Vivienda inalcanzable

La vivienda se ha convertido en un importante factor de malestar social en España, aunque, en contrapartida, está actuando como uno de los pilares del crecimiento económico. Un informe elaborado por The Economist explica que el precio de la vivienda en España ha crecido el 726% en términos nominales, el 124% en términos reales, entre los años 1980 y 2001, seis veces más que en los países más ricos del mundo, entre los que figuran Estados Unidos, Japón y Francia. Su precio es una barrera infranqueable para los grupos de población con menos poder adquisitivo -jóvenes, inmigrantes-, incapacitados para estabilizarse con sus familias o en trabajos que exigen cambiar periódicamente de domicilio. No es de extrañar que asociaciones de inmigrantes se movilicen en busca de ayudas del Estado para comprar piso; y que el coste de las hipotecas suponga ya cerca del 60% del salario en algunas zonas con mayor coste por metro cuadrado construido, como es el caso del País Vasco.

La situación de la vivienda en España es propia de un mercado especulativo salvaje en el que la Administración ha renunciado a implantar medidas razonables de control. La liberalización del suelo, panacea del PP para facilitar pisos baratos, ha fracasado de forma rotunda. No podía ser de otra forma cuando se planteó como una declaración de intenciones sin tener en cuenta que los propietarios reales del suelo, los ayuntamientos, no estaban dispuestos a liberarlo a costa de perder una parte de sus ingresos. Como tampoco se han hecho los esfuerzos necesarios para estimular el mercado de alquiler, necesitado de un cambio radical que modifique la cultura de la propiedad imperante en la sociedad española: el 80% de los pisos lo son en propiedad, frente al 55% en Holanda o el 43% en Alemania, por ejemplo. El resultado es que el coste de la vivienda es un motivo de estrangulamiento social que impide la correcta integración de las nuevas generaciones y de los flujos de emigrantes necesarios para el funcionamiento del sistema.

El Gobierno sufre hoy de una parálisis grave en lo que a política de vivienda se refiere. Los planes de Viviendas de Protección Oficial no funcionan y el ministerio es incapaz de articular un programa eficaz que abarate el metro cuadrado de los pisos que pagan los ciudadanos. Tampoco es capaz de interpretar los mensajes que de forma clara y contundente llegan desde todos los sectores de la construcción, desde los financiadores hasta los constructores. Demasiada incapacidad acumulada en el tratamiento de un problema que afecta a millones de ciudadanos que quieren vivir y trabajar en un entorno estable y no pueden hacerlo.