'Nadie ha pedido perdón a Mamadou'

Cuatro policías locales de Vigo, Juan Manuel Pérez Rodríguez, Celso Alonso Blanco, Sebastián Fernández Estévez y Elena Fernández Bouzas, fueron condenados en abril de 1999 a penas de cárcel por la detención ilegal de Mamadou Kane, ciudadano senegalés de 29 años. El primero de los agentes recibió cuatro años de prisión y los restantes tres años cada uno. El Tribunal Supremo, que no aceptó el recurso de casación de los condenados, ratificó luego la pena, pero ellos siguen sin cumplirla, esperando a que el Consejo de Ministros resuelva su petición de indulto. El abogado del senegalés, Juan Carlos Cascallana, se opone a que les sea concedido y pide el cumplimiento de la sentencia, 'porque en su solicitud al Consejo de Ministros, que plantean conjuntamente, no dan la menor señal de arrepentimiento, y porque ninguno ha pedido perdón a Mamadou por lo que le hicieron'.

Los hechos se produjeron el domingo 17 de marzo de 1997, a partir de las 17.30 horas. A Mamadou Kane, que se encontraba con un grupo de vendedores ambulantes en la playa de Samil, le fue requerida la documentación y pese a tener todos sus papeles en regla fue introducido en un coche policial con el pretexto de trasladarle a la comisaría para comprobar sus documentos. Pero el coche se desvió hacia un monte y por el camino Mamadou Kane fue objeto de golpes y codazos que le produjeron una doble contusión craneal y costal. No pudo probarse 'con el debido rigor', dice la sentencia, que también le dirigieran 'expresiones ofensivas relacionadas con la raza, el color o el origen étnico', como sostenía Mamadou.

La evidencia de que el coche policial había sido visto en el monte llevó a los condenados a proponer a Kane que le devolverían a la playa de Samil 'y aquí no ha pasado nada'. Él, sin embargo, les exigió que le llevasen a la comisaría porque pensaba denunciar los hechos y, efectivamente, después de hora y media de ruta por el monte los cinco acabaron ante la inspección de guardia para intercambiar recíprocas denuncias: los guardias acusando a Mamadou Kane de falsedad documental y resistencia a la autoridad, y el senegalés, de detención ilegal y agresiones.

El asunto suscitó mucha polémica en los medios de comunicación locales. Mamadou Kane no respondía precisamente al cliché de 'negro sumiso'. Llevaba unos años viviendo en Vigo como vendedor ambulante y siempre con la documentación en regla, incluso con los pagos de la Seguridad Social y del Impuesto de Actividades Económicas al día. Conocía sus derechos y no se dejaba avasallar. Esta actitud ya le había causado algunos problemas: varias denuncias policiales, ninguna de las cuales prosperó, e incluso amenazas directas de represalias contra él que fueron publicadas por Faro de Vigo.

El Ayuntamiento de Vigo, gobernado a la sazón por el PP, estaba desarrollando una campaña contra la venta ambulante y el caso del senegalés la crispó con su revuelo. El concejal responsable de seguridad ciudadana, José Ramón Montero, formado en la Armada, defendió la inocencia de los policías implicados en el caso hasta el punto de empeñar su cargo en esa convicción. Y simultáneamente amenazó con poner todos los medios para lograr su expulsión del país, aunque sus denuncias no fueron admitidas por el juez instructor.

La Audiencia de Pontevedra condenó a los cuatro policías por un delito de detención ilegal. A Pérez Rodríguez a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años. A los restantes a tres años de prisión e inhabilitación absoluta durante ocho años cada uno. Los cuatro fueron condenados también a indemnizar conjuntamente a Mamadou Kane con 100.000 pesetas por daños morales, y Pérez Rodríguez y Alonso Blanco, además, a un arresto de cuatro fines de semana y a indemnizar al agredido con 15.000 pesetas por una falta de lesiones.

Los agentes fueron efectivamente inhabilitados, aunque sólo tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia el 10 de octubre de 2001. Para entonces había cambiado ya el gobierno local de Vigo. Y los que antes estaban en la oposición, nacionalistas y socialistas, que habían reclamado desde ella comisiones de investigación y homenajes a Mamadou Kane para lavar su afrenta, cambiaron el talante hacia una mayor tibieza. De hecho, el alcalde, Luis Pérez Castrillo, expresó la consternación de la institución por la inhabilitación de los cuatro agentes impuesta por la sentencia del Supremo. Hasta ese momento habían seguido en activo, cobrando el sueldo y sin sufrir ninguna medida disciplinaria.

Mamadou Kane, por lo demás, sigue viviendo en Vigo, con su mujer y tres hijos. Actualmente se encuentra pasando unas vacaciones en Senegal.