Ampuero dice que 53 millones de las cuentas opacas se usaron para paliar pérdidas
Juan Urrutia y José María Concejo declaran que recibieron un plan de pensiones pero que poco después se les pidió que reintegraran el dinero
El juez Baltasar Garzón continúa con su ronda de interrogatorios para investigar el caso de las cuentas opacas del BBV. El que fuera consejero y vicepresidente del BBVA José Domingo Ampuero ha declarado que Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte decidieron que se repatriaran casi 50 millones de dólares de las cuentas opacas para paliar unas pérdidas de 100 millones que el banco registró en una operación de tesorería.
Según fuentes jurídicas, Ampuero ha explicado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que conoció en la Comisión de Control, de la que formaba parte, que se iban a destinar 47,5 millones de dólares para evitar que esas pérdidas se multiplicaran, pero que nunca supo que esos fondos procedían de cuentas opacas abiertas en un paraíso fiscal.
Garzón también ha tomado hoy declaración como imputado al único perceptor del plan de pensiones que dispuso de parte del dinero, Juan Urrutia, quien ha explicado que ordenó movimientos con ese capital porque el contrato así se lo permitía.
Nombre del titular
Urrutia, que transfirió a Suiza 400.000 dólares del plan de pensiones gestionado por Alico en Estados Unidos, se negó a informar al juez del nombre del titular de la cuenta en la que ingresó el dinero.
Según su relato, puesto que estaba convencido de que podía mover ese dinero, se molestó cuando Ybarra le pidió que lo reintegrara nueve meses después de entregárselo, por lo que le obligó a que le diera explicaciones.
El ex secretario del consejo José María Concejo, que también ha sido interrogado, ha explicado que recibió también un plan de pensiones pero que, en su caso, era como indemnización por su jubilación, que se produjo en marzo del 2000, coincidiendo con la constitución de estos fondos.
Cuando le pidieron que reintegrara ese dinero se sorprendió, aseguró al juez, pero no dudó de la legalidad de esas operaciones, máxime cuando un año después le entregaron en su totalidad la cuantía que le correspondía.

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