Una transición difícil en una selva legislativa
El Gobierno es consciente de que la transición de lo analógico a lo digital, hasta el anunciado apagón de 2012, va a ser difícil, aunque a renglón seguido aclara que el recurso tecnológico no será escaso al final del proceso, sino que lo que va a faltar es negocio. España carece de un modelo audiovisual claro, con un panorama legislativo muy fragmentado, con once leyes diferentes, hasta el punto de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología trabaja para sacar a la luz, a medio plazo, una ley general de lo audiovisual que sustituya toda la normativa actual. Sin embargo, al departamento que encabeza la ministra Anna Birulés le queda muy poco tiempo para cumplir con su promesa de elaborar unas medidas urgentes para el desarrollo de la televisión digital terrestre, que fueron anunciadas para el primer semestre de este año, coincidiendo con la presidencia de la UE. En algunos sectores del ministerio preocupó la concesión de canales en analógico a la nueva televisión de Castilla-La Mancha, cuando se considera prioritario acabar con esta tecnología para planificar correctamente la digital.
Con el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal, regulado por el Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, las comunidades autónomas pueden sacar ya a concurso dos programas y reservar los otros dos para las cadenas públicas.
La primera en hacerlo fue Madrid, que adjudicó los privados a Onda Digital (Quiero TV)-quien asegura que emite en pruebas, aunque es complejo de comprobar al no existir receptores- y a Onda 6 (Prensa Española-grupo Correo). Representantes de esta compañía aseguraron en noviembre de 2001, coincidiendo con el primer año de funcionamiento, que las emisiones de Onda 6 llegaban a más de 150.000 hogares madrileños, pero utilizando otro transporte para la señal, a través de Madritel, la concesionaria del cable, y de la frecuencia analógica del canal local Telemadroño. La televisión pública también ha recurrido a otras plataformas, como Canal Satélite Digital, para presentar al público la programación de su cadena La Otra.
La Rioja, que carece de televisión regional, fue la segunda en seguir los pasos de lo digital al adjudicar dos concesiones de dos programas cada una al grupo Correo y a la Cope, aunque el procedimiento se encuentra recurrido por el tercer aspirante, la empresa Riotedisa, integrada fundamentalmente por Radio Rioja y Pretesa (Grupo PRISA).
Por otra parte, el Ejecutivo contempla que la legalización de las televisiones locales por ondas terrestres vendrá de la mano de la digitalización del sector.
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