Así se gestó el pacto contra Batasuna

El 21 de marzo, como si se tratara de una película de acción y suspense, pocas horas después de que ETA asesinara al concejal socialista Juan Priedes mientras tomaba café, Jesús Caldera, portavoz parlamentario del grupo socialista, llamó al diputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar y le dijo: 'Suspende todo lo que tengas en la agenda. El Gobierno nos ha citado en el Ministerio de Justicia. Dicen que van a enseñarnos algo importante'.

Juan Fernando López Aguilar goza de prestigio en su partido como brillante catedrático de Derecho Constitucional. Además, es un hombre de la entera confianza de Caldera. Pero ni uno ni otro estaban preparados para digerir en una tarde el cuadro que se encontraron.

López Garrido: 'La clave del pacto ha sido concretar las causas de la ilegalización'

El PP y el PSOE dieron semanas de regocijo a quienes menos querían dárselas

Mientras Zapatero y Aznar se cruzaban acusaciones, Rubalcaba y Zarzalejos negociaban

En el despacho del ministro de Justicia les esperaba la plana mayor del PP: el ministro Ángel Acebes; el portavoz parlamentario, Luis de Grandes; el portavoz en el Senado, Esteban González Pons, y el propio secretario general, Javier Arenas. Por si hubiese algo que consultar, en una sala aledaña aguardaba un ex letrado del Parlamento vasco, quien tenía en la cabeza, según los propios socialistas y diversas fuentes del PP, toda la Ley de Partidos con sus puntos y comas: un personaje que no suele hablar con la prensa, casi alérgico a los focos y micrófonos: Ignacio Astarloa, subsecretario de Estado de Justicia. Y junto a él, su jefe, el secretario, José María Michavila.

Después de darles el pésame por el compañero asesinado y tras 45 minutos de comentarios generales sobre la gravedad del terrorismo, los del PP les presentaban a Caldera y a López Aguilar ni más ni menos que una ley para disolver a Batasuna. Y el PSOE, en principio estaba de acuerdo con la iniciativa. 'Sólo con la iniciativa', remarca López Aguilar.

'La ley era impecable', señala el subsecretario de Estado de Justicia, Ignacio Astarloa, el encargado de la letra pequeña. 'Una ley así se trabaja mucho. Y el Gobierno, en el momento que puso el papel encima de la mesa, sabía que era un papel impecable', añade Astarloa.

Entonces... ¿cómo se metieron PP y PSOE en un pantano de 58 días, lleno de ataques cruzados, desde aquel 21 de marzo hasta el pasado martes, en que se presentó el proyecto de ley en el Parlamento? ¿Por qué tanto si el objetivo era tan claro y preciso? La respuesta hay que buscarla en la reunión de aquella noche.El PP salió diciendo que el PSOE aquella noche estaba de acuerdo y que después comenzó a recular. Pero, ¿qué pasó exactamente en aquella reunión que empezó a las siete de la tarde y terminó a las diez de la noche?

Hubo socialistas que declaraban en confianza a los periodistas: 'A Caldera y a López Aguilar les han metido un gol. No tenían que haber dado el visto bueno a ley aquella noche, era impresentable, inconstitucional'.López Aguilar insiste en que el PP manipuló ante la prensa en días posteriores lo que ocurrió en el ministerio. 'Acebes se puso a leer en voz alta el texto de ley', recuerda López Aguilar. 'Y algunos párrafos eran extremadamente farragosos. No obstante, en cada artículo le fui haciendo observaciones [fuentes del PP reconocen que eso es cierto]. Y le dije al ministro: 'Ángel: éstas son las objeciones que yo veo aquí y ahora, a bote pronto. Pero cualquier otro constitucionalista hubiese visto otras que a mí ahora mismo no se me ocurren. En una democracia plural que se funda en los partidos, una ley que trata de disolver a un partido provocará un debate que va a hacer historia. Se van a publicar libros sobre esta ley. El PSOE apoya la iniciativa, pero tenemos que asegurarnos de que la ley sea técnicamente rigurosa porque se la va a bombardear con recursos de inconstitucionalidad. Y tiene que ser apoyada por cuantos más partidos mejor'. La iniciativa de la ley era buena, pero tal como estaba redactada pemitía ilegalizar a cualquier partido político bajo supuestos tan genéricos como fomentar o propiciar el odio. Había que afinar mucho más aquello'.

