Derechos humanos y democracia 'versus' justicia y libertad

En el Pleno de ayer, el Parlamento Europeo debía aprobar un informe sobre El Papel de la UE en el Fomento de los Derechos Humanos y la Democratización en Terceros Países, que me ha correspondido elaborar como titular de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Si bien no existen en teoría diferencias de enfoque entre las Instituciones de la Unión a la hora de abordar el desarrollo y la consolidación de la democracia y los derechos humanos, los problemas comienzan a la hora de pasar del terreno de la retórica al terreno de lo concreto. De hecho, en la mayor parte de los casos, bien podría decirse que el Consejo -y aun a menudo la Comisión- tienden a hacer la vista gorda ante las violaciones constatadas. Y no es menos frecuente observar cómo las exigencias democráticas a nuestros socios vienen muy por detrás de los intereses económicos y comerciales de la Unión y de sus Estados miembros individualmente considerados.

En este contexto, el objetivo de este Informe no es reiterar de nuevo la ya de sobra conocida doctrina de la Unión en la materia, sino el de presentar propuestas de acción concretas, relativas tanto a la fase de negociación de los acuerdos de todo tipo entre la Unión Europea y los terceros Estados, como a la de aplicación de los mismos, así como a la de su eventual suspensión.

Porque si bien es cierto que para impulsar sus objetivos en esta materia, la UE dispone de un gran número de instrumentos, no es menos cierto que en el momento actual se adolece de una clamorosa falta de utilización coherente y decidida de los mismos. Unos son de naturaleza diplomática o de política exterior, y se utilizan con discrecionalidad y oportunismo político la mayoría de las veces. Otros, de variada condición, presentan el elemento característico común de no ser a menudo suficientemente explotados, tal y como sucede con los instrumentos comunitarios existentes en materia de medio ambiente, comercio, sociedad de la información e inmigración.

Es tal la falta de coherencia entre lo pactado y su efecto que, a veces, cabría plantearse la eficacia de la propia cláusula democrática, sobre todo a la luz de la aplicación práctica de la que ha sido objeto hasta la fecha. En mi opinión, la UE debe establecer ya nuevos mecanismos de control dirigidos a reforzar los ya existentes, de forma que permitan comprobar el respeto de los derechos humanos y los procesos de democratización por parte de cualquiera de sus socios, tanto políticos como económicos. El examen de la evolución de violaciones de derechos humanos tales como la tortura y la pena de muerte, el grado de libertad de observadores internacionales y defensores de derechos humanos para actuar libremente y hablar en defensa de los más desfavorecidos y, sobre todo, la exigencia por la Unión del más estricto cumplimiento de lo convenido en los acuerdos que con ella vinculan a los terceros países, podrían constituir utilísimos indicadores.

Para enfrentarse decididamente con este reto y superar la palabrería al uso, es por lo que en este informe se propone la elaboración de un Código de Conducta Interinstitucional que confiera mayor coherencia y equidad a la acción exterior de la Unión en materia de democratización y derechos humanos, estableciendo para ello una serie de normas de actuación que regirán las relaciones entre la UE y los más de 120 terceros Estados a los que es aplicable actualmente la cláusula democrática.

Este Código Interinstitucional constituirá una gran novedad a la hora de abordar la responsabilidad de las instituciones iuropeas en la promoción de los derechos humanos en el mundo, pues pondrá negro sobre blanco el conjunto de deberes hacia nuestros socios y también ante nosotros mismos. No les oculto que ha habido algunas tensiones antes de que se aceptara un texto de estas características. Porque hay quien piensa que hay que ser más realista. Pero, precisamente por eso, por ser realista, es por lo que pienso que es hora ya de que nos enfrentemos con el doble lenguaje y la hipocresía a la hora de actuar con según qué socios económicos o ante según qué situaciones. Y así lo han entendido una gran mayoría de parlamentarios.

Porque no se puede permitir que sigan empobreciéndose todavía más los países y las gentes más pobres del mundo -que reúnen al 80% de la población de éste-, lo que constituye, además de una vergüenza, uno de los mayores riesgos para la seguridad interior y exterior de la Unión. En efecto, no hay fuerza humana ni barrera alguna que pueda detener la desesperación creciente de las inmensas capas de población mundial sumidas en la ignorancia y en la miseria más absolutas. Por eso, aunque no fuera por razones de estricta solidaridad, justicia y reparación moral como correspondería a la Unión, el propio interés egoísta de ésta y el de sus Estados miembros aconsejaría hacer de la lucha contra la ignorancia y la pobreza uno de los objetivos geopolíticos básicos de nuestra política exterior.

El mundo ya no es lo que solía ser, en efecto, de modo que la política exterior de la Unión debe de tomar en cuenta este nuevo hecho, que presenta implicaciones novedosas y que exceden con mucho el manido mecanismo de las soluciones militares o de seguridad. Hacer frente a los grandes conflictos que provocan la mezcla explosiva constituida por numerosos pueblos y países pobres, sumidos en la ignorancia y la desesperación, y gobiernos corruptos y dictatoriales requiere otras actitudes y otros compromisos.

En términos prácticos, una buena manera de conjurar tales riesgos es apostar de verdad y poniendo en marcha todos los instrumentos políticos y económicos por implantar la democracia y los derechos humanos, la justicia y la libertad en el conjunto de los numerosísimos países socios de la Unión Europea. Porque no hemos de olvidar que las contradicciones, la falta de unanimidad, de coordinación y de unidad de acción son el peor enemigo de los derechos humanos. Y que aún sigue vigente la pregunta de cuánta pobreza tolera la democracia. Sólo si somos valientes, hacemos la debida autocrítica y nos arriesgamos a ganar esta batalla, daremos la respuesta correcta. Me parece que hace demasiado tiempo que el mundo la está esperando.

Rosa Díez González es presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.