Consenso necesario
Era esencial que populares y socialistas llegaran a un acuerdo sobre el proyecto de Ley de Partidos, y es particularmente importante que se haya incorporado a este consenso el nacionalismo catalán de CiU. PP y PSOE estaban obligados a ello por su pacto antiterrorista y también por puro sentido de la responsabilidad. Una ley que incide en las reglas de juego democráticas, que se ha presentado como instrumento para la ilegalización de Batasuna y que cuenta de saque con la oposición frontal de los partidos nacionalistas vascos, nacería con una enorme debilidad si contase con el exclusivo apoyo del partido del Gobierno.
El acuerdo ha sido posible porque éste no ha llevado hasta el final la actitud de desprecio hacia el consenso evidenciada en pronunciamientos que más parecían destinados a empujar a Zapatero a romper la baraja. El planteamiento parecía ser que si había acuerdo, bien, y si no lo había, mejor: el PP se quedaría solo en la defensa de un objetivo que goza de un amplio apoyo social. Sin embargo, es evidente que si la ley es recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, como ha insinuado que está dispuesto a hacer el PNV, tendrá mejor defensa si cuenta con el aval de Gobierno y oposición que sólo con el del PP.
Finalmente serán las cámaras en cuanto tales -sus mayorías, por tanto- quienes puedan instar la ilegalización de un partido. Pero lo harán a través del Gobierno, que deberá oficializarla tras deliberación del Consejo de Ministros. Se trata con ello de evitar la impresión de que un partido pueda solicitar al poder judicial la prohibición de otro. El razonable acuerdo sobre la cuestión de la retroactividad ha permitido el consenso y favorecido la incorporación al mismo de los nacionalistas catalanes.
La ley se justifica -en lo relativo a las causas de disolución- por la necesidad de impedir que se beneficien de las ventajas de la legalidad organizaciones que forman parte del entramado terrorista y de evitar, al mismo tiempo, que el efecto sea prohibir fines o ideas. En teoría ello se puede conseguir por la vía penal. Pero en la práctica esa vía ha resultado por el momento inoperante y, en todo caso, no es incompatible con la existencia de otra que se proponga el mismo fin desde la perspectiva de la defensa de los principios democráticos desde las instituciones. Las modificaciones planteadas por los socialistas y aceptadas por el PP aspiran a dejar sin fundamento los temores de quienes han dicho que se trata de 'criminalizar las ideas' o que 'hoy van contra Batasuna y mañana vendrán a por nosotros'.