'En realidad tampoco queríamos', asume López Aguilar, 'que una vez más se dijera que el PP y el PSOE en la oscuridad del gabinete del doctor Caligari, de espaldas al resto de los partidos, habían pactado una ley que afectaba a todos los partidos'.

La reunión se conoce ya en el ambiente político como 'la noche de las almendras', porque según filtraron fuentes del PP a este periódico Juan Fernando López Aguilar tenía hambre y se le ofreció almendras, que era lo único disponible a esas horas. 'Comentar ese tipo de cosas me pareció tan mezquino... Como si me importara más la comida que la ley. Pero lo grave fue declarar que habíamos dado el visto bueno y que Caldera y yo nos contradecíamos... eso ya era impresentable', recuerda López Aguilar.

A raíz de aquello, Zapatero anunció que no habría reuniones si no se levantaba acta de todas ellas. Y comenzó el desencuentro en los periódicos. El 4 de abril: 'Zapatero propone que sólo la fiscalía pueda pedir la ilegalización de Batasuna'. Al día siguiente: 'Aznar critica la 'incoherencia de Zapatero por proponer cambios en la Ley de Partidos'. El presidente del Gobierno aseguraba que iba a 'mantener plenamente' el anteproyecto 'pactado' con el PSOE. Y Zapatero respondía horas después que no iba a polemizar con Aznar 'para no dar un minuto de satisfacción a los violentos'. No obstante, PP y PSOE siguieron dando minutos, horas y semanas de regocijo a quienes menos pretendían dárselos.

Pero, como en tantas batallas, siempre hay dos hombres encargados de limar asperezas por debajo de las cámaras y los micrófonos. Y esos fueron el diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y el secretario general de Presidencia, Francisco Javier Zarzalejos, a quienes les une cierta amistad desde que hace varios meses iniciaran negociaciones para que sus partidos llegasen a acuerdos sobre terrorismo. Esa amistad ha sido una de las claves en la consecución del pacto. 'Nos hemos reunido unas tres veces en secreto', revela Rubalcaba. 'En la prensa se hablaba de que si el Congreso debía estar involucrado en la petición de la ilegalidad o no. Pero eso no era un escollo importante. La clave era el artículo 9, el que hablaba de las causas para ilegalizar a un partido'.

El PP llevó su proyecto de ley al Parlamento a principios de mayo y sólo hay un plazo de quince días para presentar las enmiendas. Por tanto, si el PP y el PSOE querían ir de la mano en un pacto tan importante como es una ley para disolver a Batasuna, sus enmiendas debían ser aceptadas por el PP antes del martes 14 a las ocho de la tarde, que era la fecha límite en el Congreso.

El sábado previo a ese martes entra en juego el diputado socialista Diego López Garrido, quien se prepara en su casa la redacción de las enmiendas. 'Me he estudiado las enmiendas a la totalidad de la ley que han presentado IU, PNV, Esuko Alkartasuna, BNG, Iniciativa per Catalunya y Ezquerra Republicana y la Chunta Aragonesista. Las que están mejor argumentadas son las del PNV. Pero casi todos los partidos alegan las mismas razones en sus enmiendas: el hecho de que el proyecto de ley permitiría ilegalizar a partidos por causas etéreas, difusas, como que esos partidos no se ajusten a respetar los valores constitucionales. Algo de razón llevaban'.

López Garrido y López Aguilar tratan de que en el artículo 9, el que habla de las causas para ilegalizar a un partido, 'sólo se ilegalize a aquel partido que apoye el terrorismo, la violencia, el racismo y la xenofobia'. '¿Quién podría oponerse a eso? Hemos hecho unas enmiendas que recogen causas concretas y tasadas siempre ligadas al terrorismo', señala López Garrido.

