Garzón asume el 'caso BBV' porque ve indicios de apropiación indebida

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió ayer asumir la investigación que el Banco de España estaba realizando sobre las cuentas secretas del BBV y acumularla a la que el propio magistrado seguía ya por presuntas defraudaciones del BBV Privanza en el paraíso fiscal de Jersey. El juez aprecia indicios de que los nuevos hechos podrían constituir delitos de apropiación indebida, societario de falsedad documental y societario de administración desleal, que se sumarían a las defraudaciones, falsedades en balances y cuentas, blanqueo de capitales y cohecho (soborno) que ya investigaba. Además, ha pedido al fiscal David Martínez Madero que identifique a todos aquéllos contra los que dirige su acción, entre los que deben figurar los responsables de la entidad financiera.

Garzón ha requerido al Banco de España para que suspenda el procedimiento sancionador que tenía en marcha contra el BBVA hasta que se resuelva la posible responsabilidad penal de los investigados. También ha instado al gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, para que informe al presidente del BBVA, Francisco González, de que la información que había solicitado la entregue al juez antes del próximo 19 de abril.

Por su parte, Caruana deberá remitir el acta de la reunión que mantuvieron el 21 de septiembre de 2001 Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte, el gobernador y el subgobernador del Banco de España.

BBV Privanza

El juez ha extendido la investigación a las cuentas secretas del BBVA ya que el delito de apropiación indebida perjudicaría a un número importante de personas, como son los accionistas de la entidad y respecto del resto de los delitos, por conexidad.

Garzón señala en el auto que 'en la presente causa, la investigación se centra esencialmente en las posibles defraudaciones realizadas a través de BBV Privanza Jersey y Canal Trust Company, que ahora, y según se desprende del informe del Banco de España, habría sido utilizada para establecer estructuras o trusts directamente encaminados a ocultar, frente a terceros, importantes cantidades sobre las que se habría ejercido facultad de disposición por personas, con cargos de responsabilidad en el BBV, sin rendir cuentas a los interesados y quebrantando las normas de control, así como falseando balances y cuentas'.

El magistrado agrega que la instrucción se amplió el pasado 5 de marzo a posibles delitos de blanqueo de capitales y cohecho. 'Ahora, y según se desprende del informe emitido por el Banco de España', destaca el auto, 'tales cuentas ubicadas en paraísos fiscales, utilizando sociedades offshore y cuentas en clave, se habrían utilizado para mantener importantes sumas de dinero fuera del balance y de las cuentas anuales, así como para la consolidación de fondos de pensiones, que entrarían en las categorías delictivas antes citadas'.

'Asimismo', añade Garzón, 'a través y por acción de Canal Trust, se habría utilizado la misma estructura para realizar pagos millonarios no lícitos en Venezuela para la campaña electoral de determinado responsable político de ese país, a través de otras cuentas, cuentas secretas y tituladas por personas interpuestas, también en paraísos fiscales, sin que conste que esos pagos se hayan declarado como tales'.

Campaña de Chávez

Entre las operaciones que se investigan figura el ingreso de 123 millones de dólares procedentes del Trust T.532 de Jersey. Ese trust, según el auto, se constituyó en octubre de 1998 para recibir los beneficios de la compraventa de acciones de Argentaria por el BBV entre 1996 y 1998 antes de su privatización total.

Tras la venta de las acciones -5.567.242 acciones, un 4,43% del capital de Argentaria- el importe de la misma, 134 millones de dólares, fue transferido al BBV Privanza Bank Jersey Limited. 'Los fondos desviados no se registraron en la contabilidad del BBV', dice la resolución.

Sin embargo, contra esos fondos aparecen 12 cargos, de los que destacan tres. Los dos primeros suman 1.525.586 y fueron pagados en diciembre de 1998 y enero de 1999 para sufragar la campaña electoral de Hugo Chávez, para lo que se formó un nuevo trust, el T.541, con la compañía Excelsior, cuyo beneficiario era el Banco Provincial de Venezuela.

El tercero es un cargo de 27 de marzo de 2000 por 19.267.721 dólares, que corresponde a dos transferencias a nombre de American Life Insurance Company (ALICO) con domicilio en Delaware (EE UU). El cargo responde a la constitución de sendos fondos de pensiones para los 19 miembros del consejo de administración del BBV, más otros dos que los habían sido hasta fecha reciente. Son: Federico Lipperheide Juan Manuel de Zubiría, Eduardo Aguirre, Plácido Arango, José Domingo Ampuero, Javier Aresti, Gervasio Collar, Alfonso Cortina, Juan Entrecanales, Óscar Fanjul, Ramón de Icaza, Luis Lezama, José Lladó, Ricardo Muguruza, Pedro Luis Uriarte, Juan Urrutia, Andrés Vilariño, Emilio Ybarra, Fernando Ybarra, Luis María Ybarra, José Ángel Sánchez-Asiaín y José María Concejo.

El auto precisa que 'en ninguno de los fondos constituidos aparece el BBV como beneficiario de los mismos' y que su 'constitución y destino se ocultó al copresidente de la entidad, señor González'.

El caso BBV tiene además dos partes secretas, las investigaciones realizadas en Jersey y en Puerto Rico.