Cataluña sólo recicla el 5% de los residuos de la construcción

Ladrillos, azulejos, hormigón, piedra, arena... la mayoría de los escombros y otros desechos procedentes del sector de la construcción en Cataluña a menudo no se reciclan ni se reutilizan y constituyen un serio problema de almacenamiento. Los estudios europeos demuestran que mientras que en España y Cataluña se recicla apenas el 5% de los residuos, en países como Holanda, Bélgica o Dinamarca, la cifra se sitúa entre el 80 y el 90%.

El bajo reciclaje de residuos en el sector se da a pesar de que desde 1994 existe en Cataluña un decreto que regula los residuos con el fin de aprovecharlos al máximo. Según revela un estudio llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), el 35% de los técnicos municipales encuestados desconoce dicho decreto, y sólo cuatro comarcas (Bages, Vallès Oriental, Vallès Occidental y Barcelonès) controlan la declaración de residuos, aspecto fundamental para su reciclaje o su reutilización.

La Generalitat, consciente del retraso respecto a Europa, se fija en la actualidad un objetivo ambicioso. En unas recientes jornadas realizadas en la UPC sobre los residuos de la construcción, se difundieron algunas de las cifras que se esperan conseguir en los próximos años, de manera que para 2006, el Gobierno catalán espera obtener el reciclaje del 65% de los residuos de la construcción Así se prevé completar al final del 2006 el marco actual, hasta llegar a contar con 18 plantas de reciclaje, 64 plantas de transferencia y 69 depósitos controlado.

Ls autoridades pretenden evitar la contaminación del medio ambiente, y a la vez aprovechar elementos desechados de unas obras para ser utilizados en otras. Para ello, la Generalitat trabaja en abastecer al territorio catalán de una red de infraestructuras suficiente que permita tratar los residuos. 'Lo que sucede es que la Generalitat debería afrontar también las deficiencias que se observan en los ayuntamientos; debería hacerse un control para saber si se aplica o no el decreto en todos los municipios, pues éstos tienen una función muy importante y hasta el momento muchos de ellos no la están llevando a cabo', explica Xavier Casanovas, profesor de la UPC y director del estudio.

El modelo catalán de gestión, concretado en el decreto de 1994 y en su modificación de 2001, establece que los ayuntamientos se ocupen de controlar la producción y la correcta gestión de los residuos obra por obra, mientras que la Junta de Residuos de la Generalitat se responsabiliza de dotar al territorio de depósitos y plantas de reciclaje. En todo este proceso, los consistorios son pieza clave: según la ley, ellos son los encargados de exigir a los constructores un informe detallado sobre el volumen de residuos que prevén generar y sobre su peligrosidad. De esta manera,los constructores pagan una fianza y el ayuntamiento sólo la devuelve si no se exceden en las cantidades prefijadas.

'En 1994, partíamos de cero. La finalidad básica del decreto era crear un mínimo de infraestructuras, introducir el hábito de responsabilizarse de los residuos', señaló Alfred Cohí, Director del Área Municipal de la Junta de Residuos de la Generalitat, en las jornadas celebradas en la UPC. Y desde que se aplicó el decreto hasta hoy, los organismos competentes, entre ellos los municipios analizados en el estudio de la UPC, no han acabado de asimilarlo.

Para Juan Martínez, subdirector general de Calidad Industrial del Ministerio de Medioambiente, 'es posible conseguir unos buenos niveles de reciclaje', añadió Martínez, 'pues partimos de informes como el realizado por Sydmons Group Ltd., que nos demuestran que un altísimo porcentaje de los residuos son reciclables. Sólo hace falta organizarse'.

Y la organización pasa por evitar que los residuos acaben en su mayoría en los vertederos, por ahora la opción más económica para los constructores.