Pesadilla en comisaría

Hace casi cuatro años que Miriam Rosa Verástegui Templo, una inmigrante peruana, denunció por intento de violación a E. L. A., el policía que la custodiaba en el Registro Central de Detenidos de Moratalaz, un barrio de la periferia de Madrid. El pasado día 9, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de la capital dejó el juicio visto para sentencia. El caso aparece recogido en el informe sobre tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado en España que Amnistía Internacional (AI) presentó el pasado martes. De las siete denuncias de agresión sexual presentadas desde 1995 que menciona el informe, sólo dos han desembocado en condena.

A las 18.30 del 20 de junio de 1998 varios agentes de la Policía Nacional le pidieron la documentación a Miriam en la Gran Vía de Madrid. La mujer, que afirma ser ingeniera agrónoma, tenía 32 años y las autoridades le acababan de notificar la concesión de un permiso de trabajo, pero todavía tramitaba la solicitud de residencia. Sólo tenía encima una fotocopia del pasaporte.

Fue llevada al Registro Central de Detenidos, en Moratalaz, donde pasó la noche, y a las 8 de la mañana del día siguiente la trasladaron a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, en la calle Los Madrazo. Una agente debió notarle algo raro porque se acercó a preguntarle qué le pasaba. Tras varios intentos fallidos, logró sonsacarle que durante la noche un policía había intentado violarla. La agente la animó a denunciar a su compañero, pero ella se negó repetidamente. Finalmente la convenció.

Miriam declaró que a las 2 de la madrugada del 21 de junio un agente entró en su celda y le ofreció un cigarrillo, que ella aceptó. Cuando el policía empezó a manosearla se lo quitó de encima como pudo y dijo en voz bien alta que quería ir al servicio. En lugar de llevarla a los lavabos para los detenidos, el hombre la condujo al aseo de incomunicados. Fue allí donde, según la versión de Miriam, E. L. A. la atacó. Puso la denuncia ante el juez de guardia y entregó las pruebas del delito.

En un careo ante el juez de instrucción el 29 de junio de 1998 entre Miriam y el presunto agresor, éste aseguró que la mujer había presentado cargos falsos contra él porque quería quedarse en España.

Hoy, Miriam está regularizada, trabaja como comercial en una empresa y no quiere hacer declaraciones ni que le tomen fotos. 'Esperamos una sentencia rápida', dice su abogado Guillermo A. Pérez Reyes.

Además de al de Miriam, AI alude en su informe a otros cuatro casos de mujeres agredidas por miembros de las fuerzas del orden. Entre ellos figura el de una mujer colombiana, cuya identidad no ha trascendido, que denunció a un policía de Valladolid por obligarla a hacerle una felación. El agente fue condenado a 12 años, pero ha apelado y se encuentra en libertad.

También se registra el de Rita Margarete Rogerio, brasileña, que denunció haber sido violada por un agente en Bilbao. El Supremo constató la imposibilidad de depurar responsabilidades debido a que los compañeros del acusado no quisieron testificar contra él.

Asimismo, figura el de Teresa Simónica Matos Braga, colombiana, que denunció haber sido atacada sexualmente por un agente. El policía fue declarado culpable de agresión sexual y se le impuso una multa.

En cuanto al caso de Malika Badra, marroquí que denunció haber sido violada por un policía en Melilla, AI no tiene constancia de la solución del caso.