la ley se aplicará 'a las actividades realizadas con posterioridad' a su entrada en vigor.

La reunión que decidió el acuerdo, según los socialistas, fue la celebrada el lunes en Justicia entre las diez de la noche y las dos y media de la madrugada. Los socialistas lograron retocar numerosos párrafos del artículo 9 de la Ley, que precisa las causas de disolución de un partido, y con ello, eliminaron imprecisiones que podían extender la ilegalización a formaciones por razones ajenas al terrorismo. En este sentido, una cuestión clave fue la desaparición del artículo 9. 2 que señala que 'un partido político será declarado ilegal cuando su actividad no se ajuste, de forma reiterada y grave, a los principios democráticos y los valores constitucionales'. El PSOE salió de la reunión convencido del acuerdo. Se cerró 18 horas después.