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'EL CASO BBV'

El fiscal acusa a Rodríguez Ponga de blanqueo de dinero en el 'caso BBV'

Anticorrupción también solicita al juez la imputación de Goirigolzarri, actual hombre fuerte del BBVA

El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicitó ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que impute al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por su presunta colaboración en la elaboración de un manual para ayudar a evadir impuestos a los clientes de BBV, lo que supone cooperación necesaria en delito fiscal, y por haber contribuido a rentabilizar fiscalmente las inversiones de BBV en el Banco Mercantil Probursa, de México. En el escrito se señala que fondos de este banco proceden del narcotráfico y, por ello, los hechos podrían constituir delito de blanqueo de capitales. El fiscal pide también la imputación de 28 consejeros o directivos del BBVA, entre los que figura su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri.

El escrito, presentado ayer, contó con las bendiciones del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Garzón había requerido de nuevo urgentemente al fiscal para que le remitiera sus peticiones de imputación, ya que pretende hacer el auto de imputación a la mayor brevedad, con el fin de que los abogados de aquellos que resulten imputados puedan estar presentes en la declaración como testigo del presidente de BBVA, Francisco González, este jueves a las 13 horas.

El escrito del fiscal abarca los tres escenarios en los que se ha desarrollado la investigación: las cuentas de Jersey, las operaciones en Latinoamérica y los hechos relativos al expediente abierto por el Banco de España y que incluye, entre otras operaciones, la constitución de fondos de pensiones para los consejeros procedentes de BBV.

Doble imputación

La imputación a Rodríguez Ponga se solicita por los dos primeros apartados, ya que, por un lado, se le considera el autor del Manual de Productos Fiduciarios, incautado en la sede de BBV Privanza, en Madrid, en el que se recogen los procedimientos que el banco ofrecía a residentes españoles para ocultar dinero al fisco. Ello supondría cooperación necesaria en tantos delitos fiscales como clientes del banco lo hayan cometido.

La segunda imputación se refiere a su intervención en la adquisión del Banco Mercantil Probursa, de México. En esa operación participa José Madariaga, cuyo hombre de confianza, Eduardo Pérez Montoya, es situado por el FBI, al que cita el fiscal, en la órbita del narcotráfico. Madariaga, según el escrito, facilitaría a BBV la participación mayoritaria a cambio de legitimarle fondos, en principio procedentes de tal actividad ilícita, depositados en Grand Cayman. Según el testigo protegido Nelson Rodríguez, al que se cita únicamente por los cargos que ha desempeñado -vicepresidente ejecutivo y encargado de asuntos jurídicos, asesor legal general y secretario de la junta de directores de BBV Puerto Rico desde 1992 a 1998- a él le correspondió el diseño jurídico de la compra de Probursa y a Rodríguez Ponga, "los aspectos fiscales de la operación".

En las operaciones en Latinoamérica, que abarcan presuntas actividades delictivas en Perú -préstamos irregulares a Alberto Fujimori y su asesor especial Vladimiro Montesinos, con el fin de obtener la adjudicación del Banco Continental en 1995-; México, -la adquisición del Banco Mercantil Probursa- y Colombia -irregularidades en acceder al control del Banco Ganadero- el fiscal pide la imputación de Emilio Ybarra, entonces presidente de BBV, Pedro Luis Uriarte, consejero delegado; José Ignacio Goirigolzarri, responsable para Latinoamérica; Mario Fernández, director de la asesoría legal, Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo, director y subdirector de Finanzas, respectivamente, en 1995; y de Ybarra, Uriarte, Goirigolzarri, Fernández, Carlos Delclaux, representante de BBV Privanza ya imputado anteriormente, y Alfredo Roselló, responsable de BBV Privanza Suiza.

En relación con los hechos investigados en el expediente del Banco de España y con la posible falsificación de las cuentas en los ejercicios de 1996 a 1999, el fiscal pide que se impute a los administradores de BBV siguientes: Eduardo Aguirre, Plácido Arango, José Domingo Ampuero, Javier Aresti, Luis Francisco Bastida, Gervasio Collar, José María Concejo, Alfonso Cortina, Juan Entrecanales, Óscar Fanjul, Ramón de Icaza, Luis Lezama, Federico Lipperheide, José Lladó, Rodolfo Esteban Molinuevo, Ricardo Muguruza, José Ángel Sánchez Asiaín, Pedro Luis Uriarte, Juan Urrutia, Andrés Vilariño, Luis María Ybarra, Emilio Ybarra y Juan Manuel Zubiría.

El fiscal pide también que declare nuevamente Manuel López López, que ya está imputado por el juez Garzón en el caso al igual que Delclaux, y como testigos, anteriores directivos de la entidad como José Javier Gúrpide, Vicente Eulate Mac Mahon, José Antonio Sáenz-Azcúnaga, José Luis Segimón, Ángel Galíndez, Ángel Corcóstegui, José Luis Fernández, Enrique Sendagorta y José Luis Nagore, así como el socio auditor de Arthur Andersen Diego Aguinaga.

Respecto a los tres marcos de investigación, el fiscal detalla que cuando habla de la utilización de las estructura de Jersey se refiere a "la presunta comisión de delitos de defraudación fiscal por residentes en España mediante la utilización de estructuras y productos fiduciarios ideados por BBV o BBVA y suministrados con la cobertura de BBV Privanza Bank Jersey Ltd. a través de su filial Canal Trust Company Ltd". Garzón accedió a esta información tras citar como testigo a la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.

Las operaciones en Latinoamérica se refieren al "uso, por parte de administradores y altos responsables de BBV, S.A., de fondos así como el diseño y la utilización de mecanismos de enmascaramiento de transferencias cuyo objetivo habría sido la obtención de posiciones mayoritarias en entidades financieras de Latinoamérica, ya comprando voluntades políticas ya legitimando capitales de procedencia ilícita". Los hechos investigados en el expediente incoado por el Banco de España se refieren a "la injustificada deslocalización por determinados responsables de BBV, S.A., durante años, de activos de muy relevante cuantía, situándolos al margen del conocimiento y control de los órganos legal y estatutariamente establecidos y de los que tales ejecutivos habrían detraído en su propio beneficio importantes sumas dinerarias".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de abril de 2002