Cardenal quiere conocer antes que Garzón la lista de imputados del 'caso BBV'

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha solicitado expresamente conocer el escrito de imputaciones que ha preparado la Fiscalía Anticorrupción en el caso BBV antes de que el fiscal responsable del asunto, David Martínez, lo presente, según estaba previsto, hoy, lunes, ante el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Fuentes de la Fiscalía General del Estado sostienen que la relevancia del caso ha llevado al fiscal general a pedir la semana pasada que el escrito le sea informado antes de ser entregado al juez.

Hasta el momento, Jesús Cardenal se había interesado discretamente por la investigación del BBV Privanza Jersey. Fuentes solventes indicaron que la Fiscalía Anticorrupción informó al fiscal general después del viaje que el fiscal David Martínez y el juez Baltasar Garzón realizaron a Puerto Rico, los días 17 y 18 de marzo pasados, sobre un aspecto de las diligencias, el referido a que se había citado, en los interrogatorios de ex ejecutivos del banco, el nombre de Estanislao Rodríguez Ponga, actual secretario de Estado de Hacienda. La Fiscalía Anticorrupción puso en conocimiento del fiscal general, pues, esa circunstancia.

Fuentes jurídicas dijeron que las relaciones con la Fiscalía Anticorrupción nunca han sido fáciles. En el caso Gescartera, a raíz de una denuncia de un grupo de diputados ante la Fiscalía Anticorrupción, ésta preguntó al fiscal general si se debía incorporar a la causa que instruye la juez Teresa Palacios cierto número de declaraciones prestadas ante la comisión de investigación parlamentaria para indagar un posible delito de falso testimonio. El fiscal general respondió que si se consideraba pertinente, así se hiciera.

La Fiscalía Anticorrupción también preguntó, en otra actuación, si correspondía investigar el crédito que la entidad HSBC, que trabajó con Gescartera, había concedido a empresas familiares relacionadas con el ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato. El fiscal general contestó que el préstamo había sido concedido en condiciones de mercado, por lo que no autorizaba ninguna averiguación.

En el caso del BBV Privanza Jersey, a diferencia de otros casos recientes, como el de la querella contra las empresas petroleras, donde el fiscal general se opuso por escrito, la actitud del fiscal general no parecía ir más allá de conocer -discretamente, insisten las fuentes consultadas- la marcha general de la investigación. Pero la semana pasada, Cardenal consideró que la relevancia del asunto merecía que viera, antes que el juez Garzón, la propuesta de imputación.

Silencio cerrado

La Fiscalía Anticorrupción mantiene un silencio cerrado sobre el escrito de imputaciones, en el cual lleva trabajando desde el mismo momento en que el juez Garzón dictó, el pasado 9 de abril, el auto por el que decidía asumir el caso de las cuentas secretas del BBVA. La decisión del juez de citar a declarar como testigo al gobernador y al subgobernador del Banco de España, Jaime Caruana y Gonzalo Gil, respectivamente, el pasado martes 13 interrumpió el trabajo para terminar el citado escrito, pero desde entonces se ha avanzado considerablemente.

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, declaró a los medios de comunicación, poco después de conocer el auto del juez Garzón, que el escrito de imputaciones podía estar listo la semana pasada o, a más tardar, en el curso de la semana que hoy comienza. Fuentes jurídicas dijeron a este periódico que los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción estarían hoy mismo en condiciones de presentar el escrito al juez, pero que antes deberán pasar por el despacho del fiscal general, en la madrileña calle de Fortuny.

Entre los problemas jurídicos más delicados para resolver están el abanico de imputados y la citación del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, a declarar en la causa. Antes de definir si se le convoca como testigo o imputado, la fiscalía ha solicitado al BBVA, a través del juez Garzón, una descripción de las funciones que realizaba Rodríguez Ponga cuando formaba parte, entre los años 1992 y 1997, de la asesoría fiscal internacional del BBVA.

La lista de dieciséis expedientados del Banco de España ha sido una de las bases para considerar las imputaciones. Al mismo tiempo, los beneficiarios de los fondos de pensiones, muchos de los cuales se solapan con los consejeros expedientados, han sido analizados caso por caso.

Fuentes jurídicas señalaron que en la tipificación del presunto delito de apropiación indebida y/o administración desleal quien ha ejercido la capacidad de disposición, lo que define en gran medida la figura delictiva, es el entonces presidente, Emilio Ybarra. Sin embargo, otras fuentes añaden que la Fiscalía Anticorrupción quiere saber hasta qué punto todo el esquema de los fondos de pensiones, que Ybarra negó ante el Banco de España, no pudo ser una combinación entre los beneficiarios y el presidente de la entidad, que ordenó la transferencia de 19,2 millones de dólares a la empresa American Life & Co. (Alico), el 27 de marzo de 2000, para luego ordenar su retorno, que ocurrió el 8 de febrero de 2001.

Comisión de investigación

Esta semana el Pleno del Congreso decidirá sobre la creación de una comisión de investigación sobre el caso BBV. El PP ya ha anunciado que en este debate, convocado para el próximo jueves, piensa oponerse porque considera que no se debe investigar en el Congreso la actividad de empresas privadas. La propuesta tendrá el respaldo del PSOE, Izquierda Unida, PNV y el Grupo Mixto.

Por su parte, el coordinador de Comunicación del PP, Rafael Hernando, exigió ayer al ex presidente del Gobierno Felipe González que aclare el caso de las cuentas secretas del BBV 'porque lo conoce muy bien y porque fue él, como líder del PSOE entonces, uno de los principales beneficiarios de toda esta trama', informa Europa Press. Añadió que esas cuentas 'sirvieron para financiar ilegalmente a determinados líderes políticos'.