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REPORTAJE

Los secretos de las cuentas del BBV en Puerto Rico

El juez Baltasar Garzón ha solicitado al BBVA que le envíe toda la documentación sobre tres importantes operaciones realizadas por la entidad, mediante las cuales obtuvo el control de otros tantos bancos en México (Mercantil Probursa), Colombia (Banco Ganadero) y Perú (Banco Continental). El juez sospecha que estas operaciones implicaron el blanqueo de capitales y el pago a políticos, entre otros posibles delitos. En Puerto Rico, Garzón cuenta con documentación sobre los créditos concedidos por el Banco Bilbao Vizcaya International Investment (BBVII), listados de transferencias y, sobre todo, con el testimonio de un testigo protegido que sostiene que, durante la compra del Banco Ganadero de Colombia, el banco español ayudó al principal accionista de la entidad colombiana a blanquear decenas de millones de dólares.

Este caso es independiente del de las cuentas secretas en Jersey del antiguo BBV, aunque ahora el juez las instruye de forma conjunta, tras solicitar al Banco de España que paralizase el expediente abierto a la entidad financiera que preside Francisco González.

En esencia, la operación tuvo dos ramales, según la documentación y los testimonios recabados por Garzón. En uno de los ramales, Marco Aurelio Royo Anaya, uno de los principales accionistas del Banco Ganadero, depositó 212 millones de dólares en una cuenta de BBV Privanza Suiza. Paralelamente, BBVII, en Puerto Rico, concedió dos créditos, por importe de 100 millones de dólares cada uno, a Royo Anaya, que llegaron a cuentas del propio Royo en una serie de transferencias (ver cuadro). Al final del proceso, Royo Anaya dispuso de ese dinero, cuyo origen era limpio, pues estaba respaldado por un crédito del BBVII, según los documentos de trabajo de un agente del FBI a los que ha tenido acceso este periódico.

En este extremo coincide también Nelson Rodríguez, el principal testigo protegido de los que interrogó Garzón en Puerto Rico, quien explicó al magistrado que los movimientos irregulares de dinero se debían a que el préstamo 'no era real, sino un mecanismo de Royo para sacar de Colombia y Panamá el dinero en efectivo que allí había acumulado'. La declaración forma parte de las transcripciones en poder del FBI, la fiscalía federal de Puerto Rico y la Audiencia Nacional, a las que EL PAÍS ha tenido acceso.

El BBVA, en un comunicado, sostiene que 'el BBVII otorgó al señor Royo y a entidades de su grupo de empresas sendos créditos por 5,5 y 94,5 millones de dólares USA [100 millones de dólares en total]'. El banco afirma que 'dichos créditos, que se contrataron en condiciones de mercado, fueron garantizados por BBV Privanza (Suiza), que a su vez cubrió su riesgo mediante el depósito, tanto de las acciones de BBV que habían adquirido los deudores, como de acciones del propio Banco Ganadero de su propiedad'. Es decir, ambas versiones, las recabadas por Garzón y la aportada por el BBVA, coinciden en el mecanismo básico.

Pero difieren en la intencionalidad: el testigo protegido y las investigaciones del FBI apuntan a que hubo blanqueo de dinero, y el banco español, a que todo se ajusta a la legalidad. También difieren en las cifras. Mientras el BBVA limita el crédito otorgado a 100 millones de dólares (según consta en el folleto de la OPA sobre el Banco Ganadero presentado ante las autoridades estadounidenses el 9 de marzo de 2001), los documentos y los testimonios recabados por el juez Garzón sugieren que las cantidades en juego fueron más elevadas.

El BBVII realizó dos acuerdos de préstamo por 100 millones de dólares cada uno, a devolver en teoría en siete años. El primero lo firmó José Antonio Colomer -entonces director del BBV Puerto Rico el 8 de julio de 1998 en Bogotá- y el 9 de julio en Miami (EE UU). El segundo, por otros 100 millones, lo firma también Colomer el 12 de agosto de 1998 en Miami.

