Uni2 incumple sus acuerdos con el Gobierno catalán, que fueron avalados por 28,9 millones

El operador al-pi, controlado por Uni2 y fruto de la mayor privatización realizada por el Gobierno catalán, se ha convertido en una patata caliente para la Generalitat. Uni2, filial de France Télécom, no está cumpliendo los compromisos de empleo, inversión y estrategia que asumió con avales de 28,85 millones de euros en 1999, un año más dulce que el actual para el sector, tras hacerse con el 75% de al-pi por 78,13 millones de euros. Antes de plantearse ejecutar los avales, la Generalitat prefiere negociar con Uni2 para que al-pi no sea una mera sucursal de este operador.

La privatización del negocio del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, que se ha troceado en varias empresas -entre las que está Catalana de Telecomunicacions, que opera en el mercado de empresas catalán con la marca comercial al-pi- es la mayor acometida por el Gobierno catalán. Desde el principio ha generado polémica.

Uno de los trozos, el operador de infraestructuras de telecomunicaciones Tradia, fue adjudicado, sin concurso previo, directamente a la concesionaria de autopistas Acesa, con el argumento de que había que 'asegurar su catalanidad'. Acesa está controlada por La Caixa.

El otro trozo, al-pi, sí fue adjudicado por concurso, y lo ganó Uni2 tras pagar una cantidad cuatro veces más elevada que el precio de salida fijado, que sólo ascendía a 12,6 millones de euros. La filial española de France Telecom se presentó al concurso después de que se lo recomendara la firma Europraxis, de la que es fundador y principal estratega Josep Pujol, uno de los siete hijos del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

El elevado precio pagado por Uni2 para obtener la adjudicación de al-pi (49,38 millones de euros, cifra que se elevó a 78,13 millones de euros tras aumentar de inmediato el control sobre al-pi a un 75%) se explicó, en el contexto de 1999, por el interés de Uni2 en usar esta plataforma catalana como un trampolín más para competir en su propio terreno con Retevisión, con sede en Barcelona. Además del precio y del respaldo tecnológico que suponía un peso pesado como France Télécom, en favor de Uni2 pesó una serie de compromisos que la Generalitat quiso amarrar para potenciar su Euskaltel catalán. Uni2 avaló estos compromisos con 28,85 millones de euros.

Entre las promesas más significativas figuran una inversión acumulada en 10 años (el plazo se cumple a finales de 2008) de 288,49 millones de euros, la creación de 540 empleos en Cataluña y la centralización en Barcelona de la actividad de Investigación y Desarrollo (I+D), ingeniería de clientes y márketing estratégico. Todo ello, corolado con un modelo de negocio que no planteara duplicidades entre la actividad empresarial de al-pi y la de Uni2 en Cataluña. La Generalitat, que aún posee el 25% de al-pi, entendió que todos los clientes de Uni2 en esta comunidad debían ser objeto de un trasvase a al-pi.

Cambio de escenario

Pero el marco en el que se pactaron los compromisos recogidos en centenares de folios ha cambiado, tres años después de la adjudicación. El hecho de que France Télécom se quedara sin licencia de telefonía móvil necesariamente ha rebajado el interés del gigante francés por el mercado español, un hecho objetivo al que sigue una estela de rumores sobre sus planes futuros en España. Los cambios en la cúpula de Uni2 que se derivaron del control al 100% por France Télécom han llevado a al-pi a ver pasar tres primeros ejecutivos en tres años: Ignacio Vidaurrázaga, Carlos Bages y Aime Brial.

Los compromisos en inversión y empleo se cumplieron hasta diciembre de 2001. Este año, la cosa cambia: según los planes iniciales, en 2002 deberían invertirse 108,18 millones de euros, pero sólo se han presupuestado 84 millones. Tras aterrizar en el cargo, el responsable de France Télécom en España, Hervé Kauffmann, ya dejó claro que se invertiría en función de la rentabilidad. Este año, la cifra de empleados debería superar los 400, pero el año acabará con una cifra inferior a 300, después de que, en 2001, se produjera además un goteo de contratos rescindidos, según fuentes próximas a al-pi. La búsqueda de sinergias ha centralizado la I+D en Madrid, y hay discrepancias entre Uni2 y la Generalitat sobre los clientes a trasvasar.