Cuatro inspectores examinan los cursos que imparte el organismo tras la comisión de investigación de 2001

El Instituto Madrileño para la Formación y Empleo (Imefe) ha estado en el punto de mira de la oposición municipal (IU y PSOE) desde que en enero de 2001 se destapara que había pagado más de 240.000 euros por cursos para presos que no se impartieron. Además, estos cursos habían sido sufragados, en última instancia, con fondos de la Unión Europea. Debido al escándalo, el Ayuntamiento de Madrid devolvió a Europa el dinero.

El alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, ordenó en febrero del año pasado constituir una comisión de investigación, integrada por representantes de todos los grupos políticos, para examinar los expedientes y las contrataciones del Imefe desde 1994 a 1999.

La oposición denunció múltiples irregularidades: firmas falsas para justificar el número de alumnos, encargos 'a dedo' a determinadas empresas, descontrol completo de las cuentas... y solicitó la destitución de la presidenta del Imefe, María Antonia Suárez, y la del entonces gerente, Ricardo Peydró. Éste presentó su dimisión al término de la comisión de investigación (mayo de 2001), pero el regidor respaldó siempre a Suárez, que continúa al frente del organismo.

Una de las consecuencias de la comisión de investigación es la creación, a partir de junio de 2001, de una unidad especial de Inspección de Servicios, integrada por cuatro personas. Así queda reflejado en el informe de la Cámara de Cuentas relativo al año 2000 que ha sido remitido ya a la Asamblea de Madrid.

'Las visitas [de la inspección a los cursos] se realizan por sorpresa , teniendo la facultad los inspectores para solicitar cualquier documentación o información necesaria'.

Dos miembros de la Cámara de Cuentas acompañaron a estos inspectores en tres controles. Durante estas inspecciones, los miembros del Imefe comprobaron que la empresa que impartía las clases cumplía con lo ofertado en el contrato firmado previamente. El informe de la Cámara de Cuentas concluye: 'En líneas generales, el procedimiento [de control] utilizado es adecuado a la finalidad que persigue'.