La Generalitat debe abonar a Madrid los 33,2 millones de euros de impuestos que pagó Terra

La Junta Arbitral creada por la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para dirimir conflictos de competencias dio ayer la razón a Madrid en su disputa con Cataluña por los impuestos pagados por Terra a raíz de la ampliación de capital que la compañía efectuó en 2000. Así, la Generalitat deberá abonar a la Comunidad de Madrid los 33,2 millones de euros (5.527 millones de pesetas) que Terra pagó en Barcelona el 30 de octubre de 2000. La Generalitat recurrirá la resolución ante la misma Junta Arbitral. Si no prospera, lo hará ante la Audiencia Nacional. El conseller en cap catalán, Artur Mas, aseguró que este caso 'abre una batalla' entre autonomías.

La resolución alcanzada ayer por la Junta Arbitral concluye que hay 'poco lugar a dudas' del 'lugar donde la sociedad concentra sus medios materiales y personales de apoyo a la gestión administrativa y dirección de los negocios', es decir, donde reside la sede fiscal de Terra. 'Ese lugar es Pozuelo de Alarcón, en Madrid', indica la Junta en una resolución propuesta por su presidente, un catedrático de Derecho Tributario, y votada a favor por los cuatro representantes de Madrid y tres de los cuatro de Hacienda, y en contra, por los cuatro representantes de la Generalitat.

En debate estaban los siguientes hechos: el 8 de junio de 2000 Terra decidió ampliar en 681,8 millones de euros su capital y trasladar su sede social a Barcelona; el 3 de agosto se formalizó el cambio de domicilio social; el 27 de octubre de 2000, Terra escrituró la ampliación de capital de 681 millones de euros; el 30 de octubre de 2000, Terra pagó en Barcelona 33,2 millones de euros por el impuesto de actos jurídicos documentados, transferido a las autonomías; el 23 de abril de 2001, Madrid reclamó ese pago a la Generalitat y, como no obtuvo respuesta, el 19 de junio planteó un conflicto de competencias ante la Junta Arbitral.

Cataluña argumentó ante la Junta que 'el 27 de octubre de 2000 el domicilio fiscal de Terra se encontraba en Barcelona', pues la sociedad había decidido trasladar allí su sede social. El conseller de Economía de la Generalitat, Francesc Homs, aseguró ayer que 'la sede fiscal de una compañía está allí donde deciden sus accionistas' y que Terra decidió 'libremente' pagar en Barcelona su tributo. La Generalitat desarrollará estos argumentos en el voto particular que hoy entregará a la Junta Arbitral.

Esa Junta ha dictaminado que la 'voluntad de cambio' de sede fiscal 'debe corroborarse por actos posteriores que ratifiquen la realidad de ese cambio de domicilio del negocio, pues en caso contrario desplegaría todos sus efectos la norma de cautela que fija el domicilio fiscal ahí donde el sujeto pasivo tenga la dirección efectiva del negocio'. Y la 'casi totalidad de las pruebas acumuladas' muestran que Terra no llegó 'a trasladar su sede efectiva de gestión administrativa y dirección a Barcelona'.

Entre esas pruebas destacan las siguientes: el 8 de junio de 2000, el presidente y siete consejeros residían en Madrid, otros cuatro consejeros vivían fuera de España. El 27 de octubre de 2000 (día de la escritura de la ampliación), el presidente y uno de los consejeros ya residían en Barcelona, otros ocho lo hacían en Madrid. Y el 'lugar de celebración del consejo de administración es Madrid'. Es decir, queda 'acreditado que el máximo órgano de dirección y administración de la sociedad se reúne en Madrid y no en Barcelona'. La Junta Arbitral preguntó a Terra, y la sociedad contestó que en octubre de 2001 'residen en Barcelona el presidente y un senior vicepresidente, mientras que en Madrid tienen su residencia 18 directivos'. Terra dijo ayer que le es indiferente qué administración fiscal sea la destinataria final de su factura tributaria.

La resolución de la Junta fue respondida en clave política por la Generalitat. Su conseller en cap, Artur Mas, dijo estar muy 'decepcionado y enfadado' porque Madrid, 'con un estilo muy negativo de hacer política, ha reclamado unos impuestos que en justicia no le corresponden'. Mas pronosticó que el caso 'abre una batalla entre autonomías que pueden empezar a reclamar compensaciones de impuestos'.

El conseller Homs apostilló que se 'ha abierto la veda de las reclamaciones' y pronosticó que 'se pondrá de manifiesto la intencionalidad política de este conflicto'. Homs recriminó al presidente madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, que 'haya iniciado este conflicto innecesario' y criticó que los representantes de Hacienda votaran 'a favor de Madrid'. Si se hubieran abstenido el resultado habría sido el mismo, pues habría prevalecido el voto del catedrático que redactó la resolución. Los expertos consultados ayer por este diario no mostraron un criterio unánime sobre quién tiene razón en este caso.

La Generalitat presentará hoy mismo un voto particular ante la Junta Arbitral y recurrirá después por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. Homs recuerda que la Junta Arbitral falló a favor de Madrid en un caso por una herencia de los Botín y la Audiencia Nacional dio después la razón a Cantabria. Ese caso, añadió, está ahora en el Supremo.

Desde la oposición, el portavoz del PSC en el Parlament, Joaquim Nadal, pidió buscar una 'fórmula', por la vía de un 'acuerdo político', para que estas situaciones no lleguen a producirse. La fórmula prevista por la ley es que los conflictos los dirima una Junta Arbitral.