El delegado en Melilla niega que expulsar a familias con hijos delincuentes sea inhumano o inconstitucional

Arturo Esteban, delegado del Gobierno en Melilla, considera 'drástica' pero no 'poco humana o anticonstitucional' la medida adoptada a propuesta de él mismo por la Junta de Seguridad local celebrada el lunes referida a la expulsión de familias extranjeras con permiso de residencia cuyos menores cometan delitos. 'Se ha adoptado sopesando el daño que se podría causar al destinatario de la misma y la indefensión de la sociedad en su conjunto ante este tipo de hechos; medidas que, por supuesto, se aplicarán con todas las garantías que ofrece el ordenamiento y caso a caso, sin generalizar en ningún momento cualquier situación que se plantee y siempre en todos los casos bajo la tutela judicial', respondió ayer a una de las preguntas que exigió por escrito a este diario.

Esteban aduce que esta decisión, alabada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Melilla, que no se basa en la Ley del Menor, 'sino de la aplicación de la Ley de Extranjería y su Reglamento de Ejecución y de la Ley de Seguridad Ciudadana, para responsabilizar administrativamente a los padres o tutores por el incumplimiento de sus deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad'. 'Pudiera ser que, en algún supuesto, la inhibición de los padres pudiera ser connivencia o complicidad y ante esto no es posible que la sociedad permanezca indefensa'.

Pero el portavoz de la Asociaciòn Profesional de la Magistratura, Jose Manuel Suárez, expuso que 'de acuerdo a la Ley de Extranjería, la responsabilidad disciplinaria o sancionadora es exclusivamente de la persona que ha cometido un delito' y que 'adoptar una medida contra una familia porque uno de sus miembros delinque choca con todos los esquemas jurídicos'.

En cambio, el delegado en Ceuta, Luis Vicente Moro, declaró que la ley no permite expulsar a las familias de los delincuentes, por lo que considera que las palabras de su homólogo en Melilla 'se han tenido que interpretar mal'. Según la Ley del Menor, 'la pena no se puede extender a un colectivo familiar, por lo que no creo que el delegado del Gobierno en Melilla haya dicho eso. Con la ley en la mano a un residente no se le puede expulsar'.

Mientras el presidente de Melilla y senador por el PP, Juan Josè Imbroda, apoya a Esteban, su predecesor y diputado del Partido Independiente de Melilla (PIM), Enrique Palacios, pidió que éste 'rectifique o dimita' al considerar una 'aberración' su intención de expulsar a los menores marroquíes que delincan y a sus familias. Palacios le calificó de 'bocazas' y afirmó que aunque la Ley del Menor es 'una chapuza' y se ha puesto en marcha 'sin los medios ni la infraestructura suficiente', 'no se puede saltar [la ley] a la torera'.

Imbroda, por su parte, espetó: 'Es muy fácil hablar de una situación sentado en otro lugar de España, pero nosotros somos los que estamos viviendo las consecuencias de una Ley del Menor que es permisiva. La delincuencia llega a unos extremos que hay que erradicar y nos encontramos en un auténtico estado de indefensión'.

El representante de las asociaciones de vecinos Jose Luis Suárez considera la medida 'penosa para muchas familias', pero añade que 'no se puede permitir que los vecinos tengan miedo de salir a la calle o de dejar a sus hijos jugar, y que los padres no se preocupen de si sus hijos van a la escuela o de qué hacen'.