López Aguilar se entrevistó el domingo con Michavila y Astarloa. Y el lunes comenzó otra reunión a las diez de la noche en el Ministerio de Justicia. Se hallaban los dos políticos del PP y los dos catedráticos en Costitucional del PSOE.

Otra reunión había empezado cuatro horas antes en Moncloa. Era la de Rubalcaba y el secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos, quien tenía hilo directo con Acebes, Arenas y Aznar, según Rubalcaba.

A las doce y media de la noche, los grandes jefes -Zapatero, Caldera, Acebes, Arenas y Aznar- desconectaron sus teléfonos. 'Pero todo estaba encarrilado', señala Rubalcaba. A los dos y media de la madrugada terminó la reunión en Justicia y en Moncloa.

Pero nadie se fiaba completamente de nadie. El martes por la mañana, Javier Arenas convoca una conferencia de prensa al mediodía que fue desconvocada al poco tiempo. 'De esa desconvocatoria se ha comentado varias cosas', comenta Rubalcaba. 'Pero lo cierto y verdad es que se enteraron de que Zapatero convocó una conferencia. Y Arenas creía que era para referirse al pacto, tal vez para romperlo. Llamé inmediatamente a Zarzalejos y le expliqué que Zapatero sólo iba a hablar de su encuentro con José María Fidalgo. Y entonces la desconvocaron'.

Finalmente, PP y PSOE lograron un acuerdo. Y se aseguraron el apoyo de CiU y Coalición Canaria, lo que supene el 90% de la Cámara. Una vez firmado el pacto, cada grupo quiso quitarle importancia a aquello en lo que supuestamente había cedido. Para los socialistas, la ley ha quedado perfecta, han conseguido poner prácticamente todo lo que querían.

En cuanto al PP, para Ignacio Ástarloa, subsecretario de Justicia, la ley ha quedado prácticamente igual que estaba en la noche del 21 de marzo. 'Sólo había discrepancias por cuestiones de sensibilidades semánticas', añade Michavila. 'Pero al final hemos conseguido que se involucre el Congreso'.

Y ahora... ¿si el PNV decidiera convocar un referéndum sobre la independencia del País Vasco, se le podía aplicar la ley? 'Antes sí, ahora, con nuestras enmiendas, sería imposible', señalan los socialistas López Garrido y López Aguilar. 'Ni con nuestro anteproyecto ni con las enmiedas del PSOE tampoco. Imposible', les contradice Ignacio Astarloa.

El catedrático de Derecho Constitucional y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, cree que el proyecto de ley, aunque no es el que él hubiese preferido, 'ha quedado mejor ahora'. 'Y es bueno que sean las Cortes quienes tomen la iniciativa de disolver a Batasuna aunque no sean ellas quienes ejecuten la acción de presentar la demanda, sino a través del Gobierno'.

Y la pregunta fundamental. '¿Servirá para algo la ley?' 'Eso ya no lo sé; cuando intentas algo nuevo, nunca lo tienes todo asegurado', señala el catedrático.

'Llevamos 25 años mareando la iniciativa', añade Michavila, 'y que por fin la hayamos puesto en negro sobre blanco sin complejos, ya es un gran logro'.

Entonces..., ¿cuándo va a entrar en vigor la Ley de Partidos que permita la ilegalización de Batasuna? Ni Astarloa ni Michavila se atreven a dar plazos. En el PSOE, sin embargo, creen que el Congreso puede aprobarla antes de junio. ¿Y cuándo se iniciaría la ilegalización de Batasuna'.

'Eso ya es una cuestión política, no técnica. Batasuna tendría que cometer de forma reiterada las conductas que describe la ley. Y eso significa que pueden pasar meses, una vez aprobada la ley, antes de que se ponga en práctica', concluye Diego López Garrido.