Caruana confirma ante Garzón la existencia de "irregularidades contables" en el BBVA

El Gobernador del Banco de España Jaime Caruana ha ratificado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los argumentos que motivaron la apertura de un expediente sancionador al BBVA, como son las "irregularidades contables" y la disposición de patrimonio "no suficientemente justificada", según han informado fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa del BBVA había citado para hoy, en calidad de testigos. al Gobernador y al Subgobernador del Banco de España, Jaime Caruana y Gonzalo Gil, respectivamente, con objeto de conocer los detalles de las reuniones que mantuvieron con la cúpula del banco antes de abrir el expediente sancionador.

Las preguntas del juez Garzón se han refirido al contenido del expediente del Banco de España, en el que se relata el proceso de formación del entramado financiero en el exterior, a través de cuentas secretas, sociedades en paraísos fiscales y fondos de pensiones secretos para altos cargos vinculados al antiguo BBVA.

Según fuentes jurídicas, los dos responsables de la autoridad supervisora ratificaron el contenido del expediente, en el que se deja constancia de que en este caso existen "indicios de irregularidades contables y disposiciones patrimoniales no suficientemente justificadas".

Falta de colaboración

Además, se destaca en varias ocasiones la falta de colaboración del BBVA en el suministro de información acerca de los movimientos de los fondos secretos depositados en el exterior. En este sentido, el expediente señala que "aún cuando de la documentación suministrada por la entidad no se puede comprobar y verificar en su integridad, todas las operaciones que se efectuaron al margen de la contabilidad y control institucional del BBVA (...) ponen de relieve determinados aspectos que hacen necesaria su correspondiente valoración disciplinaria".

El juez también ha preguntado al gobernador y al subgobernador sobre los detalles de dos reuniones que mantuvieron con los máximos responsables de la entidad en el 2001. Concretamente, el magistrado se ha interesado por la reunión mantenida, el 19 de enero del 2001, con los presidentes del BBVA, Emilio Ybarra y Francisco González, en la que comunicaron al supervisor la existencia de cuentas secretas en las que había acumulados cerca de 225 millones de euros.

También les ha interrrogado sobre el encuentro mantenido, el 25 de septiembre pasado, con Ybarra y el ex consejero delegado del BBVA, Pedro Luis Uriarte, en el que informaron al Banco de España de que

la entidad también había abierto unos planes de pensiones ocultos con 19,27 millones de dólares (22,4 millones de euros).

Estos hechos, según el auto dictado por Garzón al asumir la investigación, podrían ser constitutivos de los delitos de apropiación indebida, falsedad y administración desleal.

El magistrado está todavía a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción le entregue un listado con las personas que, a su juicio, pueden ser responsables de estas actuaciones y, por tanto, todavía no hay imputados por estas actuaciones.

Operaciones en Latinoamérica

Tras esta declaración, el juez Garzón tiene previsto mañana desplazarse a Lima (Perú), invitado al lanzamiento, el próximo jueves, del consorcio civil Pro Etica, acto en el que pronunciará una conferencia. La Fiscal de la Nación de Perú, Nelly Calderón, aprovechará la visita de Garzón para informarle de su investigación sobre las operaciones de "lavado de dinero" supuestamente efectuadas por el ex presidente Alberto Fujimori a través del BBVA, según han confirmado fuentes de la fiscalía peruana.

Según estas investigaciones, el ex presidente Fujimori habría podido cometer delitos de malversación de fondos públicos y falsedad ideológica y material.

Según la denuncia presentada el pasado 30 de octubre por la fiscalía al Congreso peruano, Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, utilizaron a los bancos BBVA Continental de Perú y BBVA de Gran Caimán para "lavar y dar visos de legalidad" a una operación destinada a justificar el pago de los estudios de los hijos del ex mandatario.

La operación consistió en la venta "simulada" de una propiedad de Fujimori a la empresa Ingenieros Edificadores S.A (Ingedsa), a través de una crédito otorgado por el BBVA de Gran Caimán por valor de 668.000 dólares y pagado por los sucursales del BBVA Continental de Perú.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por otra parte, ha reclamado al BBVA la documentación necesaria para investigar las actuaciones del banco que pudieran haber vulnerado las leyes del mercado, como son las operaciones con autocartera o la omisión de información al mercado, entre otros asuntos.