Los niños marroquíes, testigos de cargo contra Ceuta y Melilla

'Karim Bouitali, de nueve años, fue uno de los ocho niños marroquíes a los que la policía española abandonó en la frontera de Melilla con Marruecos el 18 de diciembre del año pasado. Los niños, que habían sido entregados a la policía marroquí, fueron dejados a su suerte en la calle. Karim fue visto esa misma noche llorando, empapado y entumecido de frío, bajo una lluvia torrencial, aferrándose a la valla fronteriza'.

Éste es uno de los numerosos casos de expulsiones de menores en Ceuta y en Melilla aludidos en el informe de Amnistía Internacional (AI) titulado España: Crisis de identidad. Tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado, que fue presentado el martes en 15 capitales del mundo. En él, la organización afirma que las ONG locales han documentado en los últimos meses una reanudación de la práctica de las expulsiones en ambas ciudades. Y acusa: 'Las autoridades españolas no cumplen los compromisos internacionales sobre el cuidado y la protección de los menores'.

'Han perdido mucha capacidad vital. Pese a su edad, algunos tienen piedras en el riñón'

'Las expulsiones se reanudaron el 27 de junio de 2001. Desde entonces ha habido 44'

'Karim y sus compañeros habían sido obligados a firmar unos documentos que no habían leído y fueron transportados en vehículos por policías armados hasta la frontera. Allí no había ningún familiar o trabajador social que se ocupara de ellos'. Según los informes recibidos por AI, 'algunos de los menores fueron esposados y recibieron insultos o bofetadas. Uno de ellos, Amin Sghir, de 13 años, dijo que un agente marroquí le había abofeteado. Otro, Alí Abderrahim Maadi, de 17 años, aseguró que los policías españoles le habían esposado e insultado'.

El informe de la organización relata que la policía saca a los niños de centros de acogida, donde algunos han vivido hasta 10 años. No les comunica el lugar al que van a ser expulsados; ningún abogado los representa y ningún tribunal examina la legalidad de su expulsión. Policías armados y uniformados los conducen hasta la frontera, donde son entregados a agentes marroquíes, que simplemente los abandonan. 'En teoría, estos niños son devueltos para que se reúnan con sus familias, pero la mayoría consigue volver a entrar en España en unos pocos días cruzando de nuevo la frontera. En algunos casos no se logra averiguar el paradero de sus familias, o éstas no pueden o no quieren hacerse cargo de los menores'.

AI afirma que las expulsiones comenzaron en Melilla el 27 de julio de 2001. Cuatro chicos de entre 11 y 17 años fueron llevados a la frontera ese día. Desde entonces hasta enero de 2002 se han registrado 44 operaciones de expulsión, algunas de las cuales aparecen detalladas en el informe. El pasado 4 de marzo, más de 40 menores de entre 13 y 17 años se declararon en huelga de hambre para protestar contra la política de reagrupamiento familiar, que según ellos no funciona porque no hay parientes esperándoles cuando son llevados al otro lado de la frontera.

A pesar de todo, AI califica la situación en Melilla mucho mejor que la de Ceuta, donde calcula que hay 1.000 menores en la calle. Sólo 80 pernoctan en el centro de acogida de San Antonio, que según informes recientes de Médicos Sin Fronteras (MSF) carece de camas y de ropa de cama suficientes, está infestado de ratas y de piojos y varios niños han contraído en él sarna y otras enfermedades infecciosas. También han sido denunciados malos tratos. El resto de los muchachos vive en la calle, en instalaciones portuarias y en túneles subterráneos. MSF afirmaba en julio del año pasado: 'Muchos menores tienen problemas dermatológicos (sarna y hongos). Su organismo está debilitado por la mala alimentación y la falta de vitaminas. El disolvente que inhalan les seca los bronquios. Pese a su corta edad, han perdido mucha capacidad vital y tienen todas las papeletas para sufrir enfermedades respiratorias. Algunos tienen ya hasta piedras en el riñón, algo propio de adultos'.

La mayoría de los menores son marroquíes, pero hay un grupo notable de argelinos. También han llegado a Ceuta algunos niños procedentes de la República Democrática del Congo. En septiembre de 1999, tres subsaharianos de cuatro años fueron lanzados sobre la valla fronteriza o aparecieron en las calles de la ciudad. En el cuello llevaban etiquetas con su nombre, su nacionalidad y un número de teléfono de familiares en España.

AI centra sus críticas sobre la situación de los menores en las dos ciudades autónomas en cuatro aspectos:

1) La expulsión de muchachos que se encuentran bajo la protección de las autoridades de la ciudad sin tener en cuenta el proceso legal correspondiente o la situación familiar del afectado.

2) Supuestos malos tratos en el contexto de las expulsiones, tanto por agentes españoles como marroquíes.

3) Fracaso en la protección de los niños abandonados en las áreas fronterizas o que viven en la calle.

4) Supuestos malos tratos por los funcionarios que tienen a los menores a su cargo, o condiciones degradantes y pobres en los centros de acogida.

Las autoridades de Ceuta niegan categóricamente las acusaciones de AI, informa Rocío Abad. El portavoz del Gobierno local, Emilio Carreira, del PP, declara que 'el informe está desfasado y miente', que 'en la ciudad se aplica escrupolosamente la legislación en materia de menores' y que a los niños 'se les concede un trato inmejorable y más que digno'. En términos similares se expresa el portavoz de la Delegación del Gobierno, quien niega que se estén realizando deportaciones a Marruecos. 'Hay una política activa de integración de menores a través de convenios con organizaciones de prestigio como Mensajeros de la Paz'.

Tanto el delegado del Gobierno en Melilla, Arturo Esteban, como el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, y su consejera de Servicios Sociales, Isabel Quesada, niegan las acusaciones de maltrato, informa Toñy Ramos. Esteban asegura que 'cada expediente de cada menor se lleva con escrupulosa legalidad y, gracias a la cooperación de las autoridades marroquíes, muchas veces es posible reagruparlos con sus familias'. Imbroda afirma que 'algunos llegan con espíritu integrador y otros con espíritu delictivo. Muestra de ello es el aumento de la delincuencia producida por menores'.

Desde julio de 2001, los gobiernos de Ceuta y Melilla vienen solicitando al Ejecutivo central la modificación del artículo 62.5 del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, en el que se contemplan los derechos de los menores extranjeros. Argumentan que ambas ciudades no tienen recursos para afrontar el continuo flujo de menores, por lo que piden una excepción de la ley.

PSOE, IU y EA han pedido que el ministro del Interior, Mariano Rajoy, responda a las acusaciones de AI ante el Congreso.