Dimiten los tres consejeros imputados que aún seguían vinculados al BBVA
Anticorrupción recurre el auto del juez de la Audiencia Nacional por no imputar a Rodríguez Ponga.- PSOE e IU dudan del "crédito político" del secretario de Estado de Hacienda e insisten en su dimisión
Javier Aresti, Ramón de Icaza y Luis María Ybarra Izuguiría, los tres consejeros imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el caso BBV y que aún seguían vinculados al BBVA, han puesto sus cargos a disposición del Consejo de Administración de la entidad en una reunión celebrada hoy, han informado fuentes del banco.
Esta decisión se debe "al entender ellos [los dimitidos] que en su interpretación del estatuto de consejero BBVA así debían de hacerlo".
El consejo ha estimado que "si bien la sola imputación de estos directivos en la causa que instruye el juez Garzón no debía implicar, según su estatuto, la obligación de poner el cargo de consejero a su disposición, dada la naturaleza de las circunstancias que concurren en este caso, ha entendido que por el bien del banco estos consejeros debían renunciar a sus cargos".
El presidente del BBVA, Francisco González, ha manifestado su "comprensión" hacia los dimitidos por su decisión.
En el auto dictado ayer por el juez Baltasar Garzón por el caso de las cuentas secretas del BBV, se imputó a Aresti, De Icaza e Ybarra por la denominada operación ALICO, la constitución de fondos de pensiones para 22 personas.
Además, el BBVA ha informado de que en la próxima reunión del consejo, el 7 de mayo, Ricardo Lacasa, ex consejero delegado del Banco Popular, se incorporará como consejero y presidente de la comisión de control de la entidad.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de reforma ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra el auto que dictó ayer, en el que excluye de la lista de imputados del caso que investiga las cuenta secretas del BBV en paraísos fiscales al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y al consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, según fuentes de la Fiscalía.
Entre los 24 citados por el juez sí Emilio Ybarra y a Pedro Luis Uriarte.
Anticorrupción considera que sí existen indicios para imputar a Rodríguez Ponga, a quien acusaba en su escrito de ser el autor del "manual de productos fiduciarios" del BBV, y de diseñar los aspectos fiscales de la adquisición del Banco mexicano Mercantil Probursa. De rechazar este recurso Garzón, la Fiscalía recurrirá probablemente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Para el fiscal, que Rodríguez Ponga declare es la única manera que tiene de defenderse de los supuestos delitos que le atribuye un testigo protegido.
Además, el fiscal ha añadido que el hecho de que Garzón pretenda tomar declaración a Rodríguez Ponga como testigo "es radicalmente incompatible con los datos incriminatorios que obran en la causa", y no puede retrasarse a la espera de contar datos sobre su "vida laboral", que a estas alturas es "procesalmente irrelevante por notorio".
Responsabilidades políticas
Desde las filas socialistas, su secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico, Juan Fernando López Aguilar, ha reiterado la petición de dimisión del secretario de Estado de Hacienda.
Además, ha afirmado que el caso no debe "focalizarse" en Rodríguez Ponga, sino que lo que quieren conocer los españoles es cómo un grupo de personas, "amigos y afines al PP, encabezados por un amigo personal de Rodrigo Rato" -en alusión al presidente del BBVA, Francisco González-, se ha hecho con el poder de este banco para engrosar "el conglomerado de poder al servicio del PP".
En similares términos, el portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Felipe Alcaraz, ha exigido a Rodríguez Ponga que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar su labor como asesor fiscal del BBV.
Desde el PP, su secretario de Política Económica, Vicente Martínez-Pujalte, ha expresado el respeto de su partido por la decisión adoptada por el juez Garzón.
Garzón rechazó citar como imputado a Rodríguez Ponga ya que de las declaraciones del testigo protegido no se desprenden "indicios provisionalmente suficientes" que apunten a la comisión de un delito fiscal. El secretario de Estado de Hacienda, de momento, será llamado a declarar y tendrá que someterse a un careo con el testigo protegido Nelson Rodríguez.
Será una vez realizado el careo y analizada la documentación cuando Garzón decida si realiza nuevas imputaciones.
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