En representación de Royo Anaya firman José Ramón García de Paredes, su abogado en Panamá, y Andrés Cardona Restrepo, también abogado suyo y socio en el trust Fidugan, mediante el cual controlaban las acciones del Banco Ganadero.

En otra parte de las declaraciones, el testigo protegido afirma que a lo largo de todo este proceso se recibieron numerosas llamadas de presión de altos cargos del banco desde Madrid para que se 'gestionaran los préstamos cuanto antes'.

A continuación, las transferencias electrónicas reflejan numerosas entregas de dinero entre julio y agosto de 1998, fechas en las que se debía materializar el supuesto préstamo. Se realizan a través de tres instituciones: Bank of New York y de aquí a la filial del Banco Ganadero en Panamá; otra de 116.231.325 dólares desde BBV Privanza en Jersey a Prolianta Investment (una empresa controlada por Royo en Panamá), y una última por importe de 97.639.267 de dólares que salió desde BBV Financial Limited en Gran Caimán con destino a Inversiones Eléctricas de Panamá (también controlada por Royo). Tanto Prolianta como Inversiones Eléctricas son empresas que no superan los 10.000 dólares de capital social, al igual que las otras beneficiarias controladas por Royo Anaya, como Muhleberg Holding, Vic Internacional, Grendel, Icotea y Musso.

El asesor legal, Nelson Rodríguez, fue el notario de las transacciones, pero al mismo tiempo lo delató al FBI, con quien cooperaba desde 1997, informando sobre presunto lavado de dinero y movimientos extraños de capital.

Al enterarse de la cooperación con el FBI, el BBVA llegó a un acuerdo de renuncia voluntaria con Rodríguez el 31 de agosto de 1998, a cambio de que éste no divulgara los secretos del BBV. Casi tres años después, el banco acusó a Rodríguez de apropiarse de 49.000 dólares de comisiones legales, cargo por el que finalmente fue condenado. El BBVA sostiene que Rodríguez actúa por resentimiento.

El 16 de julio de 1998, Royo Anaya envió una carta al director de riesgo del banco, Eugenio Rogero, pidiéndole un giro de 66 millones de dólares para cubrir sobregiros en cuentas, así como capital e intereses por créditos de las empresas Inversiones Eléctricas, Muhleberg, Grendel, Vic Internacional y Musso (ver documento adjunto). Ese mismo día le ingresan 62,6 millones de dólares, que se envían en seis transacciones electrónicas desde el BBVII al Bank of New York, y después a la cuenta AC8033119047 del Banco Ganadero en Panamá. Desde ésta se transfieren a las distintas cuentas de las empresas en ese banco, controlado por el propio Royo.

En los fed wires (transferencias electrónicas a las que ha tenido acceso EL PAÍS, ver documentos adjuntos) aparecen distintas versiones de su nombre. En la transferencia de 1,9 millones de dólares a Musso Development (Fed wire número 0716B1Q83C006417) aparece como Marco Antonio Rayo. En la siguiente, a favor de Vic Internacional por 1,85 millones (Fed wire número 0716B1Q8383C006418) es Marco Aucelio Roy. En la transferencia depositada a favor de Prolianta por 1,2 millones (Fed wire número 0716B1Q8384C006419) aparece como Marco Aurelio Roys; y en la de 22,7 millones destinada a Muhleberg Holding (Fed wire 0716B1Q8383C006425) se altera solamente su segundo nombre, Marco Aurelis Royo.

Cuatro días después, el 21 de julio del 98, desde la cuenta A083000028 del BBV Privanza Jersey, se le envía a Royo una transferencia por importe de 116,2 millones de dólares a la cuenta del BBVII en Puerto Rico D803-3119. El destino final es Prolianta Investments, en Panamá. En esta ocasión, el nombre de Royo está alterado como Marco Aureis Roca.

El 18 de agosto, desde la cuenta DL910438113 del BBV Financial Limited de Gran Caimán, se transfieren 97,6 millones a la cuenta AC021017814 de Inversiones Eléctricas en Panamá. El nombre del beneficiario es Enrique Guerlain, socio de Royo Anaya.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de abril de 2002