La huelga general convocada por los sindicatos argentinos divide al peronismo

El Gobierno peronista debe resolver en 15 días el debate ideológico que se ha desatado en su partido desde que los gobernadores acordaron con el presidente interino, Eduardo Duhalde, un plan de 14 puntos basado en las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ala dura del sindicalismo peronista, liderada por el camionero Hugo Moyano, opuesto al plan, convocó a la huelga el próximo 14 de mayo y a un acto en la plaza de Mayo de la capital para forzar al jefe del Estado a que decida 'si de una vez por todas se pone del lado del pueblo o del FMI'.

La opción que la mayoría de los líderes peronistas ha tomado -aceptar los requisitos del FMI ante la evidencia de que Argentina no puede salir de la dramática crisis sin asistencia financiera internacional- puede fracturar aún más al peronismo. La disputa se ha instalado en el seno del Ejecutivo y en el Congreso, donde las cámaras aún no han comenzado el debate sobre las leyes que reclama el Fondo y que pactaron los gobernadores con el presidente.

El plazo inicial de 90 días para la puesta en marcha del programa aprobado hace poco más de una semana parece reducido ahora a los próximos 15 días. 'O lo echa el Fondo o lo echa el pueblo', insiste Moyano. Los punteros políticos peronistas de la provincia de Buenos Aires, como se llama a los caudillos de los distritos más importantes, trabajan ya sobre el supuesto de que las elecciones serán anticipadas a septiembre de este año.

En dos semanas el Ejecutivo debe lograr tres objetivos: que el Congreso derogue la Ley de Subversión Económica, que permitió a los jueces investigar a los banqueros; reformar la Ley de Quiebras, aprobada hace sólo dos meses en beneficio de las empresas argentinas que debían pagar créditos tomados en dólares; y aprobar el plan de canje compulsivo de bonos de deuda en dólares a pagar dentro de 10 años que serán entregados a los ahorradores con depósitos a plazo en los bancos a cambio de su dinero. Se trata de un plan similar al que provocó la renuncia del ex ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, cuando fue rechazado hace sólo dos semanas.

Juan Carlos Romero, gobernador peronista de Salta, al norte del país, fue el primero en firmar el pacto fiscal por el que se compromete a reducir en un 60% la deuda de su Administración. El compromiso, que deben suscribir todas las provincias, es otra demanda del FMI.

El presidente Eduardo Duhalde dijo ayer que en una semana se derogarán y reformarán las leyes necesarias, se firmará el pacto con el resto de las provincias y se quitarán los últimos obstáculos para la firma de la carta de intención con el FMI. Para Duhalde, 'Argentina no puede ser la mosca blanca, el único país en el mundo que en situaciones graves de recesión no tenga ayuda internacional. El sacrificio que tendría que hacer el pueblo sería mucho mayor aún del gran sacrificio que está haciendo hoy'. Duhalde aclaró además que 'el Estado nacional no es responsable por los bancos privados, sólo por la banca pública'.

Los gobernadores peronistas no han avanzado más allá de un apoyo formal y rechazaron las ofertas para colocar hombres de su confianza en el Ejecutivo. Duhalde debió recurrir a la designación de la diputada Graciela Camaño, esposa del sindicalista y senador Luis Barrionuevo, como ministra de Trabajo para asegurarse un apoyo parlamentario que de hecho se ha reducido a niveles de riesgo. El peronismo no cuenta ya con el voto de los grupos parlamentarios que integraban la alianza entre radicales y peronistas disidentes. El pacto con Barrionuevo, uno de los llamados gordos del sector blando o dialoguista de la Confederación General del Trabajo, afectó aún más la imagen pública del débil liderazgo político que aún conserva el presidente.