El operador al-pi nunca se comprometió a conectar por cable este año todas las capitales de comarca

Ignacio Vidaurrázaga, ex consejero director general que tuvo el operador Catalana de Telecomunicacions (al-pi), compareció ante el Parlament el pasado mes de octubre para informarle sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por Uni2 al comprar un 65% de al-pi a la Generalitat por 8.000 millones de pesetas. La empresa desembolsó, además, 5.000 millones, al ampliar su participación al 75%.

Vidaurrázaga admitió en aquella ocasión que los centros sanitarios y de enseñanza secundaria públicos de Cataluña no podrían estar conectados antes del año 2003, lo que implicaba no poder conectar todas las capitales de comarca. La fecha de 2001 era inalcanzable. A las pocas semanas de la comparecencia, Vidaurrázaga salió de la empresa por 'motivos personales'. Los diputados reaccionaron con preocupación ante el retraso en el despliegue de la fibra óptica, convencidos de que existía una fecha-guillotina.

Después de la privatización de al-pi, el Parlament asumió el plan estratégico Catalunya en Xarxa, que sí recoge el objetivo de que el cable llegue a las capitales de comarca en 2001. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha reiterado más de una vez este compromiso político.

Afirmación polémica

Todo el mundo daba por hecho que al-pi tenía un compromiso, inexistente a menos que fuera verbal. El propio secretario para la Sociedad de la Información, Carles Martín, declaró en una reciente entrevista a EL PAÍS que la Generalitat trabaja en posibles medidas para 'tirar de las orejas' a al-pi porque 'los compromisos hay que cumplirlos'. Su afirmación no ha sentado bien en algunos sectores del Gobierno catalán. Fuentes de la Secretaría para la Sociedad de la Información señalaron ayer que las declaraciones de Martín 'se basaban en lo que dijo en el Parlament Ignacio Vidaurrázaga'.

Pero la conexión de las capitales de comarca en el año 2001 nunca fue un compromiso asumido por Uni2, propietaria del 75% de al-pi. Sí es cierto que la Generalitat, que aún posee el 25% restante, firmó un convenio con el consorcio de ayuntamientos Localret, al que fuentes de la Generalitat atribuyen la confusión. Dicho convenio fija que, en marzo de 2001, 'todas las capitales de comarca deberían estar conectadas mediante enlaces fijos de fibra óptica a las redes de banda ancha y de servicios avanzados de telecomunicaciones en Cataluña', según consta en un informe de Localret.

Por el contrario, el Contrato de Prestación de Servicio de Red Corporativa de Telecomunicaciones, firmado el 30 de noviembre de 1998 entre el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat y la empresa Catalana de Telecomunicacions, no menciona el año 2001. El 'compromiso' que sí consta es el de 'llegar con banda ancha a los edificios corporativos, de enseñanza y ambulatorios antes del 31 de diciembre del año 2002'.

El pasado martes entró en acción el conseller en cap, Artur Mas, que se reunió con la presidenta de al-pi, María Victoria Hernández -en presencia del nuevo consejero director general, Carles Bages- 'para presentarse mutuamente', según la empresa. Ayer, ésta difundió un comunicado aclaratorio en el que subraya que 'ha cumplido con todos los compromisos derivados del concurso y del acuerdo posterior con la Generalitat': en empleo, servicios e inversiones. La inversión hasta el pasado 31 de diciembre alcanza los 13.425 millones de pesetas, lo que significa un cumplimiento del 97%.