El Gobierno de CiU agota la privatización de su red de telecomunicaciones

Esa cifra se alcanzará cuando se produzca la venta de las últimas prendas que le quedan a Feu: el 13% del operador de infraestructuras de telecomunicaciones Tradia que, de acuerdo con la evaluación que realizó el Deutsche Bank en el momento en el que fue privatizada, puede suponerle unos 5.400 millones de pesetas, y el 25% del operador de cable dirigido al mercado empresarial al-pi telecomunicacions, por el que el Gobierno catalán estima que podrá obtener algo más de 2.200 millones.

La venta de ambos operadores, que la Generalitat quiere realizar a lo largo de este año, culminará la privatización tanto del Centro Informático de la Generalitat (Cigesa) como la venta a trozos de las sociedades del Centro de Telecomunicaciones, un ente público creado en 1993 con el objetivo de 'ordenar y mejorar' la gestión de los servicios de telecomunicaciones corporativos de la Administración pública autonómica. Este último centro era propietario de una red de infraestructuras que servía tanto para dar señal televisiva a los ciudadanos -los repetidores de la televisión catalana- como para proporcionar servicios de telefonía móvil relacionados con la seguridad de la población -a los bomberos o a la policía autonómica-, sin olvidar los servicios de voz, para el propio consumo de los distintos departamentos y servicios de la Generalitat, mediante su propia red.

Cambios vertiginosos

La estructura del Centro de Comunicaciones fue complicándose durante la década de 1990, al hilo de los cambios vertiginosos en el sector de las telecomunicaciones. Así, le salieron dos hijas. Hace tres años, le creció una sociedad llamada Catalana de Telecomunicacions Operadora de Xarxes. En 1999, el centro creó otra sociedad filial, bautizada como Difusió Digital de Telecomunicacions.

La primera de estas sociedades, Catalana, se hizo cargo de la red relativa a los servicios de voz y transmisión de datos de la Generalitat, que contaba con una red de 500 kilómetros de fibra óptica que unía los distintos edificios públicos pertenecientes a la Administración autonómica catalana. La segunda, Difusió Digital, agrupaba la red de la radio y la televisión convencionales, que prestaba servicio en exclusiva a los medios de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV). La Generalitat justificó esta nueva filial no sólo por el horizonte de un nuevo mercado televisivo y radiofónico digital terrestre, sino con vistas al fin del monopolio de que disponía Retevisión para la televisión convencional.

Cuando se crearon ambas filiales, el Gobierno catalán ya tenía en mente la privatización de su red de telecomunicaciones. En febrero de 1998, el consejero de Industria, Antoni Subirà, ya había declarado que el Gobierno catalán estaba elaborando un calendario para la venta 'a corto o a medio plazo, total o parcial' del Centro de Telecomunicaciones. Miquel Puig, que estrenó el cargo de nueva creación de comisionado para la Sociedad de la Información de la Generalitat y presidía el Consejo de Administración del Centro de Telecomunicaciones (hoy los preside el conseller en cap, Artur Mas), nunca escondió que el anuncio tenía intención: saber qué interés podía despertar la red de telecomunicaciones pública entre potenciales compradores.

La obsesión del presidente catalán, Jordi Pujol -cuyos colaboradores en la materia no dejan de insistir en que la Generalitat carece de competencias sobre telecomunicaciones, y que sólo puede limitarse a 'promover y vigilar' el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los operadores con presencia en Cataluña-, ha sido doble.

El Gobierno de CiU ha querido poblar el desierto de un sector puntero como las telecomunicaciones en esta comunidad autónoma atrayendo a operadores con intereses en esta industria. Este desierto contrasta con la importancia del mercado catalán para cualquier operador que preste sus servicios en el resto de España, y el establecimiento en Cataluña de alguno de ellos sería para la Admnistración catalana una vía para conseguir dinero con el que reducir las proporciones de su deuda y, en particular, la que arrastra la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que hoy asciende a 104.000 millones de pesetas. El primero de estos objetivos era compartido por la oposición socialista. El segundo despertó sus críticas. El diputado Miquel Barceló, de PSC-Ciutadans pel Canvi, ha insistido en numerosas ocasiones en destinar estos fondos a nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, particularmente en las zonas donde no lleguen los operadores por considerarlas menos rentables. El Departamento de Presidencia mantiene que no ha habido compromiso.

Socio catalán

La primera privatización que se llevó a cabo fue la de Cigesa, que existía desde la primera mitad de la década de 1980. El comprador fue, en diciembre de 1998, Debis Systemhaus, filial tecnológica del consorcio automovilístico Daimler Chrysler, que pagó por el 100% de Cigesa 3.000 millones de pesetas. Como la Generalitat necesitaba controlar los servicios informáticos, se quedó con 25 informáticos de Cigesa, que pasaron a trabajar para el Centro de Telecomunicaciones. Posteriormente, el 50,1% de Debis, que se había comprometido a invertir en España 6.000 millones de pesetas en cuatro años, pasó a una filial de Deutsche Telekom, T-Systems. El primer operador alemán pretendía así reforzar su posición en la tecnología de las telecomunicaciones, además de acceder a los grandes clientes nacionales e internacionales de Debis. En España, los primeros clientes de T-Systems son el grupo Allianz, La Caixa y la propia Generalitat. El año pasado, la compañía, dirigida por Vicenç Yeves, tuvo un volumen de negocio de 23.615 millones de pesetas. Su sede central está en Barcelona, pero la sede social está en Madrid. De los 1.844 empleados de T-Systems España, 800 están en Cataluña.

La segunda operación que efectuó la Generalitat estuvo relacionada con el Centro de Telecomunicaciones, ya que abrió un concurso para privatizar su filial Catalana de Telecomunicaciones. Uni2, operador controlado en un 69% por France Telecom, se hizo con el 65% tras presentar la oferta más elevada de entre las otras cuatro firmas que pujaron (Comunitel, GTS, Worldport y Cable i Televisió de Catalunya): 8.216 millones de pesetas, 6.120 millones más que el precio mínimo previsto en el concurso. Al mismo tiempo, Uni2 amplió capital para elevar su participación al 75% del accionariado, lo cual le supuso un desembolso adicional de 5.056 millones. El 25% continúa en manos de la Generalitat, que quiere venderlo, en principio este año, a un 'socio catalán'.