El Gobierno argentino abre el camino legislativo para obtener la ayuda del FMI

La débil coalición parlamentaria que sostiene al presidente argentino Eduardo Duhalde logró aprobar en el Senado, en medio de los gritos y las acusaciones de la oposición, la derogación de la Ley de Subversión Económica que permitía a los jueces someter a proceso a los banqueros y, tras otro escándalo similar en la Cámara de los Diputados, aprobar también las reformas a la Ley de Quiebras. Las dos leyes forman parte de las condiciones que exige el Fondo Monetario Internacional para reanudar la asistencia financiera al país, suspendida desde el pasado octubre.

La Ley de Subversión Económica, aprobada en 1974 cuando el Gobierno peronista de entonces intentaba descubrir las fuentes de recursos de la guerrilla, fue utilizada luego por la dictadura militar para justificar la expropiación de bienes y era un instrumento en desuso desde principios de los años ochenta hasta que los jueces la rescataron, después de montado el corralito alrededor de los bancos y ante la crisis del sistema financiero, para justificar las investigaciones y los procesos abiertos contra los acusados de ser cómplices en la fuga de divisas del país.

La derogación de la ley es una medida que arropa a la banca y una forma de devolver la confianza a los inversores y de calmar la estampida judicial de demandas de los ahorristas en reclamo de sus depósitos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no quiere que la legislación argentina haga responsables a los banqueros de la crisis financiera. Según el fondo, esta ley desincentiva la presencia de la banca extranjera y descarga sobre la banca la responsabilidad del corralito, una medida adoptada por el Ejecutivo y no por las entidades.

Legislación imprecisa

Los críticos a la derogación proponían el reemplazo de una ley de alcances tan imprecisos por la inclusión de artículos específicos en el Código Penal. Los grupos parlamentarios mayoritarios pactaron su propia reforma, pero el acuerdo no funcionó en el Senado ante la sospecha y las acusaciones de algunos legisladores en el sentido de que se pretendía liberar y dejar impunes a los banqueros detenidos o bajo proceso.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, el peronista Eduardo Camaño, dijo que el proyecto para derogar la mencionada ley será enviado a las comisiones legislativas, que deben analizarlo antes del debate en el plenario.

No obstante, ya hay abiertos procesos por violar esta Ley de Subversión. En uno de esos casos, contra el Banco Río (filial del SCH), un juez argentino citó a Ana Patricia Botín para que prestase declaración el próximo 20 de mayo, en una causa por supuestas maniobras defraudatorias en perjuicio de los ahorristas. Un día más tarde deberá declarar William Sutton, titular del banco canadiense Nova Scotia, que en Argentina controla al Scotiabank Quilmes, entidad que suspendió pagos.

Por otra parte, el debate sobre la Ley de Quiebras en la Cámara de los Diputados fue igualmente escandaloso, pero entre fuerzas más dispares. La mayoría aprobó las reformas por 178 votos positivos contra 47 negativos. Esta ley ya había sido retocada el pasado enero, pero entonces el FMI consideró que beneficiaba a los deudores. Los diputados reclamaban a su vez la protección a las empresas de capital nacional que irían a la quiebra, después de la devaluación del peso en un 200%, porque no podrían afrontar sus deudas en dólares por créditos tomados en el exterior.

El nuevo texto restituye el sistema que permite al acreedor, o a un tercero, hacerse cargo de la empresa en quiebra, pero pone determinados límites para evitar el riesgo de una liquidación o entrega masiva de bienes a bajo precio. Las reformas incluyen, además, la suspensión de ejecuciones judiciales por 180 días, un periodo de exclusividad de entre 90 y 10 días para que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores y, cumplido ese plazo, si considera que la propuesta es razonable, un juez puede 'imponer' el acuerdo aun cuando no cuente con la aprobación de todos los acreedores. La reforma no alcanza a las empresas propietarias de cadenas de radio y televisión, sometidas a su vez a la Ley de Radiodifusión. Los diputados trataron de cubrir con esta excepción al Grupo Clarín, el de mayor influencia en el país, que mantiene una campaña en defensa de 'las empresas argentinas'.